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2021-08-26
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Los superperiodistas de la nación

EL PERIODISMO ES LA PRIMERA LÍNEA DE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS: SI NO SE PUEDE PUBLICAR UN DISENSO, UNA NEGACIÓN, UN “NO”, ESTAMOS ENTONCES FRENTE A LOS ROPAJES SIMULADORES DE LA PROPAGANDA...

“Cualquier hombre que aún conserve algo de honor deberá tener mucho cuidado de no convertirse en periodista”.

Joseph Goebbels, Diario. Entrada del 14 de abril de 1943.

Una fórmula que debería ser perogrullada, pero de forma cada vez más inquietante es progresivamente ignorada en nuestra vida pública, dice que no hay democracia sin división de poderes, sin contrapesos, sin una mínima noción y aplicación del principio de la legalidad -que entre otras cosas, define, acota y separa a los servidores públicos como representantes de un todo (lo que prescribe un “debe ser” en su comportamiento y restringe fuertemente las formas en que ejercen sus libertades individuales)-, sin derechos humanos inalienables… y sin libertad de prensa.

Un buen abogado presumiría la violación del principio de legalidad cuando los representantes de la sociedad, tanto los que emergieron del ejercicio del voto, pero también quienes ha recibido por delegación funciones correspondientes al gobierno, desbordan lo que explícitamente tienen asignado en general como servidores públicos, o específicamente, las competencias para cada cargo asumido. Sorprende entonces que se sea quisquilloso con los desvíos y las suplantaciones de actos y de documentos, pero se tenga desde indiferencia hasta una gran tolerancia a lo que expresan y al modo en que lo expresan: cuando un gobernante, por ejemplo, asume un papel de jefe de facción y naturaliza la descalificación de quienes no piensan como él, de forma pública; o va más lejos, y a pretexto de sus libertades individuales, se justifica en la libertad de expresión y el “derecho de réplica” para dictar desde el poder qué debe publicar la prensa, cómo lo debe publicar, y qué espacios le debe asignar a cada publicación.

Ana Elizabeth GarcÍa Vilchis, vocera presidencial del ejercicio ¿Quién es quién?, que se hace en el contexto de las conferencias “mañaneras” todos los miércoles, arrojó en la intervención de esta semana este aserto de poco más de dos minutos: “el rigor periodístico son aquellas prácticas éticas, técnicas y hasta estéticas, para dotar a los trabajos periodísticos de veracidad, certidumbre y precisión en la tarea de informar y orientar a la llamada opinión pública; en una palabra, los hechos, el dato duro y el contraste de las versiones que se dan de un mismo acontecimiento. En un claro desacato a este rigor, el periódico Reforma publicó el 23 de agosto, las ocho columnas de su primera plana con el título: ‘Van por Anaya’. Donde hablan de la investigación que abrió la Fiscalía General de la República contra Ricardo Anaya, por una denuncia del ex director de Pemex Emilio Lozoya, que afirma que Anaya recibió millones de pesos por aprobar la Reforma Energética. Incluso, citan el video donde Anaya dice que el presidente de la república ‘lo quiere fregar a la mala’, para que no sea candidato en 2024. Pero de manera poco ética, Reforma ni siquiera menciona que existe un mensaje del presidente en el que se deslinda del señalamiento y que dice que no tiene nada que ver con la persecución que supone Ricardo Anaya, que no es es su fuerte la venganza, y lo invitó a presentarse ante la fiscalía para demostrar su inocencia. Esa declaración es ético citarla, porque se refería al tema de su portada, y era otra parte aludida. Pero Reforma no publicó nada al respecto. Cero equilibrio periodístico. No solo eso. Publica una fotografía del debate presidencial en la que aparecen López Obrador y Anaya con el sugerente pie de foto: ‘la rivalidad entre AMLO y Anaya aumentó con la campaña presidencial de 2018’, para dar la impresión de que existe una vieja rivalidad entre ambos, lo cual, francamente da risa. Pero lo que no es gracioso es que el periódico forma parte de una campaña fabricada para hacer creer que sí existe una persecución política del gobierno de México contra Anaya, lo cual es absolutamente falso, como aclaró la misma fiscalía…” (sic).

