El pastel tiene doce rebanadas. Ya están repartidas. Si no quieres que nadie manosee las que te tocan, no debes tocar las de los demás”. Así explica un diputado lo que sucede en torno a los nombramientos de funcionarios del Poder Judicial. Una de estas rebanadas se entregará esta semana, en un segundo intento por designar a quien ocupará el espacio vacante en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
Los diputados deberán decidir en doce casos quiénes se harán cargo de la administración de justicia, ya sea con nuevos nombramientos o ratificaciones. El primero será el relevo del magistrado Miguel Ángel Estrada Nava, quien alcanzó los 70 años de la edad de retiro que marca la Constitución local.
Ya en diferentes espacios se ha confirmado que en esta ocasión el lugar corresponde al Partido Acción Nacional (PAN). Como el anterior, Antonio Flores Allende, nombrado a finales de 2015 en sustitución de Gilberto Ernesto Garabito García, que tocó decidir al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
¿Cómo se define de quién son los espacios? Al comienzo de cada legislatura se revisan los cambios que habrá a los largo de la misma, no sólo en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. En el reparto también entra el Tribunal de lo Administrativo y el Consejo de la Judicatura. El mismo esquema se usa en los nombramientos para los que tienen atribuciones los diputados en el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales (Itei) y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
La distribución se hace casi a la par del reparto de las comisiones legislativas, las oficinas en el Congreso del Estado y las direcciones en el Poder Legislativo.
Todo es para los partidos políticos, a través de sus fracciones parlamentarias.
La distribución de estos nombramientos no se establece por escrito, pero en esto sí los actores políticos habían sostenido su palabra. Hasta el pasado 3 de marzo, cuando la bancada del PRI decidió “vetar” la propuesta del PAN, para que en ese espacio quedara el ex dirigente panista Gustavo Macías Zambrano.
En la sesión de Pleno, los votos se distribuyeron entre siete candidatos y ninguno alcanzó la mayoría que marca la ley, por lo que no hubo nombramiento.
Lo que vino después fue un fuerte enfrentamiento político. Lo que preocupaba a los que toman las decisiones no era la falta de un magistrado en el Tribunal ni que se hubiera perdido en el camino algún buen perfil. La molestia, que provocó fuertes discusiones, fue que se pusiera en riesgo el tradicional reparto.
Funcionarios y diputados confirmaron que vino un amago del PAN: si no se respetaba su derecho a nombrar a un magistrado, entonces no habría respaldo en octubre próximo para la ratificación del magistrado Leonel Sandoval Figueroa, padre del gobernador Aristóteles Sandoval Díaz.
