El Gobierno vendió “espejitos” y ahora que se ha enredado entre sus propias mentiras, errores y omisiones , nos orille al despeñadero y se diga que todo es culpa de los factores externos.
LAS REFORMAS ESTRUCTURALES DE EPN FRACASARON; MÉXICO NO MEJORA SU DESEMPEÑO ECONÓMICO Y SU CRECIMIENTO ES MEDIOCRE
Hoy se concreta un nuevo golpe bajo, de decenas que han sido propinados sin ningún empacho a todos los mexicanos por parte del gobierno federal.
Las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto fracasaron. Su propósito oficial era permitir a la economía salir del lento crecimiento en que ha estado estancado, y convertir al país en la décima potencia mundial. No se logró. México no mejora su desempeño económico y su crecimiento es mediocre. En los hechos lo que han alcanzado los cambios constitucionales son transferir riqueza al extranjero, desmantelar la economía nacional, aumentar la pobreza y reducir el empleo en el país.
Para muestra del evidente fracaso de las tan llevadas y traídas reformas, es que una vez más volverán a aumentar los precios de los energéticos y quien sabe cuánto más vayan a seguir subiendo.
Justo tenía que ser así, en pleno periodo vacacional para agarrar a los mexicanos por sorpresa, pues aún no se olvida que tanto el Presidente de la República, como el Secretario de Hacienda, juraron y perjuraron que ya no habría aumento en los costos de los combustibles, pero las promesas se las lleva el viento, luego entonces, podrán decir lo que quieran para justificar los incrementos en productos que impactan en la economía de los mexicanos, pero la realidad es que el bolsillo de los ciudadanos ya está bastante golpeado .
El aumento que viene apenas con el amanecer del octavo mes del año será el de la gasolina Magna que costará 56 centavos más, mientras que la Premium y el diésel también sufrirán variaciones.
Estos aumentos por supuesto que nos pegan a todos, no solo a los ciudadanos comunes, sino también a los empresarios, y no solo a los pequeños, también a los encumbrados, pues finalmente somos la sociedad en su conjunto quienes pagamos por el fracaso de la errática política económica del gobierno federal, quien solo atina a justificar los aumentos a situaciones internacionales, de las que se duele al decir que no tiene control.
Por supuesto que esta medida está provocando ya una andanada de críticas y cuestionamientos hacia el gobierno federal que enfrenta desde hace mucho una grave de crisis de credibilidad por temas como el de la seguridad y el de la educación que ha llevado a protestas, paros y bloqueos en muchas partes del país.
Por lo pronto, este nuevo y abusivo golpe a la economía de todos será medible a partir de hoy, y a esperar los efectos que serán muchos y malos para nosotros.
Inflación, desempleo e inconformidad social provocará esta medida; además impactará directamente en la economía familiar, la industria y el comercio.
Porque el diésel, -por ejemplo- que mueve los tráileres y locomotoras también registrará incremento como se apuntaba desde el principio, y es que los energéticos tienen una de las mayores contribuciones en el comportamiento de los precios al consumidor, por lo que los analistas ven que estos aumentos propiciarán una mayor inflación en los próximos meses.
Pero para colmo de males, las gasolinas no serán el único producto que presionarán la billetera de los mexicanos, pues los precios de productos agropecuarios se han comportado de una forma por demás volátil en lo que va del año, tan solo en junio subieron su precio casi 11% y que decir del gas doméstico natural cuyo precio en los primeros seis meses del año aumentó 9.81%.
Ahora lo peor es que el nuevo “gasolinazo” que entrará en vigor en el primer minuto de agosto no será el último del año puesto que con esta alza todavía no se alcanzan los precios máximos acordados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 2016. De cualquier forma, este nuevo incremento es el más grande que se ha visto en un mes desde el sexenio de Felipe Calderón, cuando subió casi 1 peso y pasó de 7.8 a 8.7 pesos por litro entre 2009 y 2010. En lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto (2012 hasta hoy), el precio de la Magna ha aumentado 25.4 por ciento, de 10.81 pesos a 13.96 pesos.
Junto a estas y otras malas decisiones en materia económica, lo que se ha provocado y es por ello que se prevé así vuelva a suceder, es el crecimiento de la inflación, indicador que se elevó a 2.72% anual en la primera quincena de julio, con lo que el número resultó ser más de lo esperado por analistas y tocando su mayor nivel en cinco meses.
