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2020-08-07
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Leyes hay, lo que falta es justicia

LA MANO DURA DE LA JUSTICIA NORTEAMERICANA CONTRASTA CON LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA MEXICANA, QUE SIGUE SIENDO SELECTIVA

Los contrastes de una justicia inflexible, rigurosa, e implacable como la del país vecino del norte y una laxa, blanda, selectiva y opaca como la que tenemos en México, generan que delitos similares se castiguen de forma diversa. 

Un claro ejemplo es lo ocurrido en el juicio y sentencia que se siguió al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, encontrado culpable y sentenciado a cadena perpetua en la Corte de Distrito Federal en Brooklyn, Nueva York, por los cargos de narcotráfico, asesinato y lavado de dinero en territorio mexicano, mientras su hijo Ovidio, detenido en un operativo en octubre pasado en Sinaloa, presuntamente acusado de cargos similares por los que fue sentenciado su padre, fue dejado libre por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador, “para no poner en riesgo a la población”, según confesó recientemente.

En el caso de Guzmán Loera, fue sentenciado el 17 de julio de 2019, después de un juicio de tres meses, con lo que terminó una de las carreras criminales más brutales y notorias de la historia moderna. Además de sentenciarlo a una cadena perpetua más treinta años, el juez ordenó al capo pagar 12 mil 600 millones de dólares en reparación de daños.

El mencionado juicio y sentencia, contrasta con el llamado “Culiacanazo”, llevado a cabo el 17 de octubre de 2019 que indudablemente constituye un hecho sin parangón. Baste recordar que durante un operativo realizado por elementos federales fue capturado Ovidio Guzmán López. El video de la detención circuló profusamente en redes sociales y medios de comunicación de todo el mundo tratándose del hijo de “El Chapo”, pero inexplicablemente fue dejado en libertad. Los encargados de las fuerzas de Seguridad en el país intentaron argumentar sobre la decisión de soltar al presunto delincuente sin que quedase claro el tema, hasta que recientemente López Obrador, sin rubor alguno, ventiló en una de sus conferencias mañaneras que había sido él quien tomó la determinación de dejar libre al hijo de quien fuera el narcotraficante más buscado del mundo. 

Estas disparidades se observan de forma profusa en los procesos judiciales que se siguen a ex funcionarios, narcotraficantes y líderes religiosos de ambos lados de la frontera. 

Genaro García Luna, Ivan Reyes Arzate, Tomás Yarrington y Naasón Joaquín, están siendo juzgados en cortes de Los Estados Unidos de América del Norte, país donde también Edgar Veytia, ex Fiscal de Nayarit, purga una condena de 20 años de prisión.  

Del lado mexicano, en tanto, se desahogan los muy opacos e irregulares procesos en los casos de Emilio Lozoya, Javier Duarte, Rosario Robles, sin contar las novedades que nos pueda reportar la reciente detención de José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”. 

En la Unión Americana, Genaro García Luna, el ex Jefe de la Policía de México, se encuentra detenido desde diciembre pasado, señalado por haber recibido sobornos del Cártel de Sinaloa, liderado por “El Chapo” Guzmán, durante los sexenios de Felipe Calderón y Vicente Fox, a cambio de brindar protección. Está acusado además por cargos de corrupción, y crimen organizado.

Aún cuando se conoce que ha prometido colaborar entregando nombres e información, se advierte que ante la falta de acuerdos con el gobierno estadounidense, ha quedado abierta la puerta a un inminente juicio de alto voltaje por los nombres de pesos pesados que pueda involucrar, después de confesar que habría movido más de 50 millones de dólares en sobornos con dinero proveniente de la delincuencia organizada. 

Genaro García Luna, e Iván Reyes Arzate, quien fue mando en la Policía Federal entre el 2008 y 2017, acusados de nexos con el narcotráfico llevan su proceso en Estados Unidos, debiendo recordarse está en una prisión en Texas el exgobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington.

El pasado 3 de julio, el sistema de acceso a las cortes federales de Estados Unidos informó que los casos de García Luna y Reyes Arzate habían sido puestos “bajo sello” y dejaban de ser de acceso público. Sin embargo, se realizó una nueva revisión de los expedientes de los imputados y se determinó que pudieran consultarse de nuevo, de manera que el público tiene derecho a acceder a la información de ambos procesos judiciales. 

SIN DUDA, UNA SITUACIÓN MUY DIFERENTE AL CASO DEL EX DIRECTOR DE PETRÓLEOS MEXICANOS (PEMEX), EMILIO RICARDO LOZOYA AUSTIN, QUE ESTÁ PLAGADO DE IRREGULARIDADES.

