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2020-06-03
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Gobernar negociando o negociar gobernando

HASTA AHORA, NADIE SE HA PREOCUPADO PORQUE LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE FOTOVOLTAICO EN LOS ALTOS TRANSCURRIERA CONFORME A DERECHO. EN UN ESTADO COMO JALISCO EN DONDE LA CORRUPCIÓN INSTITUCIONALIZADA GOBIERNA, LAS IRREGULARIDADES NO EXISTEN

La corrupción institucionalizada convierte a los actos violatorios del derecho, en actos normales, propios a cualquier transacción o forma de negociación. La variable “corrupción” desaparece, se mimetiza entre los demás términos a negociar. Al normalizarse, no se habla de ella; el enorme peso económico y social de esta variable invisible, parece no contar, a pesar de ser el motor de la negociación.

Por el contrario, si alguien se refiere a ella, si la visibiliza, esta persona se convierte en el problema. La mala noticia no es la corrupción ahí presente, el problema es el portador de la noticia. “Maten al mensajero”. La efectividad de la corrupción institucionalizada radica en su inexistencia. Sin ser un secreto, todos los involucrados conocen las reglas del juego.

Esa es la forma de gobernar negociando, o negociar gobernando puesta en boga en Jalisco.

Tomemos como ejemplo al parque fotovoltaico, o “potrero fotovoltaico” como lo llaman en los papeles “oficiales”, que se construye en la región de los Altos Norte, entre los municipios de Lagos de Moreno y Unión de San Antonio.

Su construcción, que implicó la destrucción de cientos de hectáreas de bosques con todas las consecuencias que esto conlleva, inició en el año 2018. En ese momento, la obligación de la empresa era obtener un cambio de uso de suelo otorgado por los ayuntamientos de donde se construye la planta. ¿Lo hizo? No. Para una gran empresa transnacional, no es necesario cubrir ese tipo de pequeños requisitos.

¿Puede un ayuntamiento permitir la construcción de un enorme parque fotovoltaico sin que hubiera un cambio de uso de suelo? La respuesta es no. Si está especificado un uso de suelo distinto al que pretende darle la empresa, resulta lógico, conforme a derecho, que la empresa no puede construir hasta haber obtenido el cambio de uso de suelo, el cual debe ser aprobado por el pleno del ayuntamiento.

Si los ayuntamientos y la empresa actuaran conforme a derecho, si consideraran que las leyes y los reglamentos están por encima de negociaciones y acuerdos, la empresa no hubiera iniciado la construcción ni los ayuntamientos la hubieran permitido.

Pero la variable invisible hizo lo suyo y la empresa inició la construcción y el ayuntamiento no detuvo las obras, desde hace dos años, como sería su obligación conforme a derecho. La maquinaria de la corrupción institucionalizada funcionó a la perfección.

Puede ser inclusive, que la empresa esté construyendo bajo un permiso de construcción otorgado por la dirección de desarrollo urbano de un ayuntamiento. Si atendemos al derecho, ese permiso sería ilegal, falso, pero cobijados por la variable invisible, el permiso falso se convierte en una garantía de legalidad para la empresa.

¿Y los ciudadanos? Bueno, en este tipo de transacciones, ni los ciudadanos ni su medio ambiente existen. Por ahí, tanto en el gobierno como en la empresa, alguien podría argumentar, en un esfuerzo por rescatar su dignidad ofendida, que a los ciudadanos se les dió a conocer el manifiesto de impacto ambiental para que expresaran sus objeciones y nadie dijo nada.

Sin embargo, ni un ciudadano de la región afectada conoce el documento.

¿Y desde cuándo los ciudadanos tienen voz en los acuerdos entre empresarios y gobernantes? Esto sería lo normal si siempre se actuara de acuerdo a derecho. Pero esto no tiene ninguna importancia en donde la variable invisible gobierna las transacciones institucionales. Además, el manifiesto de impacto ambiental suele ser letra muerta y no sustituye al cambio de uso de suelo ni al permiso de construcción de él derivado. 

Por eso, hasta ahora, ni la empresa, ni los gobiernos Estatal y municipal, se preocuparon porque la construcción del parque fotovoltaico transcurriera conforme a derecho. En un estado como Jalisco en donde la corrupción institucionalizada gobierna, las irregularidades no existen, y cuando por alguna extraña razón se asoman, pues se arreglan.

Ni a la empresa ni al gobierno les importó atropellar los intereses y los bienes de los ciudadanos, ni devastar el medio ambiente de la región. Ambos, ciudadanos y medio ambiente, son parte de la escenografía silenciosa que da marco a las negociaciones gobierno-empresa, hechas en nombre del “bien del estado de Jalisco y de las energías limpias”.

Las preguntas que quedan en el aire serían las siguientes: ¿por qué dos años después de haber iniciado la construcción del parque fotovoltaico, ya bastante avanzada, la empresa decide solicitar el necesario cambio de uso de suelo? ¿Por qué el ayuntamiento se dispone a aprobar, a principios de junio del año 2020, no en el 2018 cuando debió hacerlo, el cambio de uso de suelo y expedir el necesario permiso de construcción? ¿Por qué el gobernador del estado sale hasta ahora en defensa de la construcción de los parques productores de “energías limpias” y no salió en su momento a defender ni a los ciudadanos ni al medio ambiente de los Altos de Jalisco?

Adelanto una posible respuesta: ahora que el gobierno federal metió su nariz en las empresas productoras de energías fotovoltaicas y eólicas, tal vez los cómplices de la corrupción institucionalizada quieren limpiar todas sus violaciones al derecho que les permite, con toda normalidad, gobernar haciendo negocios, o negociar gobernando.

Doctor en Historia por la Universidad de París. Profesor investigador en la UdeG
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