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2021-08-02
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Consulta popular, un fracaso estrepitoso

PARA QUE UNA CONSULTA POPULAR SEA VINCULANTE SE REQUIERE QUE LA PARTICIPACIÓN TOTAL CORRESPONDA, AL MENOS, AL 40 POR CIENTO DE LOS CIUDADANOS INSCRITOS EN LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES...

La consulta popular para enjuiciar a ex presidentes fracasó de manera estrepitosa. 

El conteo rápido del Instituto Nacional Electoral (INE) arrojó que el porcentaje de participación osciló entre el 7.07 y el 7.74 por ciento. 

Para que la consulta fuera vinculante se necesitaba que el 40 por ciento de la lista nominal participara en el ejercicio. 

En tanto, respecto al resultado de la votación, entre el 89.36 y el 96.28 por ciento votaron por el “Sí”, es decir, para investigar crímenes cometidos por los titulares del Ejecutivo en los sexenios pasados. Mientras que entre el 1.38 y el 1.58 por ciento votaron por el “No”, según el conteo rápido del árbitro electoral. 

Los votos nulos, por otra parte, oscilan entre el 2.19 y el 9.21 por ciento. 

El Instituto detalló, previamente, que de las 57 mil 077 mesas receptoras programadas para la consulta popular se instalaron 57 mil 014 (lo que representa el 99.98 por ciento). 

Asimismo, el organismo señaló que al corte de las 16:00 horas (horario del centro del país) se habían reportado un total de 476 incidentes, de los cuales cuatro se trataron de inutilización de boletas antes de las seis de la tarde, por parte de funcionarios de mesas receptoras de opinión. 

Para que una consulta popular sea vinculante, según la Ley Federal de Consulta Popular, se requiere que la participación total corresponda, al menos, al 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. Solo en este caso los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, así como las autoridades competentes, iniciarán las acciones legales correspondientes con el resultado. 

La rebuscada pregunta que contestaron muy pocos ciudadanos en la papeleta este domingo fue la siguiente: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? 

DADO QUE NO SE ALCANZÓ EL MÍNIMO DE LA VOTACIÓN, LA CONSULTA NO SERÁ VINCULANTE, ESTO ES: NO SE LLEVARÁN A CABO LAS ACCIONES LEGALES ENCAMINADAS AL ENJUICIAMIENTO DE POLÍTICOS. 

¿Cuántos ciudadanos necesitaban participar? El padrón electoral del INE indica que hay 93 millones 597 mil 559 personas registradas, por lo que la consulta habría requerido un mínimo de 37 millones 439 mil 23 de mexicanos para ser vinculante. 

En México, hubo una campaña del partido oficialista para difundir que la primera consulta popular a nivel federal de ayer 1 de agosto, trata sobre enjuiciar a expresidentes. Eso no solo fue falso sino, sobre todo, fáctica y jurídicamente inviable. Es cierto que, en un primer momento, Andrés Manuel López Obrador buscó impulsar una consulta cuyo propósito sustentó en esclarecer las acciones delictivas que posiblemente cometieron los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto cuando estaban en el poder. Pero después la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al evaluar la legalidad de la pregunta, fue tajante al mencionar que no podían colocarse sus nombres propios. 

Así, el máximo tribunal dijo que incluir a personas en concreto en la consulta popular era inquisitorial, además de que el ámbito de la pregunta no podía estar dirigido a un individuo o individuos en particular, pues en México están prohibidas las leyes que se redacten específicamente con nombre y apellido. Quienes creyeron y difundieron que la consulta popular servirá para juzgar a los expresidentes son como los que creen que la tierra es plana: rechazan lo evidente en aras de seguir elucubrando fantasías y construyendo realidades a modo a partir de quimeras ideológicas. Para muchos partidarios de López Obrador, buscar cambiar el pasado es más fácil que hablar de lo que está sucediendo en el presente. 

La nueva pregunta que formuló la SCJN abrió más dudas que certezas, pues su poca claridad hace posible que, más allá de los expresidentes, haya actores políticos relevantes involucrados en hechos recientes como el derrumbe de la Línea 12 del Metro de Ciudad de México, la violencia sistemática de la que han sido víctimas cientos de miles de personas durante este sexenio o el mal manejo de la pandemia y, por ende, puedan entrar en estos procesos de esclarecimiento. 

Fue poca la participación.

Todos esos hechos permanecen prácticamente impunes, al igual que aproximadamente 92% de los delitos en el país. México se ubica en la posición 60 de 69 países del Índice Global de Impunidad 2020. 

Es bueno que distintos colectivos que buscan proteger los derechos humanos hayan intentando apropiarse de la narrativa en torno a la consulta para poner el foco en las víctimas de estos delitos y buscar la creación de una Comisión de la Verdad que investigue a los expresidentes. A todas luces es benéfico que se quiera dotar de contenido a esa pregunta; sin embargo, no hay que olvidar que a la población no se le está preguntando si quiere que el gobierno cumpla con la obligación que tiene de hacer justicia. 

La voluntad de la actual administración por aclarar una “etapa trágica en la vida del país” —denominada por ellos mismos como “periodo neoliberal”— resulta de una historia contada a la medida por el propio López Obrador, en la que dice buscar la reivindicación de un pasado corrupto en el país. Pero eso se pone en entredicho al tener en su gabinete a funcionarios que participaron en ese mismo pasado corrupto, como el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, u omitir el nombre del expresidente Luis Echeverría de la lista de quienes, según él, le han causado daño al pueblo. 

En nuestro país, donde parecería que votar cada tres o seis años es la única vía ciudadana para levantar la voz, resulta primordial fomentar una cultura cívica de mayor participación en la toma de decisiones colectivas para recordarles sus compromisos y responsabilidades a quienes nos gobiernan. 

opinion.salcosga@hotmail.com 

@salvadorcosio1 

Doctor en Derecho y Notario; Analista y Columnista Sociopolítico; Consultor en Admon. y Políticas Publicas; Pdte. de Conciencia Cívica, A.C. y JALISCOenPLENO, A.C.