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2020-09-30
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Cierre de Penal de Puente Grande: en el caos

CONFORME HAN TRANSCURRIDO LAS HORAS NOS HEMOS DADO CUENTA DE QUE LAMENTABLEMENTE NO EXISTE UNA BASE SÓLIDA PARA LA DETERMINACIÓN DEL CIERRE DE LA PENAL DE PUENTE GRANDE Y QUE CUALQUIER ARGUMENTO PARA JUSTIFICARLO, ESTÁ LEJANO DE UNA ESTRATEGIA CON FINES DE CONSEGUIR UNA REINSERCIÓN DE LOS INTERNOS

La Penal de Puente Grande.

Los problemas apenas comienzan para aquellos que tenían algún familiar como interno en el penal de Puente Grande Jalisco. Lo mismo para los empleados que han perdido su centro de trabajo. Para comerciantes que sostenían a sus familias con la venta de algún producto o servicio en torno al centro penitenciario, y para la comunidad del poblado del mismo nombre, que se movilizaba en torno a este complejo, el cual a partir del pasado martes cerró sus puertas en razón de un decreto dispuesto por el Gobierno Federal que el lunes por medio de una publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) daba a conocer el cierre de este inmueble, que ganó fama internacional al ser conocido como el penal de máxima Seguridad del que logró escapar en 2001 Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”.

El cierre del Centro Federal de Readaptación Social de occidente (Cefereso) 2,  no es un asunto menor por más que se esté intentando minimizar. 

Resulta muy delicado que la decisión de bajar la cortina  a este Centro penitenciario partiera de una ocurrencia más del gobierno Federal, y no de una estrategia perfectamente delineada y con un objetivo claro y fundamentado para tal fin. 

Conforme han transcurrido las horas nos hemos dado cuenta de que lamentablemente no existe una base sólida para esta determinación y que cualquier argumento para justificar el cierre, está lejano de una estrategia con fines de conseguir una reinserción de los internos como se pretexta en el Acuerdo publicado el lunes en el Diario Oficial de la Federación. 

Ningún protocolo que aborde el tema de la reinserción, establece que se deba cerrar un penal de máxima seguridad para confinar a sus internos de extrema peligrosidad en otros centros donde hay internos considerados susceptibles de ser reinsertables en la sociedad. 

Si realmente el asunto era cumplir el compromiso de buscar una reinserción mayor a la que se ha venido obteniendo hasta ahora, no se debió haber empezado por mover a los reos de máxima peligrosidad que son precisamente los difícilmente reinsertables siendo que lo conducente habría sido separar a los reinsertables de los que no lo son, para entonces sí pasar a un esquema distinto y luego entonces también separar a los que tienen un problema de imputabilidad para atenderlos en un recinto psiquiátrico penitenciario y no en una prisión.

Pero evidentemente ese está muy lejos de ser el fin que persigue el gobierno federal al ponerle un cerrojo al penal de Puente Grande, y quizá esté más relacionado con una venganza política, como se menciona en la entrevista que publica el periódico El Universal, con Rubén Ortega Montes, investigador e integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, quien considera que la manera en que se anuncia el cierre permanente del Centro Federal de Readaptación Social número 2, “muestra nuevamente la confrontación entre el gobierno federal y el estatal”.

En su opinión, el anuncio de este lunes deja ver que no hubo aviso previo a las autoridades de Jalisco, lo que para una decisión de esta envergadura parece incomprensible, pues impacta en la percepción de que Jalisco es un lugar inseguro y no tiene la capacidad en materia de seguridad pública como para albergar uno de estos centros donde se encierra a reos de alta peligrosidad.

El académico recordó que en junio pasado tanto el gobernador Enrique Alfaro, como el fiscal Gerardo Octavio Solís, reconocieron que la Fiscalía estaba infiltrada por el crimen organizado, por lo que no sería descabellado pensar que la decisión del gobierno federal tiene que ver con una posible infiltración de la delincuencia organizada en el centro penitenciario.

En ese sentido, señaló que en julio pasado se realizó un fuerte operativo en el que intervinieron el Ejército y la Guardia Nacional para trasladar a casi 400 reos de este penal a otros centros penitenciarios y en esa ocasión las explicaciones que se dieron tuvieron que ver con motivos de seguridad.

Ortega Montes dijo que además habrá un impacto económico a la zona, pues en torno al penal federal se ha generado, desde hace años, una cadena económica cuyo motor principal son las personas que visitan a los reos y los trabajadores del centro penitenciario.

