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2020-06-12
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Solís Gómez y la represión

El gobierno de Jalisco históricamente ha respondido con el hostigamiento y la represión a los movimientos sociales que han germinado en el estado, con violencia, persecución, encarcelamiento, tortura, desaparición y hasta ejecuciones extrajudiciales. Todo esto ha sido una constante en la historia local.  Los episodios represivos del gobierno contra movilizaciones sociales en Jalisco son incontables,... Read More

El gobierno de Jalisco históricamente ha respondido con el hostigamiento y la represión a los movimientos sociales que han germinado en el estado, con violencia, persecución, encarcelamiento, tortura, desaparición y hasta ejecuciones extrajudiciales. Todo esto ha sido una constante en la historia local. 

Los episodios represivos del gobierno contra movilizaciones sociales en Jalisco son incontables, pero en años recientes destacan dos: la represión del gobierno de Francisco Ramírez Acuña (panista) en contra de las movilizaciones de altermundistas en mayo de 2004, y la represión del gobierno de Enrique Alfaro Ramírez (Movimiento Ciudadano) en contra de la movilización que exige justicia contra el asesinado de Giovanni López Ramírez y contra los abusos y represión policiaca. 

Coincidentemente en estos dos hechos represivos ha participado un personaje público: Gerardo Octavio Solís Gómez.

En 2004 era Procurador General de Justicia en el gobierno del panista Ramírez Acuña. Ahora, en el gobierno de Enrique Alfaro ocupa el cargo de Fiscal General del Estado.

En los hechos represivos de mayo de 2004 no sólo no fue despedido del cargo y sancionado, como recomendó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sino que fue premiado. En efecto, Ramírez Acuña lo convirtió en secretario General de Gobierno y posteriormente lo empujó para que fuera gobernador interino del estado cuando el represor gobernador panista fue llamado por Felipe Calderón Hinojosa para ocupar el puesto de Secretario de Gobernación de su presidencia, cuestionada por alegatos de fraude electoral.

Ahora no puede repetirse la historia. Solís Gómez no puede permanecer al frente de la FGE después del dispositivo represivo desplegado el pasado 5 de junio. 

Los hechos represivos de los días anteriores, especialmente el Halconazo tapatío ocurrido el 5 de junio, están frescos, pero vale la pena recordar lo que ocurrió en mayo de 2004.

Ese año el gobierno mexicano fue responsable de organizar la III cumbre de jefes de Estado de América Latina, El Caribe y la Unión Europea y (Alcue), y se decidió que la sede fuera Guadalajara. Entre el 26 y el 29 de mayo llegaron a Jalisco 52 jefes de Estado como Hugo Chávez (Venezuela), Gerhard Schröder (Alemania), Lula da Silva (Brasil), Jacques Chirac (Francia), Ricardo Lagos (Chile), y José Luis Rodríguez Zapatero (España). 

Las reuniones oficiales se realizaron en el Instituto Cultural Cabañas y para ello el gobierno mexicano y el de Jalisco tomaron la decisión extrema de blindar todo el primer cuadro de la ciudad, no sólo el Cabañas. 

En paralelo a la cumbre de jefes de Estado, diversas organizaciones del país y del mundo convocaron a una actividades alternas que incluían foros, debates, intercambio de experiencias. Al final, se convocó a una marcha el viernes 28 de mayo desde la glorieta de La Minerva hasta el centro de la ciudad. Participaron unos 10 mil manifestantes del país y de otras partes del mundo de manera pacífica, hasta que a llegar el centro de Guadalajara, en el cruce de las avenidas Juárez y 16 de Septiembre, ocurrió un enfrentamiento con los policías que apostadas en el lugar. Penetrar más adelante era imposible debido a la muralla de vallas metálicas de 2.5 metros que el gobierno había instalado en todo el centro de la ciudad. 

Para muchos de los organizadores de la manifestación, el enfrentamiento que ocurrió con la policía fue obra de provocadores y con el propósito de desatar la represión. Y así ocurrió. Después de minutos de enfrentamiento entre supuestos manifestantes y la policía, desde el gobierno del estado se dio la orden de perseguir y reprimir. Durante varias horas, desde las 7:00 pm del viernes hasta horas de la madruga del sábado 29 de mayo, policías estatales y municipales de Guadalajara golpearon, reprimieron y torturaron a cerca de 160 personas. La mayoría habían participado en la manifestación de modo pacífico, pero muchos otros ni siquiera habían acudido a la protesta. Eran civiles que fueron golpeados, torturados y encarcelados solo porque se encontraban al azar en las zonas donde de desplegó la represión. 

El actual fiscal, junto con el gobernador Ramírez Acuña y el entonces presidente municipal de Guadalajara, Emilio González Márquez, fueron los responsables de ordenar dicho operativo represivo. 

Según el Informe Especial elaborado por la CNDH, en el dispositivo represivo del 28-29 de mayo de 2004 se comprobaron “73 retenciones ilegales, 55 tratos crueles y degradantes, 73 incomunicaciones y 19 casos de tortura, todo lo cual atentó contra la dignidad humana, la integridad física, la legalidad y la seguridad jurídica de las personas”.

