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2020-07-02
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Pobres como clientes: el modelo de AMLO perpetúa la pobreza

UN MODELO DE COMBATE A LA POBREZA BASADO EN TRANSFERENCIAS DIRECTAS E INSTITUCIONES DEBILITADAS, NO PUEDE LLEVAR MÁS QUE A INCREMENTAR LA DEPENDENCIA DE LOS POBRES AL DINERO PÚBLICO, Y PERPETUAR LA POBREZA

“Muchas falacias particulares en economía se basan en la mayúscula y, por lo general, implícita suposición de que las transacciones son un proceso sin resultados positivos, en el que lo que alguien gana, lo pierde alguna otra persona […] con el paso del tiempo, el hecho de que muchos lugares que alguna vez fueron pobres, como Hong Kong, Corea del Sur y Singapur, alcanzaron la prosperidad a través del comercio internacional más libre y de inversiones, llegó a ser flagrante y tan ampliamente conocido que, ya a fines del siglo XX, los gobiernos de muchos otros países comenzaron a abandonar su criterio de transacciones económicas sin resultados positivos. China e India han sido ejemplos sorprendentes de naciones pobres cuyo abandono de severas restricciones al comercio internacional y a las inversiones condujeron a impresionantes aumentos en sus índices de desarrollo económico. Otro modo de considerar esto es que la falacia sin resultados positivos ha mantenido a millones de personas innecesariamente empantanadas en la pobreza durante generaciones […] Eso es un precio muy alto a pagar por una suposición no corroborada. Las falacias pueden tener impactos inmensos”.

Economía: verdades y mentiras. Thomas Sowell. 

  

El agitado gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México, toca el puerto de los dos años de haber sido elegido por una mayoría de quienes acudieron a votar la jornada del 1 de julio de 2018. Como este es un gobierno de símbolos permanentes, no podía dejarse pasar la fecha, aunque el gobierno no asumió sino el 1 de diciembre de 2018. 

Por otro lado, para nada es desacertado, si consideramos que desde esa fecha, hasta el último día de noviembre, el presidente Enrique Peña Nieto permitió que el presidente electo interviniera directamente en decisiones esenciales. Destaca la cuestionable votación organizada por sus correligionarios de Morena, y no por la autoridad electoral, para echar abajo el aeropuerto de Texcoco, la nueva terminal aérea de la Ciudad de México, sin cubrir requisitos mínimos de certidumbre y validez, y que ha venido a marcar a la administración que preside el tabasqueño. Para sus entusiastas partidarios, esto demostró que la iniciativa regresó a la política y se le quitó a la economía. Que el mandatario mostró quién manda en este país. Para sus críticos, es una pésima señal a los mercados (percepción que se ha confirmado con otras cancelaciones de proyectos avanzados, como la de la cervecera Constellation Brands en Mexicalli, conflicto de 1,600 millones de dólares en el que la empresa estadounidense ha preferido una reubicación todavía no determinada al pleito en tribunales) que se refleja en el descenso de la inversión privada, la pérdida de calificación del país para inversionistas internacionales, todo agravado por la pandemia del coronavirus (COVID 19) en la que los pronósticos de decrecimiento económico rondan al menos 10 por ciento, algo inédito desde los tiempos de la revolución mexicana.

Este es un buen contexto para abordar el tema central del gobierno lopezobradorista: su oferta de privilegiar a los pobres. Desde el primer día de la gestión gubernamental, el mandatario ha ordenado replantear el gasto público para canalizar, como nunca antes, miles de millones de pesos para entregas directas (inicialmente, sin padrones públicos de beneficiarios, sin reglas de operación, sin deslindar a Morena o al presidente de un ejercicio que de este modo se desvirtúa como política pública y es visto como acto de promoción clientelar de la figura presidencial). A la par, este inédito gasto en transferencias ha llevado a debilitar los presupuestos de bienes públicos esenciales para el desarrollo: educación, salud (desde la cancelación del seguro popular hasta la merma de gasto para organismos y medicamentos para la atención de enfermedades crónicas de alto costo, como el cáncer o la insuficiencia renal), subsidios al campo, instituciones de medio ambiente, investigación científica, mantenimiento de zonas de riego. Es decir, las transferencias directas fortalecen la imagen del presidente, pero debilitan los bienes públicos que, la experiencia mundial dicta, son fundamentales para que las personas salgan de la pobreza.

