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2020-08-13
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No todo está perdido en el caso ABC

LOS VERDADEROS CULPABLES NO RECIBIERON CASTIGO, FUERON ENCARCELADOS CHIVOS EXPIATORIOS Y NO HA HABIDO REPARACIÓN DEL DAÑO

A 11 años de distancia, se ha encendido una luz de esperanza para los familiares de los 49 niños que fallecieron y las más de 100 personas que resultaron heridas en el incendio de la Guardería ABC de Hermosillo Sonora ocurrido en junio de 2009, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitiera este funesto caso que contrario a encontrar justicia ha dejado un rastro de corrupción, tráfico de influencias, y violación a derechos humanos. Los verdaderos culpables no recibieron castigo, fueron encarcelados chivos expiatorios y no ha habido reparación del daño. 

Los padres de los niños han denunciado insistentemente la irresponsabilidad de las autoridades en esa tragedia que no solo marcó al estado de Sonora sino al país entero desde aquel 5 de junio. Han señalado que el incendio fue “el resultado de fallas estructurales en el sistema de subrogación de las estancias infantiles, pues dicho sistema convirtió el cuidado de los niños y las niñas en un negocio, provocando el incumplimiento generalizado de estándares de seguridad en las estancias».

El reclamo es más que justo siendo además que hubo intocables en la “impartición de justicia”, pues en las sentencias que se dictaron nunca figuró quien fungía como gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castello, así como otros 13 funcionarios que no estuvieron en ningún proceso judicial aún cuando se presume habrían tenido algún grado de responsabilidad en la tragedia, lo mismo que otros particulares. 

Desde entonces, cinco procuradores han ostentado el cargo además del actual Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien según los propios padres, no los ha querido recibir. 

El vocero de los padres, José Francisco García Quintana, se ha quejado de que “todo ha sido una burla en estos años. Una tomada de pelo. Este crimen ocurrió en una guardería subrogada del IMSS, hay funcionarios implicados. Es un crimen de Estado, pero no les importa”. Además, ha señalado que temen que varios de los delitos ya estén prescritos y por lo tanto no pueda hacerse nada, situación que tendría que ser aclarada por el fiscal General, Alejandro Gertz Manero. El problema es que no ha querido hablar con ellos. 

“No lo hemos podido ver ni una sola vez desde que está en el cargo. La verdad es que este caso parece no interesarle pese a que también es un crimen de Estado. En diciembre (de 2019) el presidente López Obrador nos dijo que el sería el puente con el fiscal para que nos atendiera. Pero ni aun con eso ha pasado” señaló García Quintana. (Animal Político 05/06/20).

La realidad es que a 11 años de la tragedia, no hay una sola persona purgando alguna pena en ningún centro penitenciario del país, aunque hay 19 personas sentenciadas, pero por tratarse de delitos culposos (delitos no graves), ninguna está en prisión y todas siguen el proceso en libertad.

HAY DOS SENTENCIAS JUDICIALES. UNA DE PRIMERA INSTANCIA Y OTRA POR EL GRADO DE APELACIÓN. 

Sin embargo, 19 sentenciados interpusieron un juicio de amparo y  a la fecha aún no se conoce la resolución a favor o en contra que deberá resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde se analizan los elementos de las partes acusadas.

 A diez de las 19 personas imputadas se les redujo la condena hasta por 6 años; es decir, de 20 años que recibieron la pena pasó a 14 años y se confirmó la sentencia condenatoria expedida en 2016 a los 9 restantes por 29 años de prisión.

 Todos ellos forman parte de la primera sentencia dictada el 13 de mayo de 2016 por el Juez Primero de Distrito, que posteriormente ratificó esta sentencia en junio de 2017. (La Silla Rota 03/05/18). 

En esa época, le tocó por mala fortuna estar fungiendo como delegado en Sonora del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al reconocido profesionista experto en economía Arturo Leyva Lizárraga, de quien se recuerda su paso por diversas delegaciones federales con sede en Jalisco y por no haber recibido en su momento ningún tipo de señalamiento en cuanto a su desempeño. Recordando también que al estar en esa posición como cabeza de la delegación estatal del IMSS le fue achacada responsabilidad injustamente toda vez que ha quedado claro que el tema de las guarderías no estuvo en esa época a cargo de funcionarios en las delegaciones estatales del instituto, ya que era un negocio que se controlaba desde el nivel central en una dirección específica que dependía del director general.

Leyva Lizárraga estuvo preso injustamente con riesgo incluso de peligrar su vida por la salud precaria que le aquejó, y fue la presión de grupos de profesionistas, de familia y de organizaciones cívicas que levantaron la voz lo que finalmente le ayudó a recuperar su libertad.

