A unos días que termine la actual Legislatura, parece complicado que se apruebe una reforma en materia de fiscalización, que permita eliminar el «lavado» de cuentas públicas, con base en acuerdos entre los actores políticos.
No es un asunto menor. Se trata de la impunidad total en la rendición de cuentas. En Jalisco, la revisión del buen uso de los recursos públicos es casi nula, pues algunos especialistas en la materia aseguran que cuando mucho se lleva a cabo en 2 por ciento del total del gasto estatal. De ese bajo porcentaje, hay que descontar los acuerdos políticos.
La reforma que se hizo en 2009 tenía, aparentemente, el objetivo de terminar con el intercambio político de cuentas, que se daba entre los diputados. Por ello, el principal cambio fue para darle autonomía patrimonial y sobre el trabajo técnico de auditoría.
El objetivo no se logró, pues lo único que sucedió fue la transferencia de esa posibilidad a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ). Ahí, surgió un problema, más relacionado con las personas que con la ley o la institución, por la actuación del auditor superior, Alonso Godoy Pelayo.
Al deficiente y manipulado trabajo en la revisión de cuentas públicas, se suma la posibilidad de que los diputados alarguen el proceso de fiscalización, regresando las cuentas a la ASEJ o simplemente, cuando hay cargos millonarios, dejándolas en la «congeladora».
Y PARA CERRAR, UNA VEZ QUE UNA CUENTA PÚBLICA PASÓ POR TODO LO ANTERIOR, Y SE FINCAN CARGOS, QUE ÉSTOS SE COBREN ES PRÁCTICAMENTE IMPOSIBLE
Las últimas dos legislaturas han incluido en su agenda la reforma en materia de fiscalización, admitiendo que se trata de un tema prioritario. Sin embargo, se han acomodado a la situación legal actual, aprovechando para sacar adelante cuentas públicas que algunos diputados tenían pendientes de sus encargos anteriores o para hacer «favores» a sus correligionarios.
La fracción del partido Movimiento Ciudadano, recogiendo algunas propuestas que organizaciones ciudadanas hicieron a través de la plataforma Haz tu Ley, presentó una iniciativa de reforma hace alrededor de un año. Sin embargo, la mayoría de los legisladores de esta bancada pidieron ya licencia para incorporarse a la Cámara de Diputados, dejando el tema entre sus pendientes.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Vigilancia, Juan Manuel Alatorre Franco dijo en conferencia de prensa que él también tiene su propuesta de reforma en materia de fiscalización. El diputado priísta no la ha presentado y los lineamientos generales que dio a conocer han despertado críticas, especialmente por su planteamiento para que los diputados puedan volver a «meter mano» a las cuentas públicas.
