La Sala Superior del TEPJF resolvió a favor de la consejera del IEPC.
FUNCIONARIOS DEL IEPC OMITÍAN ENTREGAR INFORMACIÓN A LA CONSEJERA ERIKA CECILIA RUVALCABA; TEPJF INFORMARÁ AL CONSEJO DEL INE
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que funcionarios del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) omitieron entregar información fundamental a la consejera Erika Cecilia Ruvalcaba Corral, lo que ocasionaba que realizara su función pública de forma tardía.
Debido a la exclusión de los funcionarios del IEPC, la consejera acudió al TEPJF. Su expediente es el SUP-JDC-1679/2016.
Como resolución de la Sala Superior, se informará la situación al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) para que analice el actuar de los funcionarios del IEPC y pueda determinar responsabilidades de los que estén involucrados en el caso.
Pedro Esteban Penagos, magistrado del TEPJF, subrayó que Ruvalcaba pedía información para poder intervenir en discusiones y votación dentro del IEPC, pero ni el presidente ni los directores le entregaban lo solicitado.
La consejera Erika Cecilia.
“Esta forma de actuar de algunos de los presidentes de los OPLES (Organismos Públicos Locales, realmente afectan el profesionalismo, el desempeño del cargo, la seguridad y certeza jurídica que deben tener los ciudadanos en sus órganos locales en materia electoral”.
Por su parte, el magistrado Flavio Galván Rivera, expresó que el Consejo General del INE tiene la facultad de vigilar el funcionamiento de los institutos locales, por lo que podrá imponer medidas preventivas. “Puede remover, vigilar y tomar las medidas precautorias necesarias para evitar que un órgano colegiado no funcione adecuadamente, son funciones del Estado; somos servidores públicos y estamos para el servicio público, no para los pleitos internos”.
La magistrada Alanis Figueroa dijo que esta situación se consider acoso y violencia laboral; también se manifestó a favor de la creación de vías administrativas para sancionar el acoso e intimidación hacia las consejeras de organismos locales.
Además, el magistrado Salvador Nava, lamentó que funcionarios de la institución que fomenta el diálogo con los ciudadanos, sean los que pidan se les respeten sus derechos. “Que un integrante de un órgano electoral tenga que venir aquí para tutelar su derecho a la información, de información necesaria para poder ejercer su cargo, me parece muy grave”.
