LA INCOMPETENCIA DISFRAZADA DE COMPLOT

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Enrique Alfaro y Gerardo Octavio Solís pusieron de nuevo a Jalisco en el ojo internacional por los abusos policiales y las violaciones a los derechos humanos, en su desesperado esfuerzo por salvar su pellejo político y, en el caso de Alfaro, tratar de mantener en pie las intenciones de ser candidato presidencial a costa de lo que sea. 

Los disturbios y represiones de los días recientes con motivo de las protestas por el asesinato de Giovanni López en Ixtlahuacán, dejaron a la vista las truculencias del poder, situaciones que pusieron en riesgo la vida de muchísimas personas y que hacen sospechar de montajes que, aunque no terminaron en tragedia, si pueden configurar un absoluto desprecio por la vida humana.

La violencia inició desde el 19 de abril cuando el diario oficial El Estado de Jalisco publicó el acuerdo de Alfaro para que las 135 policías municipales ejercieran “tolerancia cero” contra quienes salieran de sus casas sin cubrebocas. Dejar a criterio de muchos policías sin capacitación el ejercicio de una medida represiva de por sí, provocó una buena cantidad de abusos, el peor de todos contra Giovanni.

Que Alfaro y Solís digan que Giovanni fue detenido por “una falta administrativa” y no por no usar cubrebocas, es el argumento del tío Lolo, porque no usar cubrebocas es una falta administrativa según los términos del acuerdo alfarista de “cero tolerancia” y las multas y penas que en él se establecieron.

Pero además hace unos días Christian, hermano de Giovanni, reiteró -en un vídeo en redes sociales que no ha tenido la suficiente difusión- que la detención sí ocurrió porque su familiar no portaba cubrebocas. “Usted miente al decir que no fue por un cubrebocas, inventando que estaba drogado o cualquier cosa”, le dijo a Alfaro.

Pero bueno, dejemos en que lo detuvieron por “una falta administrativa”. El 5 de mayo, en su reporte cotidiano, la Fiscalía dio cuenta de forma muy escueta de haber iniciado una investigación por lo ocurrido, pero sin mencionar en algún momento que la muerte de Giovanni sucedió bajo custodia de los policías de Ixtlahuacán.

“Masculino occiso por contundentes, 30 años. Lugar de los hechos: Servicios Médicos Municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos. Hechos: Se informó que en el interior del lugar de referencia se localizó el cuerpo de un hombre quien falleció al parecer por golpes. Los hechos son investigados por personal de la Fiscalía del Estado”, dice el reporte.

Es todo, pero sirve para demostrar no sólo la importante omisión al no mencionar a la policía como posible causante, sino que desde el 5 de mayo la Fiscalía tenía conocimiento y por tanto, debía estar investigando el crimen.

No pasó así pues como en otros muchísimos asuntos y denuncias el caso quedó estancado hasta que el 3 de junio, a casi un mes de los hechos, la familia de Giovanni desesperada por la falta de resultados y existiendo tantos elementos para detener a los responsables, denunció a través del portal de internet LatinUs la información sobre su asesinato y mostró el vídeo de su detención.

No fue un reportaje que esperó para publicarse hasta que policías racistas mataron a George Floyd el 25 de mayo -como “denuncia” Alfaro en la entrevista del domingo 7 de junio en Televisa-, sino que surgió justo por la falta de acción de las autoridades y la natural indignación de los familiares por esa causa, muy valientes por cierto al animarse a exhibir el vídeo de la detención de Giovanni pese a las amenazas que dicen haber recibido para no hacerlo.

Por sí misma la información creció, la naturaleza de una buena nota no necesita alicientes ni pautas -tampoco sobran- pero todos los días vemos información que se convierte en tendencia sin necesidad de que se les inyecte dinero para alcanzar mayor auditorio.

Si Alfaro, experto en los temas de inserciones pagadas, tiene pruebas de que así ocurrió como dice, debería presentarlas.

Eso hizo que se llegara a la jornada de protesta del 4 de junio, violenta y concurrida esta sí por la coyuntura de las protestas antirracistas, legítima además ante la brutalidad que debió sufrir Giovanni para morir molido a golpes.