La mejor síntesis del objetivo de López Obrador por imponer lo que ahora se llama “la narrativa” de los hechos de la vida pública, un viejo propósito de los gobiernos autoritarios incluso desde antes de que Lenin y Mussolini fundaran el totalitarismo, después de la Primera Guerra Mundial. No hay muchos ejemplos, al menos desde el famoso “no pago para que me peguen” del presidente José López Portillo, en la vida pública mexicana, de este tipo de atrevimientos desde un foro público, encabezado por el propio presidente. Hay que señalar que se recurre abiertamente a la mentira cuando se señala que Reforma no publicó la versión del presidente, pues es fácil acudir a la hemeroteca y ver esa expresión publicada un día antes, en la edición del 22 de agosto de 2021. Pero me parece más inquietante que se asuma sin pudor el papel de dictar a los periodistas lo que debe ser el periodismo. Olvídese usted de lo absurdo que es gastar en eso la energía presidencial, que debe estar dedicada a atender los serios asuntos públicos, tarea para la que fue electo en julio de 2021: el poder es un relato.

Uno de los síntomas más preocupantes de la descomposición de la vida democrática de un país es la confusión: los responsables de cada poder institucional, no solamente se entrometen en la vida de otros poderes, sino que pretenden dictar a la sociedad, a los profesionales de un gremio, el modo en que deben hacer su trabajo, la manera en que se hace una pieza periodística. Incluso, sin el menor rigor (¿periodístico?), la vocera afirma sin pruebas que Reforma es parte de una campaña para imponer la idea de que Anaya es víctima de una persecución política. Un complot, pues. Quiénes lo integran, dónde se reúnen, cómo se financian, cuáles son los objetivos explícitos, se deja a la imaginación del lector. El presidente puede erigirse en superperiodista de la nación, pues lo que exige a los medios no lo necesita acreditar al criticarlos: su palabra es la ley, el presidente es infalible ex cathedra (como los papas católicos, pues), y su intención justiciera es inmanente, y por ende, hay que aceptarla como evidente. Y luego hay quienes se indignan porque señalamos que estamos ante la construcción de una religión política en torno a un caudillo. Como si fuera novedad histórica.

LAMENTABLEMENTE ESTO NO SE LIMITA AL PRESIDENTE, SINO QUE INFECTA (EN UN SENTIDO ETIMOLÓGICO, FALTABA MÁS) NUESTRA VIDA PÚBLICA.

Más sutilmente, siempre y cuando no esté enojado, lo hace cotidianamente el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, quien también recibió, en julio de 2018, el mandato de las urnas para atender las agendas de seguridad y desarrollo más urgentes para Jalisco. No para que se gastara toneladas de presupuesto público en agencias privadas de propaganda y establecer “nuevas formas de comunicar” polémicas y muchas veces a contrapelo de la labor del periodismo. Mucho menos le pidieron convertirse en influencer. El gobernador usa sus redes sociales para subir las versiones oficiales de los actos “históricos” de su gestión administrativa (casi todos los días son históricos y vivimos en perpetua alegría, como el famoso aserto de Víctor Klemperer en La lengua del Tercer Reich), para explicarnos el intríngulis de muchas decisiones controvertidas que conllevan sus ataques periódicos a otros poderes o a grupos de interés… y para hacer noticias.

Podría parecer simpático, incluso empático, que el mandatario usara su cuenta de Twitter para informar del presunto secuestro de un infante ocurrido esta misma semana, con un tono contundente, propio de quien tiene acceso a información privilegiada (es el gobernador, caray), y señalando a un presunto responsable, pero sin tomarse la molesta en ponderar. ¿Le habrán dicho al mandatario que eso puede afectar la calidad jurídica de una investigación, que debe respetar el debido proceso en favor de la víctima y del presunto culpable, que la tarea de indagación es del agente del Ministerio Público, mientras que quien sanciona es el Poder Judicial? Inquietante desmesura. Desbordado protagonismo. A Alfaro Ramírez no le importa, además, exponerse a desgaste, como si su figura constitucional no fuera una investidura (ahora le dicen, y les queda de maravilla tanto a él como a su renovado aliado AMLO, “embestidura”)  que debe vertebrar esfuerzos de toda la sociedad, y que necesita transmitir la confianza inherente al hecho de gobernar para todos los jaliscienses. Lo importante, dicen sus asesores, es el rating. Ya la sociedad se olvidará de sus numerosos gazapos, accesos de furia autoritaria u opacidades, pues la memoria es corta, y para eso están los costosos órganos de propaganda.

