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2020-08-17
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Lozoya desata terremoto político

LOZOYA YA DESATÓ UN TERREMOTO POLÍTICO QUE PONE A EPN EN RIESGO DE SER EL PRIMER EX PRESIDENTE EN SENTARSE EN EL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS

Explotó la bomba, empresarios del sector energético nacional e internacional  revelaron la existencia de una red de corrupción en Petróleos Mexicanos (Pemex) durante la gestión de Emilio Lozoya Austin para despojar de sus empresas a grandes proveedores y contratistas de la petrolera estatal.  

Se ha filtrado que mediante operaciones de acoso, de auditorías por parte de la filial Pemex Exploración y Producción (PEP) y de asfixia económica —dejándoles de pagar—, les ofrecían comprar empresas e incluso les invitaban a seguir trabajando con los nuevos propietarios.  

Luego de la revelación de que el ex director de Pemex tiene en su poder videos y grabaciones con empresarios del sector que podría usar para su defensa, trascendió que algunos fueron víctimas de esa red de corrupción. Blue Marine, Oceanografía y Evya fueron algunas de las compañías acosadas porque llegaron a representar muy buen negocio que podría ser operado por gente cercana a Lozoya Austin. Evya, que llegó a operar 27 contratos con valor de 10 mil 901 millones de pesos con Pemex y un astillero de 14 hectáreas para la construcción de plataformas petroleras en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, sucumbió al embate.  

Su propietario dio a conocer que el despojo se fraguó con acusaciones por presunto fraude a Citigroup en abril de 2014 y cuando el área de auditoría interna de PEP solicitó una revisión a 20 contratos otorgados a Representaciones y Distribuciones Evya y dos a Grupo Evya, según se desprende del oficio No. OIC- AAI-PEP-18-575-140-2014, provocó que los bancos congelaran sus créditos por esas auditorías.  

El empresario ha dicho que Lozoya Austin lo citó en mayo de 2014 en la Torre de Pemex para informarle que unos inversionistas, entre ellos Fausto Miranda —del despacho SAI Asesores, de Jaime Serra Puche, exsecretario de Hacienda durante la administración de Ernesto Zedillo— y Ricardo Maldonado, secretario del Consejo de Administración de Grupo Televisa, iban a salvar su empresa.  

Radicado en Ciudad del Carmen, Campeche, el empresario señaló que tres días antes de la reunión con Lozoya Austin, la visita de inspección a los contratos por parte de PEP fue cancelada bajo el argumento de excesiva carga de trabajo del Órgano Interno de Control de PEP: “Lozoya tenía ya la intención de quedarse con la empresa y los contratos de alguna manera”.  

AL DEJAR SIN LIQUIDEZ A LA EMPRESA, ÉSTA SE VIO OBLIGADA A CEDER LAS ACCIONES.

En de julio de 2014, el empresario defraudado recibió a los inversionistas enviados por Lozoya Austin en las oficinas de los astilleros de Evya. A la reunión acudieron Fausto Miranda y Ricardo Maldonado, socio del despacho Mijares, Angoitia, Cortés & Fuentes.  

Uno de los fundadores de esa firma era Alfonso de Angoitia, CEO de Televisa. En el encuentro estuvieron Joshua Fink, hijo de Laurence Fink, presidente ejecutivo de la mayor gestora de fondos del mundo: BlackRock, e Ignacio Quesada, director gerente de Álvarez & Marsal Holdings LLC, según la copia del correo electrónico con el que se gestionaron los accesos al patio.  

Quesada fue colaborador cercano de Ernesto Cordero en las secretarías de Desarrollo Social y Hacienda, y director corporativo de finanzas de Pemex de enero de 2011 a mayo de 2013, tiempo en el que coincidió con Lozoya.  

Álvarez & Marsal se encargó de revisar los 27 contratos de la empresa para asegurarse de que Evya era un negocio rentable.  

Hasta ese momento, del valor de los contratos estimado en 10 mil 901 millones de pesos, se habían ejercido 5 mil 551 millones y faltaban por ejercer 5 mil 386 millones. Fausto Miranda ofreció mil millones de pesos para salvar a la empresa. Si se negaba, asegura el empresario defraudado, “sufriría las consecuencias”.  

“Fui informado que seguiría siendo presidente de Evya, pero sin funciones y con salario de 300 mil pesos mensuales”, dijo a un medio nacional el empresario.  

En situación similar estuvo Blue Marine y Oceanografía. Fuentes cercanas a ambas empresas, aseguran que la primera se opuso y resistió, pero en el caso de la propiedad de Amado Yáñez fue acusada de un desfalco por 400 millones de dólares a Banamex y su dueño fue a parar a la cárcel.  

