CLOACA SIN FONDO EN SALUD

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A la cloaca que se destapó al interior de la Secretaría de Salud en el Estado aún no se le ve el fondo, y conforme se excava siguen apareciendo más delitos que perseguir y más gente involucrada en ilícitos en perjuicio de las arcas de la dependencia. Pero lo más significativo es que no se trata únicamente de la administración pasada, sino que en la actual ya fueron destituidos 14 funcionarios del OPD Servicios de Salud, incluida la ex titular, Consuelo Robles Sierra, y según la Contraloría del Estado de Jalisco, se cuenta con 81 pesquisas en proceso.

Como resultado de esas investigaciones que se llevan a cabo desde 2018,  dos ex secretarios de Salud en Jalisco, Jaime Agustin González Álvarez y Antonio Cruces Mada, que se desempeñaron bajo la administración de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz,  han sido acusados de un nuevo delito: desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades, al igual que otros dos ex servidores públicos de primer nivel.

Ambos debieron presentarse en tribunales en diciembre pasado tras ser imputados por un caso de un contrato de prestación de servicios con la empresa consultora contable CIG – representada por Omar Azael Cruz Herrera-, mediante el cual brindaría asesoría contable y financiera para la Secretaría, en el que se habría configurado más de un delito.

Además, se omitió el procedimiento legal de la adquisición, pues Cruz Herrera no estaba inscrito en el padrón de proveedores y no hubo concurso ni licitación, pese que el monto del contrato lo exigía, pues fue por seis millones 294 mil pesos.

En el caso de Jaime Agustín González Álvarez, el Juez de Control y Oralidad determinó su resguardo domiciliario, por lo que deberá acudir a firmar todos los lunes durante cuatro meses, en tanto solicitó un año de prisión preventiva a Cruces Mada por el riesgo de que evadiera la justicia, luego de que el ex secretario contaba con dos amparos para evitar la privación de la libertad. De tal suerte que como medidas cautelares, el juzgador ordenó resguardo domiciliario durante un año.

En ese momento se dijo que Cruces Mada no había evadido del todo su presunta responsabilidad en otros delitos, pues trascendió que en los salones orales se presentó una caja llena de expedientes, en los cuales se le señalaba por irregularidades en la compra de medicamentos.

Además, habrá que recordar que en marzo de 2019 el Gobernador Enrique Alfaro Ramírez, presentó una denuncia por anomalías que incluían la supuesta compra, pero no entrega, de equipo de videovigilancia, nombramientos dobles en la nómina y deudas. Resaltando un contrato para el almacenamiento, transportación y distribución de vacunas no cumplido por casi 400 millones de pesos, además, dijo se encontraron medicamentos caducos en los almacenes de las unidades médicas.

En ese momento, el gobernador aclaró que la denuncia por 605 millones de pesos era sólo el primer paso de una serie de investigaciones por daños que, según sus estimaciones, podían alcanzar los ocho mil millones de pesos, mismos que serían consignados en acusaciones futuras.

Los procesos han seguido su cauce, el jueves pasado, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción (FECC) informó que la carpeta de investigación por la cual fueron imputados nuevamente González Álvarez y Cruces Mada, tiene que ver con compras realizadas de manera irregular de equipos de videovigilancia para unidades hospitalarias estatales. También involucra contratos por prestación de servicios, de acuerdo a lo publicado por diversos medios de comunicación.

Llama la atención que a poco más de un año del arranque de la entrada en funciones de la nueva administración gubernamental encabezada por Enrique Alfaro Ramírez, dos ex secretarios del Gobierno anterior hayan sido vinculados a proceso por presuntas irregularidades en su desempeño, ambos al frente de la Secretaría de Salud en diferentes periodos del sexenio de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, y que de su propia administración Alfaro haya ya destituido a 14 ex funcionarios de primer nivel del área de la salud, destacando sin duda el cese de la dentista Consuelo Robles Sierra, quien tiene tras de sí la responsabilidad de la epidemia, crisis y muerte que dejó el dengue en Jalisco, y actualmente está imputada por un caso de conflicto de interés al comprar a su esposo llantas para la dependencia a su cargo, así como otras irregularidades que podrían configurar delitos.

En el caso del actual secretario del ramo, Fernando Petersen Aranguren, también fue señalado por conflicto de interés, luego de que Laboratorios Pisa, Dimesa ganó una licitación por mil 134 millones de pesos a la que convocó la Secretaría de Salud estatal, siendo una de las accionistas de dicha empresa familiar del secretario.

En un país y en un estado en el que prácticamente nos hemos acostumbrado a que predomine la impunidad, es de aplaudir que se estén llevando a cabo las pesquisas ante la presunción de malos manejos, no obstante, faltará ver qué tan a fondo se quiere llegar para sancionar estas conductas que, ciertamente, no fueron exclusivas del área de salud, pero que tampoco lo están siendo únicamente de la pasada administración, pues bastaría revisar la lista de investigaciones en proceso que tiene la Contraloría del Estado, la cual ha prometido pronto dar a conocer las resultados de las investigaciones que tiene en proceso.

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