La CNDH emitió varias recomendaciones al gobernador Ramírez Acuña en agosto de 2004. La primera de ellas pedía sanciones contra los responsables de la Procuraduría a cuya cabeza estaba Solís Gómez. Así se redactó en el informe de la CNDH: “Se giren las instrucciones necesarias a fin de que se inicie procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los servidores públicos de la Dirección General de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia de esa entidad federativa, por las violaciones a los derechos en que incurrieron durante los hechos de violencia ocurridos el día 28 de mayo de 2004 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, lo cual culminó con detenciones arbitrarias, retenciones ilegales, tratos crueles y degradantes, incomunicaciones, y torturas de las personas ajenas a los mismos que fueron descritos en las observaciones del presente informe especial”.

Pero como ya relaté arriba, Solís Gómez no solo no fue retirado del cargo, ni sancionado, sino que fue premiado. Ramírez Acuña se pasó por los huevos las recomendaciones de la CNDH. 

No puede ocurrir lo mismo 16 años después. Aún no hay un informe de comisiones de derechos humanos sobre lo que ocurrió en días recientes, pero no se puede ser tan ingenuo para pensar que el fiscal y el gobernador no son corresponsables del dispositivo represivo ocurrido ahora el pasado 5 de junio, ya sea por comisión o por omisión.

¿Qué ocurrió el viernes 5 de junio en Guadalajara? uno de los hechos represivos más infames de la historia política de la entidad. Como loablemente se difundió en redes sociales por los agredidos desde la misma tarde-noche de ese aciago viernes 5 de junio, escuadrones de policías ministeriales estuvieron a cargo de un dispositivo represivo en el que participaron decenas de integrantes de la FGE armados rudimentariamente de palos, bates, tubos, maderas con clavos y hasta huesos de animales utilizados para golpear a los detenidos.

Esa jornada se convirtió en el Halconazo tapatío, por la semejanza que tiene con otro hecho represivo destacado en la negra historia de la violencia estatal en contra de los movimientos sociales en México: el Halconazo, una violenta represión cometida el 10 de junio de 1971 por el grupo llamado Los Halcones, patrocinado por la regencia de la capital del país, en contra de una manifestación de solidaridad a una huelga en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se calcula que dejó 120 muertos y cientos de heridos. 

Las explicaciones que han dado el gobernador Enrique Alfaro y el fiscal Solís Gómez del episodio del 5 de junio es que ellos no ordenaron este despliegue represivo y que en todo caso hubo áreas de la Fiscalía que siguieron órdenes ajenas, y se apuntó al crimen organizado, es decir, a la participación del Cartel Jalisco Nueva Generación. 

Ya sea que el gobernador y el fiscal estén diciendo la verdad, o que mientan y sí tengan responsabilidad en lo que ocurrió la tarde-noche del 5 de junio, ambas versiones son inquietantes o preocupantes, pues implica que la represión fue ordenada desde los altos mandos políticos del estado, o que la represión fue ordenada por el cártel dominante de la plaza que tiene infiltrada a la corporación encargada de procurar justicia en el estado. 

En cualquiera de estas dos versiones es insostenible la permanencia de Solís Gómez en la fiscalía.

Y más considerando su negro pasado represivo, no solo de mayo de 2004. 

El historial represivo de las instituciones que dirige Solís Gómez es bastante negro, según acaba de recordar Luis Herrera de Reporte Índigo: “la CEDHJ había advertido desde su Recomendación 6/2006 que la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) había adoptado la tortura como una práctica sistemática en el lapso 2001-2006, el cual estuvo en su mayor parte en manos de Solís Gómez (éste dirigió la PGJE durante 2000-2005) (…) En ese periodo se recibieron en este organismo 640 quejas por posible tortura”.

En esa recomendación de la CEDHJ, se detallaron los métodos represivos de la procuraduría encabezada por Solís Gómez: “Aplicación de toques eléctricos; se les acuesta boca arriba en colchones mojados, atados de pies y manos, y se les colocan trapos húmedos en nariz y boca, sobre los cuales se les arroja agua para provocar asfixia momentánea; (…) se les cubre la cabeza con bolsas de plástico para impedir la respiración; intimidación mediante la amenaza de causar daños a familiares (…) desnudarlo; realizar detonaciones de armas de fuego cerca de la víctima”.

Solís Gómez debe dejar el puesto. ¿Por qué razón se le mantiene en el cargo? ¿Qué intereses poderosos representa que no se le puede tocar? ¿Un titular de una procuraduría o fiscalía no sabe cómo sus subordinados están obteniendo confesiones? No es creíble. Solís Gómez debe irse. Y para rematar, cabe la pregunta: ¿un gobernador no sabe cómo su fiscal obtiene confesiones o cómo reprime a la sociedad? No es creíble. 

Periodista independiente. Conductor de @CosaPublica2 en @RadioUdeG. Al pendiente de las resistencias vs el despojo y las luchas sociales
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