Esto termina como carambola de varias bandas, para hablar como jugador de billar: uno, el presidente supuestamente de ideología izquierdista ha reducido a niveles nunca vistos en 30 años de neoliberalismo, la capacidad del Estado para atender los temas esenciales del desarrollo. Parece seguir de forma ortodoxa la receta para la crisis que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han recetado desde las crisis ochenteras de los países endeudados. Los recortes son tan extremos, que los críticos ya hablan de “austericidio”. Uno de los pretextos favoritos del presidente es que un Estado adelgazado no da ocasión a la corrupción, pero omite que una transferencia directa, por más cuantiosa que sea, jamás podrá cubrir los costos de bienes públicos cuyo acceso implican subsidio focalizado del Estado, y por lo tanto, son mucho más caros en el mercado (no vayamos más lejos: salud, educación). 

Dos, el presidente se brinca a esa molesta sociedad civil que ve como lavadora de imagen de las empresas capitalistas (una retórica de izquierda tradicional que no sintoniza con el Estado adelgazado), pues el sistema de transferencias focalizadas se dio, durante tres décadas, con organizaciones de la sopciedad civil que a cambio entregaban su conocimiento técnico, su tiempo, y su capacidad de gestión ante fondos internacionales. A López Obrador le disgusta ese protagonismo porque le disgusta todo lo que no puede controlar. Esto nos lleva a la tercera banda.

Tres, debilitar organismos constitucionales autónomos, descentralizados, desconcentrados. Las tareas que estos desempeñan necesariamente es un acotamiento de los amplios poderes presidenciales del pasado. Luego, regresar esas funciones a las secretarias sectorizadas es el mejor modo de ejercer el control directo. No hablemos de organismos directamente involucrados en lo político, como el INE (Instituto Nacional Electoral), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (recientemente degradada en su protagonismo), o el amplio sector de la transparencia, la rendición de cuentas y el combate autónomo a la corrupción (nuevamente, provocan gran irritación en el jefe del Ejecutivo por entrometerse en un poder legítimamente electo, que por lo visto, significa que no debe ser contrapesado y regulado). Vayamos a instituciones esenciales para que se gestionen las áreas protegidas y el capital biológico del país, incluida la aprobación de manifestaciones de impacto ambiental que al gobierno le urge obviar para sacar adelante, aceleradamente, proyectos potencialmente dañinos del patrimonio natural, público, como la refinería Dos Bocas, el corredor transístmico o el famoso Tren Maya, y que vulneran derechos de los dueños de la tierra y de sus culturas, los pueblos indios. Hay además el tema político/económico de las energías fósiles retomadas en detrimento de las renovables, cuyas consecuencias para la salud ambiental y económica del país pueden ser descomunales (el no cumplimiento de los acuerdos mundiales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero es uno de los más preocupantes). El debilitamiento o la desaparición de organismos afecta áreas de salud y educación (la revisión de la calidad educativa está muerta como hace una década) también repercutirá directamente en las posibilidades de que los pobres dejen de serlo.

Cuatro, ya referimos el descenso de la inversión privada, pero es indispensable subrayarlo: no hay éxito contra la pobreza si no hay inversión de particulares y no subsisten sus negocios. Casi 80 por ciento del empleo lo dan en este país micro, pequeñas y medianas empresas. Y el daño a los empleos con la pandemia va a ser mayor del que ya se registraba con estas tendencias hostiles a la inversión. Aparejado, hay una preocupante insistencia en negar la necesidad de crecimiento para lograr un desarrollo más equitativo (si no hay riqueza por repartir, lo que se reparte es pobreza). También, no termina de haber un compromiso completo para afrontar de forma decisiva una de las deficiencias mayores para el desarrollo de los pobres: la brecha digital. Por el contrario, los políticos parecen empeñados en controlar la caótica libertad de las redes sociales y no convertir el acceso a lo digital en el derecho humano que debería ser, y cuya consecución explica muchos éxitos rotundos en la batallas por el desarrollo en países hace cuatro décadas más atrasados que México: Corea del Sur, Taiwan y Singapur.