Es justamente la controvertida figura del gobernador de Jalisco la que no ha permitido reflexionar, a un grupo de nueve periodistas de Jalisco, sobre la dificultad de ejercer el periodismo en tiempos autoritarios. Y el resultado es un texto que nos patrocinó generosamente la Comisión Estatal de Derechos Humanos: Periodismo y Derechos Humanos en Jalisco, el desafío autoritario. Un libro que tuve oportunidad de coordinar, con textos de mis colegas Jade Ramírez, Sonia Serrano, Cristina Ávila Zesatti, Gabriel Orihuela, Ignacio Pérez Vega, Juan Carlos Núñez, Rubén Alonso y Rogelio Villarreal (el libro se puede obtener gratuitamente en su versión electrónica, en http://cedhj.org.mx/colecciondeestudios_libros.asp).

Las mañaneras de AMLO.

En la introducción que elaboré para el libro, me permito reflexionar: el periodista debe ser un incómodo acompañante de estos procesos, pues se dan en la arena pública. Ello deriva en la necesidad de desmentir muchas “narrativas”, siempre que lo haga con verificaciones y rigor. “La crisis del periodismo es inevitablemente una crisis de la democracia, ello significa que muchos políticos profesionales inmersos en el fenómeno del populismo han aprovechado la porosidad y la elasticidad de las redes para tratar de imponer sus propios relatos y denunciar al periodismo como presunto cómplice del statu quo. Si bien, es el gobierno federal, presidido por Andrés Manuel López Obrador, el que encarna mejor las características de la política “populista”, en Jalisco, el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez sostiene, al menos en parte, ese modelo. La colisión (a veces, desgraciadamente, trocada en colusión) con los medios de comunicación en general, y con los periodistas en particular, ha sido inevitable. En un país donde se ha naturalizado la agresión a los periodistas y donde matan a más profesionales de la información que en ningún otro lugar del mundo, reviste una gran responsabilidad que estos líderes políticos personalistas se niegan a asumir”.

¿Tiene el periodismo futuro en este mundo donde el poder busca monopolios y consenso a través de la polarización intimidante? “Me parece que es más necesario que nunca, pero está expuesto a la enorme presión de los gobernantes populistas, bajo el fuego algo más que metafórico de los señores feudales que dominan amplios territorios al margen del Estado mexicano (fundamentalmente, los cárteles de droga diversificados), y con el acoso de las empresas culturales ‘alternativas’ que reclaman que ‘su verdad’ sea reconocida sin crítica ni debate, más allá de la calidad científica o al menos de la verificación de sus postulados, y no digamos el asalto cotidiano de lo ‘políticamente correcto’ como un nuevo censor que califica los temas y las expresiones y, de este modo, pretende reducir el debate libre a un ‘debe ser’ que es ajeno al alma de las democracias…”.

George Orwell decía en 1946: “En nuestra época, el lenguaje y los escritos políticos son ante todo una  defensa de lo indefendible. Cosas como la continuación del dominio británico en la India, las purgas y deportaciones rusas, el lanzamiento de las bombas atómicas en Japón, se pueden efectivamente defender, pero sólo con argumentos que son demasiado brutales para que la mayoría de las personas puedan enfrentarse a ellas y que son incompatibles con los fines que profesan los partidos políticos. Por tanto, el lenguaje político debe consistir principalmente de eufemismos, peticiones de principio y vaguedades oscuras […] el lenguaje político —y, con variaciones, esto es verdad para todos los partidos políticos, desde los conservadores hasta los anarquistas— está diseñado para lograr que las mentiras parezcan verdades y el asesinato respetable, y para dar una apariencia de solidez al mero viento”.

Esto lo lleva a su precisa y conflictiva definición del género de libertad que ejerce el periodismo: la libertad de expresión es decir lo que la gente no quiere oír. Sobre todo si esa gente está en el poder o representa grupos de poder.

Así, si no hay periodismo libre, la democracia no existe. El periodismo es la primera línea de la defensa de los derechos humanos. Si no se puede publicar un disenso, una negación, un “no”, estamos entonces frente a los ropajes simuladores de la propaganda. Y hacia allá nos encaminamos si seguimos en la normalización de los gestos autoritarios del poder, en el afán de apoderarse de la vida pública a través de su cuento nutrido de ficciones, algunas verdades y datos no verificables que ellos llaman “narrativa”.

Agustín del Castillo es periodista con tres décadas de andanzas, especialmente en temas ambientales, de desarrollo urbano y rural, que defiende como asuntos eminentemente políticos. Sus dos fes están en dos nociones precarias: la democracia liberal y las chivas del Guadalajara