En el Congreso: el diputado Oswaldo Bañales; el secretario general, Roberto López Lara y el fiscal Eduardo Almaguer.
SE PRESENTÓ AL CONGRESO UNA SOLICITUD PARA PROCEDER PENALMENTE CONTRA EL MAGISTRADO ALBERTO BARBA
El Gobierno del estado presentó una solicitud ante el Congreso local para proceder penalmente en contra del magistrado del Tribunal de lo Administrativo (TAE), Alberto Barba Gómez.
El secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, junto con el fiscal, Eduardo Almaguer, dieron a conocer que al magistrado se le acusa de cometer delitos contra la administración de justicia.
“Anunciaremos acciones legales que emprendemos en contra Alberto Barba Gómez por sus actos y omisiones realizadas en el ejercicio de su función como magistrado del Tribunal de lo Administrativo. En este caso, el Gobierno del estado ha sido respetuoso de la independencia de los poderes, pero ello no le impide incumplir su obligación de vigilar que todas las autoridades en el ámbito de su competencia, observen la Constitución y las leyes que de ella emanen”, expresó López Lara.
Rumbo al Congreso del Estado.
Eduardo Almaguer detalló que se requiere que el Congreso emita la declaratoria para proceder contra el magistrado, pues se trata de un funcionario que asumió dicho cargo antes de que se eliminara el fuero en el estado.
La solicitud para proceder penalmente contra Barba surge de una denuncia penal presentada en junio del año pasado por el Ayuntamiento de Zapopan. Además, el alcalde de este municipio, Pablo Lemus, presentó el año anterior una solicitud de juicio político contra el magistrado.
También se le ha acusado de cometer irregularidades en más de las resoluciones de Barba Gómez.
Se detalla que el magistrado decretó a favor de un particular la afirmativa ficta para que se construyera una torre habitacional.
Ahora que se busca proceder penalmente contra el magistrado, el Ayuntamiento de Zapopan presentará una nueva denuncia penal contra Barba Gómez. El alcalde celebró que el Gobierno del estado haya dado avances a la denuncia anterior.
El fiscal indicó que el delito contra la administración de justicia tiene una sanción de 1 a cuatro años de prisión y una multa de 100 días de salario mínimo.
Lee también: Lemus pide juicio político contra magistrado del TAE
