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2020-12-03
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La crisis ambiental contra la economía

EL ENORME COSTO DEL DAÑO AL AMBIENTE PUEDE REVERTIRSE CON UNA INVERSIÓN RELATIVAMENTE MODESTA, PERO SI EMPEZAMOS YA

“It’s the economy, stupid” (Es la economía, estúpido).

James Carville, estratega de la campaña electoral de Bill Clinton (1992).

La crisis del gasto ambiental ya repercute en la economía, no solo consideradas las grandes empresas, los costos de inversión y operación de la infraestructura, o los sectores económicos analizados a nivel macro. Ya afecta el gasto de cada mexicano, y sobre todo vulnera la calidad de vida de los mexicanos más pobres.

Pero como ha sido recurrente desde que se gestaron las instituciones ambientales en los años 90 del siglo XX – una de las contribuciones de la “era neoliberal” en este país-, la relación directa de la existencia de los bienes y servicios que nos provee la naturaleza con la generación de riqueza y la posibilidad de generar y mantener un estilo de vida aceptable en términos de salud, gasto de energía, movilidad, servicios básicos e incluso áreas como educación y seguridad, no ha sido clarificada ni mucho menos reflejada en el gasto público. Las políticas públicas que buscan visibilizar esa relación y por ende, gestionar y mantener el patrimonio y los servicios ambientales, pasan por su periodo más crítico, ante la minimización del gasto ambiental en los presupuestos de egresos de la federación y de los mismos estados.

Jalisco, que había liderado el tema de mantener un presupuesto importante, ha demostrado con su castigado gasto ambiental que se prevé para 2021,   que padece la misma miopía del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el tema: parece que dar dinero a la gestión y conservación de la naturaleza es un lujo del que se puede prescindir en tiempos de crisis. Un grave error.

Mi amiga Violeta Meléndez, hace unas pocas semanas, lo documentó para Canal 44: “el gobierno del estado contempla una reducción de 45 por ciento para el organismo públicos descentralizado bosque La Primavera respecto al 2020, ya le asignan solo 12 millones de pesos de los 22 millones que se le otorgaron para este año. Se trata del monto más bajo en seis años que recibe el organismo operador de la Reserva de Biosfera más cercana al Área Metropolitana de Guadalajara, pues cuando se creó el OPD La Primavera en 2013 el ex gobernador Aristóteles Sandoval le destinó 15 millones de pesos, desde entonces su tendencia era al alza, hasta ahora”.

Añade: “Otro de las dependencias que más castiga el Ejecutivo estatal rumbo al 2021 es la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, a la que se prevé otorgar 86 por ciento menos que este año. Es decir, de operar este año con 52 millones de pesos pasaría a contar con solo 7 millones, a pesar de que la inspección de giros de competencia estatal en el entorno del río Santiago es un proyecto prioritario […] mismo caso para la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, que deberá trabajar en 2021 con 105 millones de pesos menos, una disminución de 28 por ciento. Las áreas internas más afectadas serán las encargadas del ordenamiento territorial en el estado y la de conservación de ecosistemas”.

Mientras que la sociedad y sus políticos no entiendan que el daño, degradación o disminución del capital natural afecta la generación de riqueza y la prosperidad, el renglón seguirá como candidato a ser sacrificado. Lo más impresionante es que de por sí, las estadísticas de los mejores años de inversión pública en el sector, a nivel federal o de los estados, demuestran que siempre se le han dejado migajas del gasto público.  En los mejores momentos se ha arañado el 1 por ciento del gasto, cuando las cifras consolidadas desde hace tres décadas por el INEGI señalan que el daño ambiental impacta a la baja un equivalente a entre 5 y 7 por ciento del producto interno bruto (PIB). Hay un delirante divorcio entre lo que se pierde y lo que se debería invertir, si reparamos que el PIB total es de tres a cuatro veces el gasto público en México.

