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2020-06-04
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La destrucción de las instituciones ambientales

AMLO SE EMPEÑA EN SACAR ADELANTE EL TREN MAYA. CON DINERO COMPLETAMENTE FISCAL, 31,471 MILLONES DE PESOS PARA 2020, LA EJECUCIÓN YA ARRANCÓ. ESE MONTO QUEDA MÁS DE 60 VECES POR ARRIBA AL GASTO REDUCIDO DE LA CONANP, DONDE YA EMPEZARON LAS REMOCIONES Y LOS DESPIDOS

“…no se persuade a una abstracción, es decir, al representante de una ideología. El largo diálogo de los hombres acaba de cortarse. Y, por supuesto, un hombre a quien no se puede persuadir es un hombre que da miedo. Así, al lado de los que no hablaban porque lo juzgaban inútil, se extendían y se extiende aún una inmensa conspiración del silencio […] vivimos en el mundo de la abstracción, el mundo de las oficinas y de las máquinas, de las ideas absolutas y del mesianismo sin matices. Nos asfixia esa gente que cree tener la razón absoluta, ya sea con sus máquinas o con sus ideas”.

Albert Camus, “Ni víctimas ni verdugos”. Crónicas (1944-1953).

Un par de hechos íntimamente conectados, acaecidos en esta semana agonizante, confirman el claro patrón con el que el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende gobernar este país: por un lado, austeridad como mazo para demoler instituciones “neoliberales”, por el otro, banderazo para un desarrollismo de marca echeverrista, un Tren Maya para que los pobres salgan de la pobreza… al menos por un tiempo.

Tanto en los recortes brutales al gasto operativo de instituciones medulares para la gestión de las áreas protegidas, destacadamente el caso de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) -pero que también afecta a entidades esenciales como la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y la Comisión Nacional para Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio)-, como en el arranque de obras del megaproyectos con el que el mandatario pretende dejar una huella visible en la historia nacional, el mensaje es claro: se impone una austeridad a rajatabla -sin valorar la importancia de las ANP como provisoras de bienes naturales que mitigan la pobreza y fundamentan el desarrollo social -, pero no se escatima dinero fiscal para sacar adelante una infraestructura cuyo impacto en las comunidades mayas y en algunas de las ANP más importantes del sureste del país, apenas se reconoce como precio necesario para llevar redención a las masas depauperadas de la selva (la entrevista concedida a la periodista Claudia Ramos, de Animal Político, por el titular del Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, en febrero de 2019, es ya un clásico: no a jaguares gordos y niños famélicos; el proyecto es tan incluyente y sostenible, que hasta se puede ir a pedir limosna “a pie”). 

Algo que el propio mandatario señala con orgullo es su obstinación, sintetizada en el popular “me canso ganso”. Las protestas, las recomendaciones, las peticiones de dialogar los pros y contras, no lo disuaden. No es posible la cuarta transformación sin achicar al Estado de manera que cueste muy poco a los ciudadanos, pero a cambio, contar con recursos amplios para transferencias directas y para megaproyectos. Dentro de esta lógica, se permite liquidar muchas instituciones creadas desde finales de los años 80, cuya función considera que le restan poder y lo condicionan. Son, además, espacios donde las sospechosas sociedad civil y científica colaboran, aportan y a su entender, condicionan por encima de los intereses de la comunidad, que cree encarnar como gobernante electo.

En el caso del ambiente, ¿qué está en juego con los recortes de 75 por ciento a las partidas 2000 y 3000 del presupuesto federal? (el decreto publicado el 23 de abril de 2020 en el Diario Oficial de la Federación para acortar materiales y suministros así como servicios generales de todas las dependencias del gobierno). Expertos de todas las instituciones científicas y activistas advierten que podría llevar al colapso la gestión de esos espacios de alta diversidad biológica. Son 90.8 millones de hectáreas, de las cuales, 21.9 millones de ha son terrestres y 69.5 millones de ha son marinas. Tan solo la superficie terrestre equivale a 11 por ciento del país, aproximadamente la suma territorial de los estados de Sonora y Yucatán; allí viven 1.5 millones de mexicanos.