Voces empresariales han coincidido en que esta alza se presenta en un momento inoportuno para el sector logístico, asolado por los bloqueos de carreteras y vías de ferrocarril de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que han complicado el abasto básico y elevado los costos de traslado de productos. Es un aumento que desconcierta y preocupa por dos motivos: el primero es que es una presión adicional, cuando menos de manera potencial, al proceso inflacionario del país; el segundo es el impacto social, porque representa un problema que se suma al que hay en muchas entidades.
Y es que para seguir ejemplificando el fracaso de las reformas no debemos olvidar que a un año de la implementación de la reforma energética, que se impulsó para garantizar el abasto, a precios competitivos, de energéticos como el petróleo, la luz y el gas natural, y modernizar el sector para detonar inversión, crecimiento económico y creación de empleos, es decir, la que mayores expectativas generó para acelerar el desarrollo de México, las dos empresas más productivas del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), triplicaron sus pérdidas tan solo en el primer trimestre de la implementación. Pemex perdió 100 mil 546 millones de pesos, la mayor en toda la historia de la petrolera en un solo semestre de haberse aprobado la reforma, por la caída en las cotizaciones internacionales del crudo y su constante baja en la producción en la plataforma de producción. Sus pérdidas anualizadas aumentaron 179 por ciento comparadas con los 35 mil 953 millones de pesos observadas en el mismo periodo del año anterior.
Un nuevo gasolinazo.
Ahora, la Comisión Federal de Electricidad registró en el periodo enero-marzo del primer año de la reforma pérdidas por 16 mil 305 millones de pesos, que se comparan desfavorablemente con los 5 mil 814 millones que se registraron en el mismo periodo del año anterior. Los ingresos de la CFE tuvieron una caída de 4 mil 841 millones de pesos al descender de 78 mil 290 millones a 73 mil 449 millones. Sus pasivos aumentaron 10.4 por ciento en el primer año de la implementación de la reforma.
Es duro, pero hay que decirlo, las consecuencias de la reforma energética están a la vista: rápido agotamiento de reservas petroleras, incremento de la carga fiscal a Pemex, no se generan empresas nacionales significativamente, no se eleva el nivel de actividad económica y de generación de empleos, aumenta la concentración del ingreso y facilita la transferencia de riqueza al extranjero, el gasto público continúa destinándose mayoritariamente a gasto corriente, no hay ahorro de largo plazo por los ingresos petroleros y aumenta la deuda pública, no se reduce la pobreza y, una vez agotado el petróleo, los niveles de pobreza podrían dispararse aún más.
Las llamadas “reformas estructurales” comienzan a desinflarse dramáticamente. De gran logro a decepción. Del triunfalismo al chisguete. En meses, algunas reformas apenas fueron remedos que no sólo no han funcionado. Peor aún: han frenado el desarrollo nacional. La educativa, como ya lo sabemos no ha sabido implementarse y en la errática intención de hacerlo se han abierto innumerables frentes de batalla que han afectado directa e indirectamente otros rubros de la vida nacional, la consecuencia ahora, es que está prácticamente desactivada en los estados y al parecer, aunque no lo digan así las autoridades, hasta a discusión por la incapacidad que ha habido en su correcta y concreta aplicación. Por las demás, ya lo sabemos: la energética mentirosa, la hacendaria, dañina para la economía y la de telecomunicaciones, una vil ley mordaza.
Peña Nieto logró la aprobación de las reformas estructurales, con los que, según la propaganda oficial, “se eliminaron barreras, frenos y cuellos de botella” que impedían el crecimiento económico. El Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, presumió que “se han logrado los cambios que se postergaron muchos años”, pero los resultados esperados no llegan y todo indica que de seguir así, están muy lejos de llegar. De hecho, lo alcanzado es mediocre en términos generales y adversos en muchas ocasiones. Una y otra vez, el PIB (Producto Interno Bruto) es revisado a la baja y la moneda nacional sigue devaluándose. La administración federal no sabe cómo detener este proceso. La expectativa de crecimiento para el año anterior y este ha sido recortada en varias ocasiones y persiste la amenaza de nuevos anuncios a la baja. Para acabarla de amolar, hechos como la violencia desatada en más de medio país, las ejecuciones y asesinatos, en nada abonan a la confianza, a la seguridad y por supuesto a la atracción de inversiones.