Pero a Jalisco debería importarle incluso más. Porque es líder en dos sectores sensiblemente ligados a los servicios que provee la naturaleza: la producción agropecuaria y el turismo. Imposible tener aguacates, berries, maíz, carne o leche fresca sin el agua que se recarga en las montañas, sin la calidad climática que permiten los grandes bosques que enmarcan los valles agrícolas, sin las cadenas tróficas íntegras que equilibran el impacto de las especies naturales, por ejemplo, para evitar que los pecaríes (jabalí americano) depreden las cosechas, que los vampiros (Desmondus rotundus) se ceben sobre el ganado, que los venados (Odicoleus virginianus) saqueen los pastos, y más serio y peligroso: que las plagas y enfermedades del medio silvestre lleguen al entorno humano (la historia del COVID 19 nos debería haber sensibilizado claramente al respecto).

Ni qué decir cómo se disparan los costos cuando el agua de los manantiales, ríos y pozos escasea, y se deben recurrir a los mantos profundos donde la riqueza mineral no significa un agua apta para consumo humano; o la pérdida de suelo fértil por la deforestación descontrolada, y su efecto en erosión y desastres contra las poblaciones y los campos de las partes bajas; o la lenta pero continua elevación de la temperatura, que da oportunidades a especies oportunistas (el dengue es una típica enfermedad ganadora en el marco del cambio climático) y que obliga a invertir en infraestructura de enfriamiento para productos perecederos o climas para que haya un confort en los hogares humanos. ¿De verdad es tan difícil entender que lo que destinamos a lo que en México llamamos medio ambiente no es gasto, es inversión, y de muy buenos dividendos?

Insistamos machaconamente: La economía depende de lo que le provee la naturaleza para poder generarse. Esto significa que tiene ineludiblemente, bases ambientales. Si las existencias del inventario natural que sustentan una economía y una cultura son alteradas de forma significativa, aumentarán los costos de generar riqueza y por ende, de la calidad de vida de la población. Hasta ahora, en México no hemos logrado que en los hechos, los presupuestos y las acciones de gobierno reconozcan la necesidad de conservar la base ambiental, lo que implicaría gastos multimillonarios en inversiones para restaurarla dado el historial de deterioro, sobre todo en el último medio siglo.

Las acciones desarrollistas fueron llevadas a su punto más extremo con el cambio de uso de suelo y la deforestación promovida desde el gobierno. La mitad de los bosques templados desaparecieron, 80 por ciento de las selvas fueron barridas deliberadamente (Programa Nacional de Desmontes). Se contaminaron las aguas superficiales por arriba de 80 por ciento. La generación de basura se multiplicó, per capita, por 10 (el auge de los desechables). La calidad del aire se degradó hasta los años 90, se contuvo y volvió a continuar su deterioro. La expansión de megaproyectos turísticos como Cancún, Los Cabos, Puerto Vallarta alteró los litorales y los ecosistemas que los sustentaban. Hoy se deben invertir millones de dólares en restaurar playas dañadas por modelos de construcción depredadores. La pesca comercial y artesanal alteraron el equilibrio de la cadena trófica marina. Más de 600 especies en México están en peligro de extinción según la norma oficial mexicana NOM 059.

Entre 1980 y la actualidad, vimos la creación del sistema nacional de medio ambiente: INE (hoy INECC, ante la relevancia del cambio climático), Conagua, Profepa, Semarnap, Semarnat, Conanp, Conafor. Esto incluyó la creación del sistema nacional de áreas naturales protegidas. Hubo inversiones históricas, aunque modestas contra el gasto total, en reforestación, saneamiento, silvicultura comunitaria, especies prioritarias (sombrilla), proyectos productivos, justicia agraria, monitoreo de calidad del aire, persecución de delitos ambientales, planeación urbana.

Pero jamás han desaparecido los incentivos perversos a la destrucción ambiental (los subsidios a la agricultura y ganadería frecuentemente depredadores equivalen a 20 pesos por cada peso de subsidios ambientales), generados por gobiernos justamente llamados esquizofrénicos (una mano salva el patrimonio natural, otra, más fuerte,  lo deteriora). Hay una preocupante prevalencia de la economía de corto plazo y de la creación de empleos temporales, que simplemente manda el pago de las facturas al futuro (a cuenta de los mexicanos que van naciendo). Hay un desplazamiento de comunidades y modelos de vida sostenibles, una permisividad respecto a las formas de uso del territorio (desde agroquímicos tóxicos hasta destrucción de litorales), una incapacidad de ligar el deterioro ambiental a los problemas de salud. Y la crisis del estado de derecho y la simulación en el uso de las herramientas e instrumentos ambientales, minimiza aun más la posibilidad de que las instituciones ambientales impacten en el manejo adecuado de los territorios. A todas luces, un presupuesto insuficiente (de casi 1 por ciento en los años 2000 a 0.30 por ciento de presupuesto de egresos en 2020), extrema estos problemas.

