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2020-08-03
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Lozoya y los hoy acusados

AL SER CERCANO A PEÑA NIETO, LOZOYA ES CONSIDERADO FUNDAMENTAL PARA DETERMINAR SI CON SOBORNOS SE FINANCIÓ EN 2012 LA CAMPAÑA DEL EX PRESIDENTE

El ex director de Pemex, Emilio Lozoya, se encuentra libertad condicional y quedó bajo medidas cautelares que incluyen la prohibición de salir de Ciudad de México y del país, además de usar un localizador electrónico.  

Emilio que será enjuiciado por presunta participación en la red de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, salió en libertad condicional de un hospital en el que estuvo internado durante 15 días.  

Una fuente federal vinculada al caso, informó que el ex funcionario «salió del hospital en las primeras horas» del sábado 1 de agosto luego de que se le colocara un brazalete electrónico que permitirá vigilar sus movimientos.  

Lozoya Austin, de 45 años de edad, fue un cercano colaborador del ex presidente Enrique Peña Nieto. El pasado 17 de julio fue extraditado a México desde España y aún no ingresó a ninguna cárcel debido a un cuadro anémico que obligó a hospitalizarlo.  

El martes 28 y miércoles 29 de julio, Lozoya participó vía videoconferencia en dos audiencias en las que la justicia encontró que hay elementos suficientes para procesarlo por presuntamente haber recibido más de 10 millones de dólares en sobornos de Odebrecht a cambio de la concesión de contratos futuros.  

Lozoya se le benefició con libertad condicional y quedó bajo medidas cautelares que incluyen la prohibición de salir de Ciudad de México y del país, además de usar un localizador electrónico.  

Cada 15 días deberá acudir a firmar por su presencia a un juzgado de una prisión en el norte de Ciudad de México.  

Al ser cercano a Peña Nieto, Lozoya es considerado fundamental para determinar si con esos sobornos se financió en 2012 la campaña del ex presidente en las elecciones que lo llevaron a la presidencia. Es el primer ex funcionario mexicano en ser enjuiciado por este escándalo de la trama de sobornos tejida por Odebrecth en América Latina.  

Lozoya también será sometido a proceso en el caso de la compra por parte de Pemex, entre 2013 y 2015, de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados por 485 millones de dólares, un costo considerado excesivo porque la instalación estuvo inactiva durante 14 años.  

En ese sentido, Lozoya es acusado de recibir de la firma propietaria de esa planta de fertilizantes, previo a la venta, un pago de 3 millones de dólares con los que habría adquirido una lujosa vivienda en la capital.  

Capturado en febrero pasado en España, el ex funcionario aceptó voluntariamente la extradición y ha ofrecido colaborar con la justicia proporcionando nombres y detalles de otros ex funcionarios que habrían participado en delitos mayores.  

Esto se denomina «criterio de oportunidad», figura mediante la cual la Fiscalía declina enjuiciar a un acusado pues hacerlo reportaría pocos beneficios o porque el imputado puede ofrecer información sobre delitos más graves para mitigar su pena.  

Lozoya Austin pasó de ser el muchacho consentido de la prensa durante el gobierno de Peña Nieto a convertirse en un objeto político del sexenio de López Obrador o un villano de cuya palabra hay que desconfiar. Todo depende de la polarización política desde la que se observe. Pero nada cambia el hecho de que Lozoya, sometido a proceso judicial, goza de los mismos derechos fundamentales que cualquier ciudadano mexicano, como el derecho a la defensa de su patrimonio moral y a la protección de sus datos personales, con los matices que tuvo cuando fue el rockstar de las finanzas y la energía y los matices que tiene ahora, que es presunto culpable de uno de los mayores fraudes conocidos en la larga historia de corrupción de México.  

Lozoya fue un funcionario público sujeto al escrutinio público por voluntad propia y a una escala inconmensurable.   

Joven, experto en finanzas, sofisticado, audaz y, sobre todo, poderoso: comandaba la mayor compañía del sector energético de México, que en sus mejores momentos contabilizó más de 150,000 empleados.   

Economista egresado del ITAM, licenciado en derecho por la UNAM, maestría en la Harvard Kennedy School y distinguido como Young Global Leader por el Foro Económico Mundial. Aficionado al arte y a los relojes de lujo. ¿Qué más se podía pedir? A Lozoya Austin le gustaba ser visto y admirado.  