Por lo que toca a la reforma hacendaria, contrario a lo buscado, sólo ha contribuido a la informalidad, pues redujo el flujo de dinero para las empresas. Tuvo un enfoque político, no empresarial. Impulsa a pagar más impuestos sin ampliar la base gravable y, por ende, las empresas pierden poder adquisitivo e incluso los obliga a trabajar muchas veces en la informalidad. Lo que provocó la reforma hacendaria es una importante reducción en el ingreso disponible de las familias y de las empresas por el incremento en el ISR (Impuesto sobre la renta) y por los otros en alimentos y bebidas, más los aumentos en gasolina y gas que redujeron el poder adquisitivo.
En cuanto a la reforma laboral, se quedó sólo en una transformación legal que no propicia el incremento del empleo, pero ha generado la flexibilización y precarización del trabajo. El Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara, destaca que mientras el PIB del país crece a una tasa de 1 por ciento, el empleo lo hace en 0.26%, lo que significa que aunque haya un crecimiento económico la generación de empleos no se va a dar, debido a las deficiencias estructurales que tiene la economía mexicana enfocada en el mercado externo.
La reforma a la Ley del Trabajo hace más precario el ingreso de los trabajadores mediante prácticas como la subcontratación o el outsourcing y las contrataciones flexibles, que buscan abaratar costos de producción para las empresas. El outsourcing pone en riesgo el derecho y la seguridad laborales, la estabilidad en el empleo con contratos de 3 a 6 meses que generan zozobra en el trabajador y podrían generar un estallido social. La adopción de esquemas de contratación flexible en México propicia la pérdida de prestaciones, de la seguridad laboral y de salarios dignos, que constituyen un derecho humano fundamental plasmado en convenios y tratados internacionales.
La reforma laboral se ha quedado en una mera transformación de la ley federal en la materia, pues se sigue propiciando la informalidad. Según datos del INEGI, por cada 2.5 personas en la informalidad hay un empleo formal, es decir, que por 16 millones de empleados que cotizan en el IMSS hay 40 millones en edad productiva que tienen que auto ocuparse.
Manifestaciones contra la Reforma Educativa.
Por lo que toca a la reforma educativa, que se impulsó para garantizar el ejercicio del derecho de los niños y jóvenes a una educación integral, incluyente y de calidad que les proporcione herramientas para triunfar en un mundo globalizado, ésta no sólo no avanza, sino que en varias entidades las propias autoridades reconocen que es un fracaso. El propio Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, aceptó que en Oaxaca, Guerrero y Michoacán, la reforma educativa tiene problemas de velocidad, aceleración y riesgos. La dimensión de la crisis es espeluznante: mientras que un niño mexicano debería acudir a la escuela 200 días en un ciclo escolar, los estudiantes de Oaxaca y Michoacán no acumulan ni 100.
Si los indicadores federales se comparan con las evaluaciones, la asistencia a clases, los concursos de oposición y las reformas a los planes de estudio en estados como Oaxaca, Michoacán y Guerrero, será notorio que en estas entidades la reforma no sólo está en riesgo sino que no se ha llevado a cabo. La autoridad federal no sólo ha tenido que enfrentar a la disidencia magisterial, también a los gobiernos de los estados que privilegian su gobernanza frente a la aplicación de la ley. La incapacidad del gobierno se aprecia en la inoperabilidad de la reforma y en la falta de valentía a la hora de hacer cumplir el Estado de derecho.
En cuanto a la reforma en telecomunicaciones – que pretendía fomentar la competencia efectiva en televisión, radio, telefonía e Internet, a fin de generar más y mejores opciones para los consumidores reduciendo los precios de la telefonía, la televisión de paga y el Internet, para cerrar la brecha digital e integrar al país a la sociedad del conocimiento, es hasta hoy solo palabrería porque aún no se han abierto las dos prometidas nuevas opciones de televisión, sólo hay una cadena nueva de un modelo informativo muy similar a las ya existentes. Pero más grave aún es que se plantean en la ley reglamentaria medidas que atentarían contra los derechos a la libertad de expresión, información y comunicación, así como contra la privacidad de las telecomunicaciones y la garantía de asociación. La propuesta conllevaría el propósito de control gubernamental de los medios, lo que sin duda es inaceptable y totalmente rechazable. Es una lástima que nos hayan vendido “espejitos” y que ahora el gobierno enredado entre sus propias mentiras, errores, omisiones y desatinos, nos orille al despeñadero y diga que todo es culpa de los factores externos.