También falta saber –continuó el investigador– qué impacto tendrá en la impartición y procuración de justicia, pues los ministerio públicos federales, los jueces y magistrados que están ahí ya no tendrán jurisdicción, finalizó.

EL PROPIO GOBERNADOR ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ, SE DIJO SORPRENDIDO CON LA DETERMINACIÓN DE LA FEDERACIÓN, PUES AL IGUAL QUE EL RESTO DE LOS JALISCIENSES SE ENTERÓ DE LA NOTICIA POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, SEGÚN REVELÓ A MILENIO.

“Nos enteramos por los medios, respetamos la decisión, nos hubiera gustado tener más claro qué es lo que buscan con esta estrategia, qué es lo que piensan hacía adelante con respecto hasta las instalaciones, pero hasta el momento no hay información”, detalló.

“El funcionario estatal señaló que existen temas jurídicos y legales entorno al penal de Puente Grande, que requieren una estrategia bien definida, la cual espera que tenga ya medida el Gobierno de la República”.

Pero no existe tal medida, el caos y el desconcierto es lo que priva en el amplio sector que se moviliza en torno a este complejo penitenciario y no pocos coinciden en que se trata de una vendetta política del Gobierno de la Cuarta Transformación en contra de Jalisco. 

Los familiares de los internos están molestos, desconocen a dónde han sido trasladados sus seres queridos y se encuentran inmersos en una situación de incertidumbre, pues muchos de ellos se verán obligados a hacer ajustes y modificaciones en su día a día, incluso algunos tendrán que cambiar su lugar de residencia, con todo lo que ello conlleva para una familia que como en el caso de una mujer entrevistada, proviene de Tijuana y se había movido a Jalisco toda vez que su esposo había sido trasladado  a Puente Grande. Ahora se encuentra en espera de conocer el paradero de su familiar para nuevamente empacar maletas con todo y sus hijos a quienes también deberá ubicar una nueva escuela, sin menoscabo de que deberá buscar un lugar en donde vivir y otro empleo. 

El malestar de igual forma se vive entre los empleados del complejo quienes se quedarán sin su fuente de ingresos o en el mejor de los casos la preservarán pero en otra ciudad; proveedores de alimentos y servicios verán mermados sus ingresos económicos; comerciantes sufrirán también por el cierre y toda una comunidad que giraba en función del penal dejará de obtener recursos.

En tanto, no queda ya ningún interno en el reclusorio pues el pasado martes fueron trasladados a los penales de Michoacán, Nayarit y Guanajuato, según se pudo conocer por algunas versiones, aunque los familiares de los internos no recibieron información oficial y se limitaron a documentar a través de redes sociales el traslado de los reos que comenzó durante la madrugada cuando fueron llevados  en primera instancia a la Base Aérea Militar, en Zapopan, para posteriormente abordar un avión. 

Tras el cierre del inmueble la asociación civil Documenta llamó a observar en todo momento el pleno respeto a los derechos humanos de sus reclusos.

“Los traslados representan uno de los momentos de mayor riesgo para la comisión de tortura y malos tratos, el uso excesivo de la fuerza, el abuso de autoridad e inclusive las desapariciones forzadas, ya que las personas se encuentran, durante largo tiempo, solas, incomunicadas, aisladas y en espacios poco visibles”, señaló la organización a través de un comunicado.  

Según el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, hasta julio pasado en este centro federal había 376 reos, todos varones, de los cuales 40 seguían en proceso y el resto ya contaban con sentencia; según esta información del gobierno federal, en este reclusorio había lugar para mil 40 presos, aunque  otros datos refieren que el penal tiene capacidad para 2,200 internos.

Así, ha concluido la historia de esta fortaleza de concreto, uno de los complejos penitenciarios de máxima seguridad del país, que albergó a varios reclusos famosos y ganó notoriedad a nivel internacional después de la fuga de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, uno de los capos más buscados del mundo, quien el 19 de enero de 2001 escondido entre ropa sucia en un carrito de lavandería cruzó seis controles internos y logró escapar. 

Queda esperar que tanta gente afectada logre resolver los contratiempos y superar las adversidades que les ha provocado esta nueva ocurrencia del gobierno en turno. Que se respeten los derechos humanos de todos los involucrados y que no haya situaciones mayores que lamentar, más allá de las que ya hemos dado cuenta. 

Doctor en Derecho y Notario; Analista y Columnista Sociopolítico; Consultor en Admon. y Políticas Publicas; Pdte. de Conciencia Cívica, A.C. y JALISCOenPLENO, A.C.