Para visibilizarlo: en el periodo de 2012 a 2020, en promedio, el 75 por ciento del gasto destinado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se destinó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), mientras que 2.5 por ciento fue destinado a la Conanp. Al término de este periodo, el presupuesto aprobado del sector se redujo en 46% de lo asignado el primer año. Si hablamos de la Comisión  Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el presupuesto de la Conanp se redujo al cierre de 2020 en más de la mitad, mientras que la superficie protegida aumentó 71.8 por ciento. ¡Absurdo!.

MUCHOS ESTUDIOS SEÑALAN QUE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS GENERAN APORTACIONES MUY SIGNIFICATIVAS AL DESARROLLO ECONÓMICO.

Se estima que, a través de la polinización, se aportan 198 millones de pesos a la producción de jitomate (2015) y dos millones de dólares al cultivo de aguacate, casi cinco millones de pesos a la pesca y unos 55 millones de pesos al sector forestal cada año. En materia turística, algunas ANP como Cozumel generan más de 1,500 millones de pesos al año. De acuerdo con Bezaury, Creel y colaboradores, por cada peso del presupuesto federal invertido en las Áreas Naturales Protegidas durante 2008, estas aportaron a la economía, cuando menos, 52 pesos.  En 2016 la Conanp contó con un presupuesto equivalente a 71.30 pesos por hectárea a su cargo. Ese mismo año estimó que requería 591 millones de pesos adicionales para operar efectivamente la superficie decretada (74.12 pesos por hectárea). Desde entonces, la  superficie protegida se ha triplicado y los recursos asignados se han reducido casi a la mitad. Hoy, la cantidad designada es menor a $9.6 pesos por hectárea (10 por ciento de lo que se requería en 2016).  No cabe duda que prevenir es mejor que curar. ¿Cuánto nos costará a los mexicanos reparar los daños que estamos tolerando para el capital natural?

Y oportunidades de cambiar esta relación perverse gasto insuficiente-deterioro exponencial, no han faltado. La más importante era la posibilidad de que el impuesto a la tenencia de los automóviles, cancelado en una de las acciones populistas más regresivas y dañinas de la administración de Emilio González Márquez en Jalisco (2007-2013), se hubiera convertido en un impuesto verde: una inversión directa para evitar el deterioro. La agrupación Nuestropresupuesto.mx, ha documentado los escenarios de lo que pudo ser si hubiera estado al frente de la entidad alguien con más sentido de responsabilidad:

En un análisis sectorial denominado “Extrañando la tenencia”, la agrupación integrada por ciudadanos críticos, señala: “La tenencia es un impuesto para los propietarios de vehículos que se cobra de manera escalonada de acuerdo a su valor, haciendo que quienes tengan carros más caros paguen más impuestos, y quienes tengan carros cuyo valor sea menor (ya sea porque no son autos lujosos, o porque han perdido su valor con el tiempo) paguen menos. Eliminarla fue el resultado de una mala promesa de campaña que comprometió a Jalisco a tener menos recursos para poder atender las necesidades de la población: prometer eliminar impuestos es populismo y demagogia”.

El hubiera no existe, pero, “haciendo un ejercicio de imaginación sobre qué hubiera pasado si nunca se hubiera eliminado la tenencia en el estado y cruzando con los datos del parque vehicular del estado publicados por el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG), el estado hubiera obtenido ingresos adicionales por 40,696 millones de pesos en estos 10 años […] para poner en contexto sobre lo que hubiera significado la tenencia, en mayo de este año el gobierno de Jalisco realizó un ajuste presupuestal para hacer frente a la pandemia del COVID-19 en la que realizó una serie de movimientos que incluyeron recortes y reasignaciones hacia una partida especial para el combate de la pandemia, así como la contratación de una deuda para ejecutar obra pública que permitiera rescatar la economía del estado. Si durante el 2020 se hubiera cobrado el impuesto a la tenencia éste nos hubiera alcanzado para cubrir el monto destinado a combatir al COVID-19, evitándose la contratación de deuda, y todavía nos hubieran sobrado mil millones de pesos para usarlos en las necesidades de las y los jaliscienses”.