Blue Marine nació como consorcio empresarial conformado por las empresas Subtec, Blue Marine Shipping, Blue Marine Oil and Gas y Subsea 7, y ofrecen servicios de arrendamiento de embarcaciones a Pemex.  

Entre sus principales accionistas están José Antonio Marcos Issa, quien fungió como coordinador de asesores de los exdirectores de Pemex Rogelio Montemayor y Raúl Muñoz Leos.  

La empresa fue investigada y sancionada por la Secretaría de la Función Pública y ha sido objeto de numerosas observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación, derivadas de supuestos tráficos de influencias en las licitaciones que ganaba, lo cual sirvió para que la red de corrupción que operó durante la administración de Lozoya Austin buscara apropiarse de ella.  

Sobre Oceanografía, el 28 de febrero de 2014 Banamex lanzó una acusación en su contra por el delito de fraude, que originó que la Procuraduría General de la República (PGR) abriera una investigación a empleados y directivos de la compañía, una de las contratistas más grandes de Pemex.  

Por esa razón, la entonces PGR embargó sus bienes y los puso a disposición del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Así las cosas.  

En tanto, este sábado 15 de agosto, Emilio Lozoya, debió firmar por segunda ocasión la hoja de procesado ante la Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares (Umeca), la cual depende de la Guardia Nacional; sin embargo, no lo hizo de manera presencial.  

La primera vez que el ex funcionario cumplió con esta medida cautelar citada por los jueces que conducen los casos de Agronitrogenados y Odebrecht fue vía electrónica, por lo que es posible que vuelva a llevar a cabo este proceso a través de un correo digital, tal y como lo hizo el primer día de agosto.  

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), misma que se encarga de los centros penitenciarios a nivel federal, desde el mes de marzo de este año ningún procesado en libertad provisional ha tenido que acudir a las instalaciones de alguna Umeca, con el objetivo de evitar riesgo de contagio de COVID-19. Los procesados, puntualizó la Secretaría, podrán acudir a las unidades hasta que se levante la emergencia sanitaria. Cabe recordar que el Lozoya Austin tiene la obligación de firmar los días 1 y 15 de cada mes para comprobar que no ha salido del país y así preservar la libertad condicional que le fue concedida.  

Vale mencionar que Lozoya ya fue vinculado a proceso por el delito de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero no fue a prisión ni fue sometido a resguardo domiciliario, por lo que ha continuado con su proceso en libertad. Las únicas medidas a las que fue sometido son al uso de un brazalete electrónico, mismo que debIó pagar con su propio dinero y la obligación de firmar cada 15 días, por el momento de manera electrónica. Por otra parte, en busca de disminuir su posible castigo, Lozoya presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra el ex presidente Peña Nieto, de quien fuera su mano derecha, y contra Luis Videgaray, el ex titular de dos Secretarías en el sexenio pasado.  

De acuerdo con el relato del ex funcionario, Peña Nieto y Videgaray dirigieron y repartieron los sobornos que la compañía Odebrecht habría pagado en México para inyectar en la campaña presidencial del primero en 2012 y también aquellos recursos que fueron destinados a legisladores para aprobar reformas estructurales entre 2013 y 2014.  

Sin embargo, esto apenas es el comienzo del proceso, esta denuncia es la que abre la carpeta de investigación, es su primer acto, y la autoridad deberá investigar si es real lo que se señala.  

La denuncia presentada por Emilio Lozoya Austin en contra del ex presidente Enrique Peña Nieto y su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, por haberle “ordenado” recibir sobornos de Odebrecht y distribuir más de 100 millones de pesos a la campaña presidencial de 2012, tal como lo anunció el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero; coloca a Peña Nieto a punto de hacer historia ante la posibilidad de convertirse en el primer ex mandatario en ser juzgado judicialmente por un delito grave. 

El ex director de Pemex presentó la denuncia de hechos acompañada de recibos, un video y cuatro testigos de sus dichos como pruebas, por lo que se abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades y en caso de ser necesario citar a declarar a Peña Nieto y a Videgaray Caso. 

Hasta inicios del año pasado, un presidente sólo podía ser juzgado por traición a la patria, pero en marzo de 2019, el Senado de la República reformó los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para someter a proceso penal al presidente de la República también por hechos de corrupción y delitos electorales. 