“En el caso de las ANP podemos hacer la analogía de que antes del decreto de austeridad ya las tenían en terapia intensiva, con respirador, tras cinco años de recortes, y ahora se lo quitan; merma la capacidad de la Conanp, además del caso de otras dependencias como la Comisión Nacional Forestal (Conafor), lo que va a hacer muy complejo lograr objetivos fundamentales”, me dijo el investigador de la UdeG, e integrante del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Enrique Jardel Peláez.

“El problema es que se tiene una muy convencional visión de la economía; no hay un reconocimiento cabal por parte de la sociedad, pero parece que tampoco de parte del gobierno; se piensa que las ANP son algo para conservar especies carismáticas y lugares de belleza escénica, y no se reconoce, uno, la importancia de los servicios ambientales de los ecosistemas, que a final de cuentas son la base de la existencia humana y contribuyen a la economía humana a través de recursos naturales, y dos, que mantienen actividades productiva y son áreas con población significativa, generalmente subestimada. Toda la sociedad depende, entonces , de su conservación, y en general, de todas las áreas silvestres”, subraya.

Lo cierto es que los recursos públicos de las ANP detonan muchos procesos importantes. La propia Conanp destaca que hay 18 mil personas involucradas en procesos productivos en las ANP, con 443 proyectos localizados con reconocimiento del Programa del Hombre y la Biósfera (Unesco-MaB), 129 proyectos en ANP inscritas como Patrimonio Mundial de la Humanidad y 335 proyectos en sitios Ramsar, la convención de humedales de importancia internacional.

140 proyectos tienen participación de población indígena (pueblos nahua, chol, tzetzal, maya yucateco, lacandón, mame, mixteco, tzotzil, zapoteco, zoque, purépecha, mazahua, seri, mayo, tohono, tepehuano, rarámuri, cuicateco, mazateco, otomí, popoloca y tlapaneco)en los que se aprovechan recursos forestales maderables, no maderables, animales terrestres, especies marinas (langosta, abulón, curvina), y turismo de observación de ballena gris y mariposa monarca. Hay aprovechamiento minero artesanal para obsidiana, ónix, cantera, barro y arcilla. Buena parte de estas actividades han logrado una certificación o la emisión de sellos de calidad.

La Conanp tenía hasta esta semana 1,122 empleados. Tuvo 1,497 en 2012. Desde entonces, el presupuesto del organismo bajó 45 por ciento (antes del decreto de austeridad), mientras la superficie protegida aumentaba 400 por ciento, sobre todo con la creación de gigantescas reservas marinas tanto en el Pacífico como en el mar Caribe. Cada guardaparque debe, así, vigilar 889 kilómetros cuadrados, una superficie similar al tamaño del municipio de Zapopan, y tiene para eso… 9 pesos por hectárea. Para que usted compare: el presupuesto anual del Ayuntamiento de Guadalajara para 2020 es de 9,772 millones de pesos, que aplicada a a sus 187.9 km 2, da 520 mil pesos por hectárea. La relación es de 57 mil pesos a 1.

Uno de los problemas con las áreas protegidas es medir cuál es el valor económico de sus servicios. El documento “El valor de los bienes y servicios que las áreas naturales protegidas proveen a los mexicanos”, de Juan Bezaury Creel, de The Nature Conservancy, Programa México, intenta una aproximación. Con los datos de 2009, en la época en que la inversión pública se había incrementado de forma considerable, el análisis señala: “se puede afirmar que por cada peso del presupuesto federal  invertido en las áreas naturales protegidas, estas aportan a la economía cuando menos 56 pesos”. Ese año, Conanp invertía 1,225 millones de pesos. El pico más alto de su presupuesto fue en 2016, con 1,521 millones de pesos. En 2020 arrancó con 825 millones de pesos. La aplicación a rajatabla del decreto del 23 de abril podría llevarlo a 500 millones de pesos, con lo cual acumularía una pérdida de casi 70 por ciento considerando el pico de 2016.