¿DE ESTO HABLABA EL PRESIDENTE CUANDO DIJO QUE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS LE HABÍA CAÍDO COMO “ANILLO AL DEDO”?

Lo cierto es que durante estos meses de angustias económicas, los golpes al viejo modelo de desarrollo se siguen uno tras otro, y apenas se ha podido contener la intervención en el INE o a la entrega de atribuciones presupuestarias del Congreso de la Unión al arbitrio presidencial. La pregunta que nos debemos hacer: ¿la receta lopezobradorista es congruente con la meta de reducción de la pobreza, o sólo sirve para darle mantenimiento? 

La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), destaca el valor de programas focalizados para reducir problemas, por ejemplo, de desnutrición, cuyo efecto en perpetuar la pobreza, es devastador (ver http://www.fao.org/3/y6265s/y6265s03.htm). En general, nada de lo planteado se puede resolver con un mero programa de transferencias sin condiciones. Se necesitan robustos sistemas de educación, salud y transferencia de conocimiento.

“Las personas que viven en países pobres que padecen inseguridad alimentaria tienen más probabilidades de fallecer como consecuencia de un desastre natural que aquéllas que han desarrollado unas estrategias mejores para hacer frente a éstos y protegerse a sí mismas. A menudo las situaciones de crisis crean las condiciones para que las carencias básicas de micronutrientes se conviertan en brotes importantes de enfermedades como pelagra, escorbuto”. 

En general, “un desarrollo agrícola centrado en los pequeños agricultores, sumado a políticas para aumentar la capacidad de los pobres de acceder a los alimentos, ofrecen la mayor esperanza de lograr una reducción rápida de la pobreza y el hambre generalizadas […] la nutrición puede mejorarse a un costo reducido. Las intervenciones nutricionales directas destinadas a abordar el problema de la malnutrición y de las carencias de micronutrientes resultan eficaces y presentan un costo relativamente bajo en relación con los resultados obtenidos, pero han de combinarse con otras clases de actividades: promoción de la lactancia materna, servicios de nutrición prenatal, comunicación y educación nutricional, servicios relacionados con la sanidad y suministro de los suplementos de micronutrientes”, añade el documento. “Existen poderosas razones para que los gobiernos inviertan en la nutrición. Las inversiones de la población pobre en la nutrición serán sumamente bajas y es posible que la tendencia a favorecer a los niños haga que la inversión en la nutrición de las niñas sea insuficiente. El resultado es que la pobreza se transmite de generación en generación. Es improbable que los padres de los niños de países en desarrollo conozcan la importancia de los micronutrientes; la educación nutricional a este respecto constituye un bien público de rendimiento elevado”, subraya.

Agreguemos a esto “las inversiones nacionales en riego, investigación e infraestructura rural, generación y difusión de tecnología, conservación de los recursos naturales y establecimiento y aplicación de las normas, son necesarias para aumentar la productividad, reducir los costos de transacción y mejorar la competitividad […] debe incrementarse la inversión gubernamental en bienes públicos esenciales para permitir e incentivar la inversión privada, ya que de no ser así la inversión seguirá siendo insuficiente”. El sector público “cumple una función catalizadora al proporcionar los bienes públicos sin los cuales la iniciativa privada no puede prosperar. Sin embargo, la mayor parte de los recursos necesarios para la agricultura y el desarrollo rural serán movilizados por el sector privado”.

El dinero del estado es esencial “en ámbitos como la investigación y extensión agrícolas; la educación; la infraestructura y los servicios; los incentivos y la reglamentación para la ordenación sostenible del agua y los recursos naturales; programas sociales descentralizados en colaboración con el sector privado y la sociedad civil; las instituciones del mercado; la legislación sobre la propiedad; los sistemas de salvaguardia de los alimentos y la calidad de los productos alimenticios”.