De entrada, se dijo que arribó a nuestro país el pasado viernes 17 de julio extraditado de España donde fue detenido gracias a una ficha estando acusado de asociación delictuosa, cohecho, lavado de dinero y corrupción. Pero a la fecha nadie lo ha visto. Las autoridades armaron un montaje para evitar que pisara el Reclusorio Norte como era el procedimiento a seguir; recurrieron al viejo y choteado truco de un mal estado de salud para internarlo en un hospital reportando un cuadro de anemia y síndrome de esófago de Barret que lo mantuvo en hospitalización durante 15 días hasta que un juez le dictó libertad condicional a pesar de que fue vinculado a proceso por los casos de corrupción Odebrecht y Agro Nitrogenados. De manera que no pisó la cárcel y ahora descansa plácidamente en una de sus múltiples propiedades, gozando de los privilegios que le ha conferido el gobierno en turno a cambio de que entregue información y nombres de quienes participaron con él en los actos ilícitos que se le acusa. Lozoya ha negociado no ir a prisión y otorgar ese mismo beneficio a su madre, su hermana y esposa, quienes participaron en sus atracos, y ahora cínicamente ha comenzado una férrea pelea jurídica para recuperar sus cuentas bancarias que le fueron congeladas, sus bienes asegurados y sus facultades para ser funcionario público. Es decir que además de todo, tal vez se le tenga que pedir perdón al ex director de Pemex, quien por cierto, durante el tiempo que estuvo a cargo de la paraestatal le causó un daño por más de 23 mil 520 millones de pesos. 

Una burla pues, algo parecido a lo ocurrido con el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, a quien apenas en mayo del año en curso un Tribunal federal le confirmó la sentencia de 9 años de prisión impuesta desde 2018 acusado por delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa. Sin embargo, en el fallo se revocó el decomiso de unas 40 propiedades ligadas al ex gobernador y excolaboradores que se había ordenado como parte de la condena, las cuales siguen aseguradas hasta la fecha pues las investigaciones no avanzan. Según información del caso son propiedades entre las que se encuentran 21 terrenos ejidales en Campeche y 20 casas y departamentos ubicados en Veracruz, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero y Quintana Roo, (La Silla Rota 24/07/20).

Y mientras ya decíamos, en México se urdió todo un montaje justificando problemas de salud para evitar que Lozoya pisara la cárcel, del otro lado de la frontera norte, el dirigente de la iglesia evangélica La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, quien enfrenta cargos de abuso sexual de menores, pornografía infantil, violación sexual, extorsión y varios otros, permanece detenido desde junio de 2019 en una cárcel de Los Ángeles, California, y recientemente se le ha negado su libertad a pesar de que su defensa alegó que su cliente “tiene un alto riesgo de muerte” si contrae el nuevo coronavirus pues padece diabetes e hipertensión. Su siguiente audiencia se programó para el 6 de agosto y se espera que ese día la Fiscalía estatal vuelva formularle cargos al líder de La Luz del Mundo. 

De este lado del muro construido por Donald Trump, en el penal federal de Santa a Martha Acatita, Rosario Robles Berlanga, ex secretaria de Desarrollo Social en el sexenio anterior, lleva casi un año recluida en espera de juicio, desde el 13 de agosto en que acudió voluntariamente a declarar -tras ser acusada de permitir el desvío de fondos públicos por unos 255.6 millones de dólares a través de universidades públicas y empresas fantasma-.  El juez de control le impuso prisión preventiva por riesgo de fuga al detectar que poseía una licencia de conducir vinculada a un domicilio distinto al declarado, pero aún cuando ha interpuesto varías solicitudes de amparo para llevar su proceso en libertad, continúa en el centro de reclusión. Robles argumentó además ser una persona mayor de 60 años se edad, con padecimientos de hipertensión y rinitis crónica, pero nada le ha valido para retomar su libertad.

La mano dura con que la implacable justicia norteamericana lleva sus procesos y llega a dictar sentencias, indudablemente contrasta con la impartición de justicia mexicana, donde se sigue aplicando la justicia selectiva con criterios alejados de lo que estable nuestra Carta Magna. Como dice el escritor argentino, Ernesto Mallo, “Leyes hay, lo que falta es justicia”.

Doctor en Derecho y Notario; Analista y Columnista Sociopolítico; Consultor en Admon. y Políticas Publicas; Pdte. de Conciencia Cívica, A.C. y JALISCOenPLENO, A.C.
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