El desmantelamiento del sistema de salud

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Lo que sucedió con el Seguro Popular en Jalisco es un tema delicado, sobre todo porque hablamos de un sector cuya importancia se valora en su dimensión justa en la crisis que vivimos por la pandemia de coronavirus. El uso incorrecto de más de 10 mil 325 millones de pesos en la ejecución de ese programa es clave para entender el desmantelamiento del sector salud.

Ese dinero debía destinarse a garantizar el acceso a un derecho constitucional, el de la salud, para quienes menos tienen. Es decir, aquellos que no pueden pagar servicios privados o que ni siquiera tienen un empleo que les garantice la seguridad social. A esa bolsa decidieron meter mano los responsables del Seguro Popular en las dos administraciones estatales anteriores, sin que todavía haya consecuencias y mucho menos se recupere el dinero.

Es cierto que una parte importante de ese monto fue señalado por una por mala rendición de cuentas. Es decir, no todos los recursos fueron desviados, sino que simplemente el desorden que hubo al final del gobierno del panista Emilio González Márquez y el desaseo administrativo que demostró en todos sus cargos Antonio Cruces Mada, impidieron que se documentaran algunos gastos.

Pero no todo fue así. En la revisión que llevó a cabo la Auditoría Superior de la Federación de 2008 a 2018, se pueden encontrar compras a sobreprecio, compras inexistentes, presupuestos rebasados o subejercicios. También casos más graves y que fueron muy comunes: amigos de políticos con plazas de médicos con cargo al Seguro Popular que eran “comisionados” a áreas administrativas del gobierno del estado y que más bien parecen aviadurías.

Otro caso grave es el de los servicios subrogados a hospitales privados.

Algunos de estos casos se conocieron al finalizar el gobierno de Emilio González, pero siguieron dándose en la administración del priista Jorge Aristóteles Sandoval. Se pagaron a hospitales de lujo por servicios y cirugías que nunca existieron y que costaron millones de pesos.

El Seguro Popular despareció en la primera semana de abril en Jalisco. Sin embargo, su huella todavía se mantendrá por la corrupción y el cochinero administrativo.

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