Esta cadena de requerimientos a partir de la atención de cada niño en estado de pobreza y desnutrición, es a la larga la mejor inversión. Omitir construir un sistema a partir de la nutrición “reduce en quienes las padecen la capacidad para desarrollar una actividad física y, por tanto, disminuyen su potencial productivo en el trabajo, que suele ser su único bien. Menoscaban la capacidad de las personas para desarrollarse físicamente y mentalmente, retrasan el crecimiento infantil, reducen la capacidad cognitiva y limitan considerablemente la asistencia a la escuela y el rendimiento escolar, comprometiendo la eficacia de las inversiones en educación. Provocan graves perjuicios a largo plazo para la salud, vinculados a unos índices más altos de enfermedad y muerte prematura. Se transmiten de una generación a otra: las madres que padecen hambre dan a luz niños con insuficiencia ponderal, que empiezan a vivir con desventaja. Contribuyen a la inestabilidad social y política, que mina aún más la capacidad del gobierno para reducir la pobreza. Por lo tanto, existe la posibilidad de que las personas que padecen subnutrición crónica se vean atrapados en el círculo vicioso del hambre: productividad baja, pobreza crónica, hambre”.

En la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, el artículo “El papel del Estado en el alivio a la pobreza en la era neoliberal”, de Christian Iván Becerril Velasco, doctor por la Universidad de York, destaca: “desde la perspectiva del enfoque de las capacidades, el ingreso y el consumo son tan sólo instrumentos para alcanzar aquello que en realidad importa: el rango de opciones y oportunidades para vivir de la manera deseada por el individuo. El logro de tal tipo de vida se determina por un conjunto de capacidades que representan las oportunidades que tiene una persona para alcanzar la vida deseada. Un aumento en las capacidades de cada persona mejorará su libertad de elegir el modo de vida que le es más valioso y que desea vivir. La percepción respecto al desarrollo humano, de este modo, consiste en el retiro de las fuentes principales de no libertad en lo social, lo político y lo económico, dispuestas en factores como la pobreza, la carencia de oportunidades económicas, el abandono de servicios básicos como la educación y la atención a la salud, la falta de oportunidades para participar en el proceso público de toma de decisiones, y la privación de la protección social. Eliminar estas fuentes, entonces, reforzaría y realzaría las capacidades de la gente para maximizar sus potencialidades”.

Y cita al premio nobel de economía, Amartya Sen, de nacionalidad india: “la pobreza se considera ‘la peor forma de privación humana, ya que puede implicar no sólo la ausencia de elementos necesarios para el bienestar material, sino también la negación de las oportunidades para llevar una vida tolerable’. El cambio de paradigma del ingreso o el consumo hacia la noción de capacidades ‘aumenta la comprensión de la naturaleza de la pobreza y sus causas, al alejar la atención de los medios (como el ingreso), para llevarla a los fines. Esto es, que la gente tienen motivos para buscar, y de manera correspondiente, para alcanzar, las libertades para poder conseguir dichos fines’. Dentro de este marco, la pobreza implica la imposibilidad de emprender proyectos de vida autónomos, ya que los pobres carecen de las mismas oportunidades para adquirir o tener acceso a los medios para llevar a cabo sus proyectos”.

Esto ha conducido “a que haya un renovado énfasis en la importancia del papel del Estado como actor crucial para el alivio a la pobreza mediante la cobertura de servicios básicos tales como la atención a la salud o la educación, de modo que las personas pobres puedan obtener un ingreso sostenido dentro del mercado de trabajo para salir de la pobreza, lo que se materializa −entre otras políticas−con las transferencias monetarias condicionadas”. La palabra “condicionadas” marca un abismo entre lo que plantean los expertos y lo que hace el gobierno mexicano actualmente. 

El tema ambiental. La Organización Para la Cooperación y Desarrollo Económico, del cual es miembro México, señala en su documento “Perspectivas económicas de América Latina 2019 : desarrollo en transición” lo que denomina “la trampa medioambiental” en el desarrollo. “Muchas economías hacen uso intensivo de materiales y recursos naturales, lo que podría llevarlas a una dinámica insostenible en términos ambientales y económicos. Es difícil —y costoso— abandonar una vía de crecimiento de alto contenido de carbono. Además, los recursos naturales en los que se basa el modelo se van agotando a medida que pasa el tiempo, lo que lo vuelve insostenible. Esto ha cobrado importancia dado el mayor compromiso global para combatir los efectos del cambio climático”. No hay pues, un verdadero combate a la pobreza que se logre si se merma o destruye el patrimonio natural. 