Alfaro dice que hubo grupos violentos y embozados que se infiltraron en la manifestación y fueron causantes de la violencia, lo cual de ser cierto tendría también que probar. ¿Cómo supo, por qué no hay fotografías o vídeos de ellos en los “escondites” de donde surgieron?

Mostrar la imagen y publicaciones durante la manifestación de un hombre calvo, de barba, al que ligan a Morena y a otras marchas en el país es además de insuficiente hasta ridículo. Bajo esa narrativa tal sujeto, que más bien por las estupideces que dice parece un bot encarnado que un activista ligado a Morena, habría sido el instigador principal traído desde “los sótanos del poder en la Ciudad de México” aunque en los hechos nadie en la manifestación lo peló, salvo los alfaristas buscando justificaciones y complots.

Lo que sí fue un hecho en la manifestación del 4 de junio fueron varias situaciones atribuibles de forma directa a funcionarios estatales: las dos patrullas de la policía estatal quemadas a un costado de palacio de gobierno tenían en su interior armas de grueso calibre y cartuchos que durante el siniestro comenzaron a tronar por el calor. ¿Por qué fue abandonado armamento y parque que pudo haber provocado una tragedia entre los cientos de manifestantes alrededor? ¿Por qué las “fuerzas oscuras” no usaron los rifles para disparar a policías o a palacio de gobierno?

También, tras la resistencia evidente para no caer en la violencia de los policías en el interior de palacio ¿por qué los primeros uniformados en salir para enfrentarse y tratar de dispersar a los manifestantes más violentos lo hicieron sin protección, sin cascos, sin escudos, en un desorden total que mostró total falta de estrategia y protocolo policial? ¿Se buscaba mártires como ocurrió con el policía motorizado a quien se le prendió fuego? ¿Por qué el que prendió fuego a este policía se ve en muchas imágenes junto a otros policías, por qué varios manifestantes al final de la refriega saludaron a los policías estatales y municipales de Guadalajara?

Ese día también ¿por qué empezaron razias a discreción, por qué los policías golpeaban a quienes detenían e identificaban como supuestos manifestantes violentos? Entre esos detenidos ¿quiénes forman parte de ese grupo de infiltrados mandados por la 4T desde la capital del país, por qué cuatro días después de la acusación no hay una sola evidencia de ese supuesto complot, de esas “fuerzas oscuras” a las que Alfaro siempre ha acudido como justificación política?

Sábado 5 de junio. Tremendo día. Policías de la Fiscalía vestidos de civil que desde un día antes habían sido concentrados a espaldas de Casa Jalisco, en el helipuerto, para que estuvieran listos a “defender” con palos y tubos (hay fotos de esa concentración) la dignidad del estado, desatan una serie de desapariciones forzadas contra decenas de jóvenes -al menos 60- que se dirigían a la manifestación en la Fiscalía.

La mecánica fue que a bordo de al menos cuatro camionetas sin rótulos oficiales y con las placas borradas, interceptaban a cuanto muchacho se acercaba a las instalaciones de la Fiscalía, los subían con exceso de fuerza a los vehículos y los llevaban a las “perreras” en el interior de la dependencia, donde existen cámaras del C5 que seguramente daban cuenta de la llegada a empellones de las víctimas del abuso policial.

Pero no fue este grupo de ministeriales a los que ahora Alfaro y Solís quieren achacar la responsabilidad de lo ocurrido (pudo pasar lo de Ayotzinapa, alertó con su amarillismo consuetudinario Alfaro), los únicos que participaron en el despliegue represivo, sino también policías estatales -uniformados, mujeres y hombres- quienes ya que las decenas de muchachos estaban en las perreras, se dedicaron a amedrentar, a quitarles sus pertenencias, a maltratar y en no pocos casos a golpear.

También fueron policías estatales uniformados los que se llevaron a estos muchachos a la periferia de la ciudad, en especial hacia el sur, dejándolos a su suerte. He recogido versiones coincidentes entre los jóvenes de que los sacaron de la Fiscalía en camionetas cerradas, una de ellas rotulada como si fuera un vehículo de reparto de una pastelería, y que tal encargo lo cumplieron como dije policías estatales uniformados.