Durante el tiempo en que dure el proceso judicial y hasta que se dicte sentencia por alguna de las causas en su contra, Emilio Lozoya Austin tendrá limitados algunos derechos, como el de circulación en plena libertad. Esto significa que el juez de control y las demás autoridades que conozcan su caso podrán concederle que se evite la mención de su nombre en los expedientes judiciales y que se utilice una manera de nombrarlo que no exhiba datos personales. Sus abogados sugirieron que se le llame “ERLA”, por las iniciales de su nombre completo: Emilio Ricardo Lozoya Austin.  

Así deberá ser en los archivos públicos si se le concede esa protección, a la que tiene todo el derecho como cualquier ciudadano mexicano. Pero no necesariamente deberá ser así en los medios de comunicación. La vigencia de algunos de sus derechos fundamentales le permitirá navegar con sus iniciales durante el proceso judicial, pero no debe salvarlo de la vigilancia desinteresada, propositiva y constructiva de la prensa y la ciudadanía, en tanto que su caso será paradigmático de la actuación de la Fiscalía General de la República, en un régimen político y de gobierno que tiene como bandera la lucha contra la corrupción. Los detalles del caso Lozoya son fundamentales para conocer y juzgar públicamente un periodo reciente de la historia política de México, que involucró a la mayor empresa pública del país, en un sector esencial para el desarrollo económico y de un simbolismo único para la identidad nacional.  

Hasta el momento, el capítulo de la trama del ex director de Pemex con la justicia mexicana se mantiene en suspenso. De cara a ambos procesos en los que se encuentra imputado, gozará de libertad condicional, por lo que no tendrá que pisar la prisión para enfrentar las acusaciones que pesan sobre él.  

En las últimas horas se dio a conocer que como parte de las medidas cautelares dictadas por los jueces de control que presidieron sus audiencias, se impuso el uso de un brazalete electrónico de localización, con el cual se registrará su ubicación y enviará alertas a las autoridades en lapsos de 30 y 60 segundos. Lozoya Austin deberá registrar con las autoridades el domicilio en el que permanecerá la mayor parte del tiempo para programar la localización, pero tendrá la oportunidad de movilizarse por la Ciudad de México y su zona conurbada.   

El ex director de Pemex se comprometió nuevamente a denunciar de manera «muy clara y contundente» los nombres, cargos que ocupaban y los métodos que fueron utilizados por las personas responsables de los hechos de los que se le acusa, «con el fin de que se sepa la verdad y se imparta justicia».  

Luis Videgaray Caso fue el hombre más cercano al ex presidente de México Enrique Peña Nieto.

La relación personal y profesional entre ambos data de la década de los 90, cuando Videgaray trabajaba para la empresa Protego, propiedad del ex secretario de Hacienda, Pedro Aspe Armella. 

A partir de entonces, la cercanía entre ambos llevó a Videgaray Caso a ser Secretario de Finanzas del Estado de México (2005) cuando Peña Nieto era gobernador de esa entidad, y luego, a ser coordinador de la campaña presidencial del priista en 2011. 

Una vez que Peña Nieto fue presidente de la República, Videgaray se convirtió en secretario de Hacienda y en el segundo hombre con más poder en el gobierno federal. Sus opiniones pesaban más que las de cualquier otro en el equipo cercano al mandatario. 

Dada su importancia, por la oficina de Videgaray Caso pasaban todos los temas fundamentales para el gobierno de Peña. No había asunto que se le escapara. Y justo por eso, hoy está señalado como uno de los alfiles del entramado de corrupción del sexenio anterior. Aprovechando su gran influencia sobre Peña Nieto, Luis Videgaray colocó a amigos cercanos en el primer círculo del político mexiquense. 

Emilio Ricardo Lozoya Austin, un joven licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), además de Maestro en Administración Pública por la Universidad de Harvard y con una importante trayectoria en empresas y organismos internacionales; llegó a la campaña presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) gracias a su amistad con Videgaray. 

Después de que Peña Nieto ganó la Presidencia, Luis Videgaray recomendó a su amigo Emilio para que ocupara la dirección de Petróleos Mexicanos (Pemex), en ese momento, la paraestatal más importante del país. Fue nombrado director en 2012. 

Durante la dirección de Emilio Lozoya al frente de Pemex, se concretó la llamada Reforma Energética y de la que -ahora se sabe- Lozoya Austin formó parte fundamental para “convencer” a punta de sobornos, a los legisladores de la oposición para que aprobaran la llamada “joya de la corona” del paquete de reformas estructurales del gobierno de Peña Nieto. 