Una gestión tibia o ausente de las ANP es riesgosa. Primero, porque no existen los vacíos de poder.

Normalmente, ante la ausencia del Estado, las bandas criminales ocupan los espacios, como ya ha sucedido en toda la región rural del país. Segundo, por el riesgo para la provisión de servicios ambientales esenciales para la agricultura, la ganadería y las ciudades. “Se afectaría el aporte de 3,500 millones de pesos que las áreas protegidas proveen al sector agrícola cada año, al mantener el agua superficial para riego; se afectaría el aporte de aproximadamente mil millones de pesos al año que las ANP proveen al sector forestal; se afectaría la recarga de acuíferos vitales para la provisión de agua de las personas y la pérdida empleos en actividades productivas que reducen la pobreza y migración”, destacan un grupo de directores de reservas de la biosfera con los que pude conversar en estos días aciagos. En resumen: dejar de invertir en las ANP traerá más pobreza y exclusión, “no existen fundamentalmente para impedir que se hagan aprovechamientos; existen para hacer un modelo de aprovechamiento sostenible que concilie la preservación del capital natural con el derecho a progresar que tienen las personas que allí habitan o tienen derechos”, me puntualizó Ernesto Enkerlin Hoeflich, ex titular de la Conanp en los años de Vicente Fox y Felipe Calderón.

Pero mientras este recorte suscita una creciente inconformidad en el país, el presidente López Obrador se empeña en sacar adelante el Tren Maya. Con dinero completamente fiscal, 31,471 millones de pesos para 2020, la ejecución ya arrancó. Ese monto queda más de 60 veces por arriba al gasto reducido de la Conanp, donde ya empezaron las remociones y los despidos. Cerca de 200 contratos pactados entre la Conanp y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que incluso implica descabezar algunas administraciones de ANP.  Se pretende que el reducido presupuesto que le quedará a la agencia gubernamental, solo se use para las ANP que no tienen  alternativas de financiamiento. Allí donde los fondos de origen privado, extranjero y nacional, o los gobiernos de los estados, hacen aportaciones, se deberá vivir de ese recurso. Los más de 100 consejos asesores integrados a las principales ANP del país, así como los miembros del Consejo Nacional de ANP, esperan convencer estos días a que la autoridad dé marcha atrás a la medida, por el altísimo riesgo políticos, social y de seguridad que conlleva.

No tendría que ser fatal el desenlace, pero ¿cómo haces que un presidente orgulloso de su obstinación, te escuche?. “No hay duda de que los humanos podemos ser destructivos y miopes; pero también podemos pensar en el futuro y ser altruistas. Una y otra vez, la gente ha demostrado que les importa lo que Rachel Carson llamaba ‘el problema de compartir nuestra Tierra con otras criaturas’, y que están dispuestos a hacer sacrificios en bien de esas otras criaturas. Alfred Newton describió la masacre que se estaba produciendo en las costas británicas; el resultado fue la Ley para la Conservación de las Aves Marinas. John Muir escribió sobre el daño que se estaba haciendo en las montañas de California, y propició la creación del Parque Nacional de Yosemite. La primavera silenciosa expuso los peligros que representaban los insecticidas sintéticos, y en una década se habían prohibido la mayoría de los usos del DDT. El hecho de que en Estados Unidos todavía haya pigargos americanos, en número creciente, es una de las consecuencias felices de estos avances…” (La sexta extinción, una historia nada natural. Elizabeth Colbert, Crítica, 2015).

Agustín del Castillo es periodista con tres décadas de andanzas, especialmente en temas ambientales, de desarrollo urbano y rural, que defiende como asuntos eminentemente políticos. Sus dos fes están en dos nociones precarias: la democracia liberal y las chivas del Guadalajara
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