Agrega: “No es rentable para ningún político hablar sobre regresar la tenencia, sin embargo es una discusión urgente” (el texto completo del análisis presupuestal para 2021 se puede leer en https://www.zonadocs.mx/2020/11/04/analisis-los-ingresos-de-jalisco/).

¿Cómo repercute el deterioro ambiental en mi gasto como persona? Analicemos algunos escenarios. Por ejemplo, los seguros de gastos médicos. La esperanza de vida ha aumentado pero el deterioro ambiental ocasiona o agrava enfermedades crónicas, derivadas desde los alimentos que comemos hasta el aire que respiramos. Es normal entonces que aA mayor edad, sea mayor la cantidad que pagarás por tu seguro de gastos médicos. Por ejemplo: un seguro para un menor de edad de entre 0 y 15 años de edad oscila entre los 11,000 y los 12,000 pesos. Por otro lado, podemos ver la diferencia cuando el asegurado ya tiene 30 años cumplidos, el pago anual del seguro incrementa hasta los 19,000 pesos. Finalmente, las personas mayores de 45 años, pagan hasta 45,000 pesos (fuente: Blog.bancompara.mx).

Los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento son económica e institucionalmente vulnerables ante el costo de extraer, conducir y potabilizar. Si las fuentes de abastecimiento se deterioran, o se agotan, esos costos se incrementan y van a la tarifa que pagan los ciudadanos. En 2013, los SAPyS gastaron 24,935.3 millones de pesos en consumo de bienes y servicios. De este monto, el 35.9 por ciento se destinó al pago de energía eléctrica (INEGI, 2014). Este rubro ejerce una fuerte presión para las finanzas de los SAPyS municipales, en algunas entidades federativas, como el caso de Yucatán, la factura eléctrica para la extracción de agua ascendió al 71.7 por ciento de los gastos totales destinados para el consumo de bienes y servicios[1](INEGI, 2014). Por otro lado, el elevado precio de la energía también representa un obstáculo al desarrollo de las actividades requeridas para fortalecer y mejorar el sector de agua potable, alcantarillado y saneamiento (fuente: ANEAS).

Al incrementarse la temperatura promedio, el confort disminuye y el riesgo de enfermedades se incrementa. Se hace necesario que regiones donde no se consumían paquetes de clima artificial, se conviertan en gasto prioritario de las familias. Como con cualquier electrodoméstico, el voltaje que requiere cada AC es distinto. Hay aires acondicionados que piden 600W (watts) y otros que 4000W o más. Pensando en un aire acondicionado estándar, supongamos que el nuestro nos pide 2000W, o lo que es lo mismo, 2KW, y supongamos también (tirando a la alza) que lo encendemos 8 horas cada día: 2KW por 8 horas encendido al día = 16kWh / día. 16kWh por 30 días (un mes) = 480kWh/m. 480kWh por mes: 1,560 pesos mexicanos (fuente: https://www.factorenergia.com/).

No podemos evitar cerrar con la famosa y sobada frase de “prevenir es mejor que curar”. El enorme costo del daño al ambiente puede revertirse con una inversión relativamente modesta, pero si empezamos ya. El Inecc calculó en 2018 el costo de adaptar y mitigar el cambio climático de 2018 a 2030: 12,600 millones de dólares anuales, esto es, un punto de PIB y 5 por ciento del presupuesto de egresos federal. Pero andamos dando limosnas, porque el ambiente, creen, es un lujo de ricos y no una base del sustento de millones de familias, sobre todo, las más pobres.

Agustín del Castillo es periodista con tres décadas de andanzas, especialmente en temas ambientales, de desarrollo urbano y rural, que defiende como asuntos eminentemente políticos. Sus dos fes están en dos nociones precarias: la democracia liberal y las chivas del Guadalajara