Ese mismo sábado 6 de junio en el centro de Guadalajara la policía estatal y la de Guadalajara -cuya actuación también merece un escrutinio de fondo- desataron persecuciones y detuvieron de forma indiscriminada a quienes luego acusaron de haber atacado palacio de gobierno. Fue otra parte de ese operativo que casi pareció una venganza por los hechos de un día antes en que los uniformados fueron obligados a resistir.

¿De dónde dice Alfaro que sólo fue un pequeño grupo bajo las presuntas órdenes del crimen organizado el que actuó por su cuenta? El dispositivo no sólo no fue exclusivo de los policías ministeriales en torno a la Fiscalía, sino de la policía estatal y, en el centro, de la policía de Guadalajara.

Fue un despliegue absoluto, coordinado, ansiado por los propios policías para dar escarmiento. 

Ahora ¿por qué el fiscal Solis si en su propia nariz estaban metiendo muchachos ilegalmente detenidos a las perreras de la Fiscalía que él dirige, no hizo algo para detenerlos; por qué Alfaro no se dio cuenta de lo que ocurría cuando pasaron por lo menos dos horas entre las detenciones y el “alejamiento” de los detenidos hacia la periferia?

Si los policías estatales uniformados que se llevaron a los muchachos hacia el Cerro del Cuatro para soltarlos en pequeños grupos de dos o tres y dejarlos a su suerte, hubieran sido detenidos mientras realizaban la parte final de su actuación ilegal ¿ellos también fueron infiltrados por el crimen organizado?

No sé de dónde saca Alfaro que pudo aquí pasar lo que en Ayotzinapa y que gracias a él no ocurrió. Es una vergüenza que recurra ante elementos tan viles para tratar de eludir su responsabilidad. No hizo nada, ni él ni Solís a pesar que tuvieron todo el tiempo para parar lo que ocurría y evitar lo que, como con los rifles y cartuchos dejados en las patrullas, pudo efectivamente terminar en tragedia.

Fue hasta que todo pasó, hasta que jóvenes -mujeres y hombres- y menores de edad fueron dejados en sitios despoblados en Las Pintas, en Las Juntas, en Miravalle, que entonces sí salió el Mariano Otero del siglo 21 -así lo ensaliva a cambio de 6 millones de pesos en publicidad Enrique Krauze, pues- a decir que gracias a él se evitó que la conspiración entre la 4T y el crimen organizado descarrilara su proyecto refundador del estado.

Aún hoy 8 de junio que tecleo estas líneas, siete detenidos durante las jornadas de protesta por el asesinato de Giovanni López continuaban tras las rejas estatales: José Manuel Jiménez Hernández y los seis capturados en la redada que policías de Guadalajara hicieron la noche del sábado 6 en el centro de la ciudad: Jonathan Martín Maldonado Núñez, Ángel Eliud Sánchez Flores, Yahir Eduardo Moreno García, Nicolás Ramos Paulino, Roberto Carlos Ornelas Rodríguez y Mario Alberto Rubio Torres.

Entonces no hubo retiro de cargos y liberación para todos, como se comprometió el gobernador desde el sábado, día en que mientras se daba golpes de pecho y ponía cara compungida, los policías detenían a nuevos chivos expiatorios.

Los agravios y muestras de dolo de parte de Alfaro y Solís son muchos, están a la vista, no les van a dejar descansar políticamente. El C5 debe tener grabaciones de las cámaras de seguridad muy valiosas, en especial de la jornada del sábado.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos, que el sábado de forma muy completa hizo señalamientos y denuncias precisas derivadas de la observación de lo que estaba ocurriendo, tiene todos los elementos a su disposición -muchos de ellos aquí enumerados- para realizar una recomendación rápida y contundente, que demuestre con todas sus letras la responsabilidad atribuible a estos dos personajes y que nos revele si ellos fueron los que dieron las órdenes escondiendo la mano.

 

@jcgpartida

 

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