Pero también durante su administración al frente de Pemex se desataron grandes casos de corrupción como el de Odebrecht, la compra de Agro Nitrogenados y Fertinal, así como el de “La Estafa Maestra”, en donde se desviaron millones de pesos a través de empresas fantasmas. 

Justo dos de estos casos, el de Agro Nitrogenados y el de Odebrecht, lo tienen hoy en el banquillo de los acusados. 

Los escándalos ocasionaron que Emilio Lozoya escapara de México, pero ante el asedio judicial, lanzó serias acusaciones contra el ex presidente Peña Nieto y quien había sido su gran amigo, Luis Videgaray. 

Aseguró que Peña Nieto, Videgaray Caso y el ex secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, avalaron la compra de Agronitrogenados. Incluso pidió que el ex presidente fuera citado a declarar como testigo. 

Los señalamientos tenían su origen algunos años atrás. De acuerdo con versiones periodísticas, Lozoya se enemistó con Videgaray Caso desde 2014, cuando en plenas negociaciones de la Reforma Energética, el director de Pemex buscaba que la ahora empresa productiva del Estado pudiera escoger “por dedazo” a sus socios privados para explotar campos petroleros, argumentando que así lo hacen las grandes petroleras del mundo. El entonces secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell alertó a Luis Videgaray de las pretensiones de Emilio Lozoya, por lo que ambos se opusieron a los planes del director de Pemex. Después, ya en el 2015, el ex secretario de Hacienda le pidió varias veces a Peña que quitara a Lozoya de la dirección de Petróleos Mexicanos. Por eso, Emilio Lozoya culpa a Luis Videgaray de que lo corrieran. 

Después de varios meses prófugo, el ex director de Pemex fue detenido el pasado 12 de febrero en un exclusivo fraccionamiento de Mallorca, España, debido a que el gobierno mexicano lo acusó de los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho. 

Luego de que el padre de Emilio Lozoya negociara con la Fiscalía General de la República (FGR) para que su hijo aceptara la extradición a México y a cambio ofrecería nombres de personajes de alto nivel del gobierno de Peña Nieto envueltos en casos de corrupción; Lozoya Austin llegó al país el pasado 17 de julio, a bordo de un avión enviado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Según versiones periodísticas, desde un principio, Lozoya ofreció al fiscal Alejandro Gertz Manero las cabezas de Peña Nieto y Luis Videgaray. En su “Declaración Nitrogenados” los acusó de ser los arquitectos de un mecanismo de corrupción desde el poder mismo. 

Además, ofreció unos presuntos videos en donde tendría grabados a políticos de alto nivel, principalmente legisladores de oposición, recibiendo sobornos millonarios a cambio de aprobar la Reforma Energética. Pero hasta el momento, ninguna de estas pruebas han sido presentadas por Lozoya. 

Durante sus dos audiencias virtuales (la primera por la compra-venta de la planta de Agro Nitrogenados y la segunda por el caso Odebrecht, ocurridas el 28 y 29 de julio, respectivamente) Emilio Ricardo Lozoya Austin (ERLA) aseguró no ser culpable de los delitos que se le imputan (lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho) ya que dijo, fue “intimidado, presionado influenciado e instrumentalizado” por personajes cuyos nombres dará a conocer. 

Aunque ambos jueces radicados en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México lo vincularon a proceso, le fueron otorgados seis meses para que presente las pruebas que asegura tener sobre la corrupción de Peña Nieto y su gabinete.  

Emilio Lozoya permaneció en el complejo hospitalario hasta la madrugada de este 1 de agosto, y ya porta el brazalete electrónico para “evitar” que salga de la zona conurbada. Son 16 días los que acumuló hospitalizado y, según el esquema bajo el que haya ingresado, son 14 días adicionales los que ha permanecido bajo revisión médica. Ahora, su proceso continuará bajo libertad condicional, ya que tendrá que portar un brazalete electrónico y cada 15 días tendrá que ir a firmar a la Unidad de Medidas Cautelares comenzando, supuestamente, hoy mismo. 

Doctor en Derecho y Notario; Analista y Columnista Sociopolítico; Consultor en Admon. y Políticas Publicas; Pdte. de Conciencia Cívica, A.C. y JALISCOenPLENO, A.C.
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