En las Perspectivas de la Economía Mundial, del Fondo Monetario Internacional (FMI), se señala que “los impactos negativos más grandes de los desastres naturales cuya frecuencia ha aumentado debido al calentamiento global se sienten en los países tropicales. Casi todos los países de bajos ingresos son tropicales. Sin embargo, estos países son los menos capaces de protegerse a sí mismos. Por lo tanto, son víctimas inocentes de los fenómenos atmosféricos de los que no son en absoluto responsables. Al evaluar estos riesgos, se debe partir de la proposición de que el calentamiento global causado por el hombre es una realidad. El colectivo intelectual dedicado a negarla está bien financiado y se hace oír. Pero sus argumentos son muy poco convincentes. La física subyacente es innegable. Además, la conexión empírica entre las crecientes concentraciones de gases de efecto invernadero y la temperatura es inequívoca. Si se toman pocas medidas, o ninguna, para finales del siglo las temperaturas medias pudieran aumentar 4 grados centígrados, o más, por encima de los niveles preindustriales. Conscientes de los largos plazos de espera necesarios para tomar medidas efectivas, tanto para mitigar el cambio climático como para adaptarse a él, las personas más sensatas se muestran dispuestas a actuar de inmediato”.

El documento, difundido por Martin Wolf, del Financial Times, añade: “Los principales obstáculos para dicha acción son tres. Primero, los intereses económicos concretos, especialmente dentro de la industria de los combustibles fósiles, se oponen a actuar. Segundo, los partidarios del libre mercado, que desprecian tanto a los gobiernos como a los defensores del medio ambiente, rechazan la ciencia, debido a sus detestables (según ellos) implicaciones políticas. Tercero, en los países más pobres pocos están dispuestos a sacrificar su nivel de vida, por el bien del futuro, o el de la gente. Entonces, ¿cuál es la prueba del impacto sobre los más pobres de la falta de acción? Las temperaturas más elevadas hacen que una variedad de desastres relacionados con el clima sean más probables porque habrá más energía en el sistema climático. Dichos efectos incluirán una mayor frecuencia, y un mayor daño, de ciclones, de inundaciones, de olas de calor y de incendios forestales”.

Además, “la mayor frecuencia de eventos climáticos extremos también causará relativamente más daño a los países más pobres. Esto ocurre por dos razones: estos países están ubicados en las regiones del mundo con mayor probabilidad de ser afectadas negativamente; y son menos capaces de protegerse contra el impacto o de gestionarlo debidamente. Para un país en desarrollo de bajos ingresos, con una temperatura media de 25 grados, el efecto de un aumento en la temperatura de 1 grado supone una caída en el crecimiento de ese año en 1,2 puntos porcentuales. Además, el impacto es duradero. Estos costes provienen de los efectos adversos del calor sobre la productividad, la producción agrícola y la salud. El calor extremo es costoso. La adaptación al clima extremo sigue siendo muy difícil para los países pobres. Este otoño hemos presenciado el impacto mucho más dañino de las grandes tormentas en los países más pobres, como los del Caribe, que en los mucho más ricos, como Estados Unidos”.

Es posible que las naciones más ricas reduzcan estos impactos adversos. “Los países con mejores infraestructuras, con unos mercados de capital mejor regulados, con tipos de cambio flexibles y con instituciones más responsables y democráticas se recuperan más rápido económicamente del impacto adverso de los choques ocasionados por las temperaturas. Las regiones cálidas de los países de altos ingresos también lidian mejor con los efectos los países más pobres. Todo esto respalda la opinión de que es probable que los países más pobres sean los más afectados por el aumento de las temperaturas, ya que la población de esos países es más vulnerable. Con el aumento de temperatura previsto para 2100 como consecuencia del cambio climático los ingresos anuales reales per cápita de un país de bajos ingresos serían un 9 por ciento más bajos de lo que habrían sido en condiciones normales. Dicho pronóstico ignora los riesgos e incertidumbres en torno a tales estimaciones. Un planeta 4 grados más cálido que la media preindustrial sería tan distinto al que estamos acostumbrados, que las implicaciones son, en gran parte, imprevisibles”.