Es por eso que la posibilidad de que Peña Nieto se siente en el banquillo de los acusados se vuelve más real que nunca. Ante este panorama, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado una y otra vez su postura que sólo se juzgará a los ex presidentes si la población así lo decide por medio de una consulta. No obstante, durante su conferencia de prensa de este miércoles aseguró que respeta las decisiones que la Fiscalía General de la República (FGR), tome respecto al caso. 

López Obrador aseguró que se enteró de la denuncia interpuesta por Lozoya a través de los medios de comunicación y no porque el fiscal le avisara e insistió que esta demanda legal implica que todos los implicados deben ser llamados a comparecer. 

LÓPEZ OBRADOR INSISTIÓ QUE AL HACER ESTAS ACUSACIONES, LOZOYA ESTÁ OBLIGADO A PRESENTAR LAS PRUEBAS DE SUS DICHOS. 

Lozoya Austin aseguró que ambos (quienes eran sus jefes) lo obligaron a recibir el dinero de la compañía brasileña, parte del cual (100 millones de pesos) fue presuntamente a parar a la campaña presidencial de Peña Nieto con la finalidad de contratar a asesores internacionales. 

Una vez en el Gobierno federal, el ex mandatario y el ex secretario habrían destinado 120 millones de pesos para comprar el voto de cinco senadores y un diputado para que votaran a favor de la reforma energética, que abrió el sector a la inversión privada en 2013. Lozoya aseguró tener cuatro testigos, además de que entregó facturas y un video para probar sus acusaciones. Ahora, sólo falta que la Fiscalía General de la República (FGR) determine si todos los implicados en la demanda, incluyendo a Enrique Peña Nieto (quien vive en España) y Luis Videgaray (que trabaja como profesor en el Instituto Tecnológico de Massachusett, MIT, bajo el cobijo de su gran amigo Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump) son llamados a declarar de manera presencial, a distancia o pueden hacerlo por escrito. 

En la indagatoria del caso Odebrecht en México, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una línea de investigación contra 18 empleados activos y ex funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) que entre 2010 y 2015 avalaron y firmaron los contratos que le trajeron a Emilio Lozoya Austin beneficios por millones de dólares derivados de los presuntos sobornos que recibió durante su desempeño como director de la petrolera gubernamental. De acuerdo con un informe técnico que forma parte de las causas penales judicializadas contra quien también fue coordinador de asuntos internacionales de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, los empleados y ex funcionarios que son indagados participaron en los procesos de adjudicación y contratación de la Constructora Odebrecht para realizar obra pública en tres instalaciones de Pemex durante la administración de Lozoya Austin. 

La investigación del área financiera de la FGR localizó un pago directo de una empresa contratista de Pemex –diferente a Odebrecht y Altos Hornos de México (AHMSA)– a un funcionario activo de la compañía por más de 500,000 pesos. Aun así, el funcionario se mantiene en su cargo, pero su identidad no ha sido revelada. 

Entre los investigados se encuentran 6 ex colaboradores de Lozoya Austin, que también buscan acogerse a un criterio de oportunidad para obtener los mismos beneficios procesales que su ex jefe. 

De acuerdo a publicaciones, los 18 funcionarios en activo y los ex funcionarios de Pemex recibieron transferencias por cantidades que van de los 50,000 a los 2 millones de pesos, por lo que la FGR decidió elaborar una red de vínculos para conocer a las empresas y particulares que les hicieron los depósitos. 

Los funcionarios en activo o ex empleados de la empresa productiva del Estado también tienen propiedades en zonas de mediana y alta plusvalía, en colonias como Lomas de Chapultepec, Lomas del Pedregal y Las Águilas, entre otras. 

A trascendido que hasta el momento, los bienes y cuentas bancarias de los funcionarios citados en la indagatoria no han sido bloqueadas por las autoridades de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda ni por alguna autoridad judicial.  

Con esta primera jugada relacionada con el caso Odebrecht, Lozoya Austin ya desató un terremoto político que pone a Peña Nieto en riesgo de ser el primer ex presidente en sentarse en el banquillo de los acusados. Y aún falta lo que tenga que decir sobre la compra de la planta chatarra de Agronitrogenados, la cual pertenecía a Altos Hornos de México (AHMSA) propiedad de Alonso Ancira, quien está en espera de ser extraditado a México desde España. 

Pemex habría pagado cerca de 500 millones de dólares por Agronitrogenados cuando estaba valuada en 50 millones de dólares, una suma que, según los analistas, estaba drásticamente inflada y provocó pérdidas millonarias a la petrolera. 

Doctor en Derecho y Notario; Analista y Columnista Sociopolítico; Consultor en Admon. y Políticas Publicas; Pdte. de Conciencia Cívica, A.C. y JALISCOenPLENO, A.C.
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