En este asunto en el que ha permeado la corrupción, hubo también quienes gracias al tráfico de influencias lograron evadir la prisión. Caso concreto una de las socias fundadoras de la estancia infantil, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, quien en 2012 fue absuelta por el Magistrado del Primer Tribunal Unitario del Quinto Circuito, Pablo Ibarra Fernández. La dueña de la guardería, pudo evitar ir a prisión con la ayuda de su prima, Margarita Zavala, quien en 2009 ostentaba la distinción como primera dama de la nación, siendo presidente su esposo Felipe Calderón. Ambos habrían facilitado apoyos para su familiar haciendo uso del poder, razón por la cual deberían responder por el delito de encubrimiento y protección para quienes por negligencia provocaron la catástrofe y consiguiente muerte de 49 niños. 

El caso de las 19 personas imputadas regresó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).  Los proyectos fueron repartidos en las ponencias de los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Juan Luis González Alcántara, pero hasta ahora no se ha resuelto ninguno de los amparos. Apenas el pasado miércoles 3 de junio se volvió a aplazar la resolución de uno de ellos pese a que ya estaban enlistados.

Otro de los grandes pendientes en este tema es el de la reparación del daño. Más de cien familias han promovido igual número de amparos en contra de jueces penales y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) por esta situación, algunas de las cuales también han llegado a la Corte, sin que hayan sido resueltas.

La abogada Reyna Velasco resume este problema en dos aristas principales. Una de ellas tiene que ver con la condena que un Tribunal federal ratificó en 2017 en contra de los implicados, pero en la que no se fijó un monto de reparación del daño, sino que se delegó esa facultad a otro juez previa realización de nuevos estudios a los familiares.

La litigante dijo que lo anterior es revictimizante y una artera violación al derecho de una justicia pronta y expedita, además de que retrasa innecesariamente la entrega de apoyos a familias que ya han esperado demasiado.

Por otro lado, están las indemnizaciones que deben recibir las familias de niños que fallecieron, así como los programas de apoyo para las familias con niños lesionados, todo ello en su calidad de víctimas de violaciones graves a derechos humanos. En este caso toca a la CEAV fijar los montos, pero en todos los casos lo ha hecho de forma incorrecta, lo que ha obligado a promover amparos.

“El problema es que las resoluciones no han sido satisfactorias para las víctimas, pues como los mismos jueces lo han señalado cuando la CEAV realiza el plan de reparación deja de observar algunos aspectos específicos, lo que trae como consecuencia que no se pueda considerar que se ha reparado el daño” dice la litigante.  

En tanto, otro pendiente relevante tiene que ver con la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil popularmente conocida como “Ley 5 de Junio”, promulgada en 2011 por el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón, pero que hasta la fecha no termina de implementarse.

José Francisco García Quintana dijo que hasta antes de la tragedia en la guardería solo existían mas que normas de referencia para la operación de guarderías o de asilos. 

Con la “Ley 5 de junio” lo que se buscó fue establecer una regulación completa respecto al funcionamiento de las guarderías que por un lado prevengan que hechos como los del caso ABC se repitan, y por otro lado impulsen el desarrollo integral de los menores.

Se trata, añade García Quintero, de una buena norma pero que casi una década de distancia aún no termina por ser aterrizada. 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, ha externado su interés en resolver el caso. En marzo de este año firmó un decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) donde establece que las niñas y niños que resultaron lesionados en el incendio de la guardería de Hermosillo, Sonora, tendrán garantizada la atención vitalicia y una pensión al cumplir 18 años de edad.

El decreto incluye aspectos como la posibilidad de que las madres puedan transferir apoyo vitalicio a sus hijos en caso de que ellas fallezcan y que los niños con quemaduras incapacitantes contarán con una ayuda vitalicia a partir de los 18 años.

Es de esperar pues una intervención favorable desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de manera que llegue la justicia para los damnificados de aquel terrible incendio, que se señalen las violaciones a los derechos humanos que han estado a la vista de todos sin ser castigadas y que emita las recomendaciones necesarias para que el gobierno en turno vaya contra los verdaderos responsables, entre quienes presumiblemente estarían los familiares de la ex primera dama Margarita Zavala, que hasta ahora han podido librar la justicia, y el ex gobernador Eduardo Bours Castello.

Doctor en Derecho y Notario; Analista y Columnista Sociopolítico; Consultor en Admon. y Políticas Publicas; Pdte. de Conciencia Cívica, A.C. y JALISCOenPLENO, A.C.
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