El análisis del FMI “conlleva una serie de graves implicaciones. La primera y más importante es que los países de bajos ingresos necesitan desarrollarse rápidamente para estar mejor capacitados para abordar el cambio climático. La segunda es que su desarrollo debe ser consistente con la mitigación del aumento de las temperaturas globales. La tercera es que necesitamos rápidas mejoras en las tecnologías relevantes. La cuarta es que debemos ayudar a los países pobres a adaptarse a los cambios en el clima que seguramente sucederán. La quinta es que debemos desarrollar seguros contra las catástrofes relacionadas con el clima en los países pobres. No debiéramos permitir que lo urgente nos impida pensar en lo importante. Los retos vinculados al clima y al desarrollo configurarán el futuro de la humanidad”. 

La respuesta del gobierno de AMLO ha sido ignorar el propio conocimiento generado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático sobre cómo adaptar la economía al reto del cambio climático. Y potenciar negocios dudosos con energías fósiles y deforestación, que reducen la resiliencia de los sistemas naturales y sociales del país. Es decir, un camino a mayor pobreza.

La tercera consideración de por qué la forma de encarar la pobreza por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es insuficiente: la inseguridad. Ésta no sólo golpea a los ricos, como dijo el mandatario en su informe del pasado 1 de julio. Golpea, de forma mucho más importante y definitiva, a los más pobres. Si persiste la violencia, la pobreza sólo se recrudecerá. El artículo “¿Son los pobres las víctimas de la inseguridad en las metrópolis de México?”, de los investigadores Cinthya Caamal, Lourdes Treviño y Jorge Valero, ofrece datos duros.

“…mientras mayor sea la escolaridad del jefe del hogar, la probabilidad de victimización se reduce. […] cuando se incluyen diferentes rangos de ingreso se observa que aquellas familias que obtienen un ingreso familiar de entre 3,001 y 9,000 pesos tienen una probabilidad de victimización 2.5 por ciento menor relativa a quienes ganan menos de 3,000 pesos. Para los que obtienen un ingreso mayor a 9,000 pesos, la probabilidad de ser víctima relativa a los de menores ingresos es de 1.8% menos”.

Los hogares en situación de pobreza, ubicados en las denominadas Zonas de Atención Prioritarias, “son más propensos a ser víctimas de delito que los que no pertenecen a esta categoría. Los hogares con jefes más educados o con mayores ingresos son menos propensos a ser víctimas que los hogares menos educados o de menores ingresos. Un dato relevante es que solamente 39 por ciento de las víctimas denunciaron el delito; de este porcentaje, el 70 por ciento de los denunciantes no vivían en zonas de atención prioritaria (no son pobres)”. 3 mil muertos por violencia al mes no pueden ser una buena noticia. La mayor parte de esos muertos la ponen los más depauperados. ¿Quién se atreverá a montar un negocio en esas circunstancias de corrupción, extorsión, amenazas y muerte?

De manera que un modelo de combate a la pobreza basado en transferencias directas e instituciones debilitadas, no puede llevar más que a incrementar la dependencia de los pobres al dinero público, y perpetuar la pobreza. Inquieta el elogio religioso de esa condición que el presidente López Obrador ha proferido de forma reiterada. No sólo es un mensaje premoderno, antilibertario y profundamente reaccionario, sino que se niega a formular el tema decisivo de la economía: “lo que se precisa explicar no es la pobreza, sino la creación de riqueza, y las cosas que incrementan y disminuyen la capacidad para crearla” (Thomas Sowell, Economía, verdades y mentiras). 

Agustín del Castillo es periodista con tres décadas de andanzas, especialmente en temas ambientales, de desarrollo urbano y rural, que defiende como asuntos eminentemente políticos. Sus dos fes están en dos nociones precarias: la democracia liberal y las chivas del Guadalajara
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