Indemnizar con justicia a El Zapote

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En el paisaje de la protesta social tapatía, se ha vuelto costumbre las manifestaciones que los ejidatarios de El Zapote llevan a cabo para exigir una indemnización justa por la expropiación de sus tierras en 1975 para ampliar el aeropuerto internacional de Guadalajara.

Con frecuencia los usuarios de la vía Guadalajara-Chapala o del aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo se encuentran en la carretera, en el estacionamiento o incluso en los pasillos de la terminal área con una manifestación de los ejidatarios. Muchos ven entorpecidos sus destinos, muchos se molestan por retrasos o sencillamente por encontrarse con una protesta social. Qué triste.

Pero lo lamentable es que los hijos o nietos de quienes fueron expropiados de sus tierras hace 45 años no hayan sido indemnizados hasta ahora por el gobierno mexicano y por la empresa se beneficia lucrativamente del título de concesión del aeropuerto de Guadalajara: Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP).

El problema central no es qué tanto molestan o entorpecen el tráfico carretero o aéreo los ejidatarios con sus manifestaciones. El problema central es por qué después de cuatro décadas y media, los legítimos dueños de las tierras no han recibido el pago justo, y en cambio ven que donde eran sus parcelas ahora florecen pistas, operación de líneas aéreas, aduanas, centros de carga y lucrativos comercios y restaurantes del que se benefician varias empresas privadas sin las ganancias lleguen a los ejidatarios.

La exigencia de justicia para los ejidatarios de El Zapote es una lucha de varias décadas.

Desde 2016 la lucha por una indemnización justa se ha intensificado con protestas como la toma del estacionamiento del aeropuerto o en los pasillos de entrada a la terminal.

Ahora mismo los ejidatarios de El Zapote mantienen sus protestas para exigir de una vez por todas el pago por sus tierras expropiadas arbitrariamente por el gobierno en 1975.

Y justo en estos días, el pasado 5 de febrero, la dirección corporativa del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) anunció una inversión de 25 mil millones de pesos (mdp), a lo largo de cinco años para la expansión de los doce aeropuertos que maneja en el país.

La inversión principal será en el aeropuerto de Guadalajara, que es la joya de la corona para el GAP, donde se invertirán 12 mil mdp y otros cuatro mil mdp en el aeropuerto de Puerto Vallarta.

Jubiloso, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, celebró este anuncio y agradeció a la presidenta del Consejo de Administración del GAP, Laura Diez Barroso Azcárraga, la inversión. La señora Laura Diez Barroso Azcárraga, como indican sus apellidos, forma parte de las familias de la burguesía mexicana que han hecho negocios en buena medida por sus relaciones políticas y por los lucrativos márgenes de ganancia que dejan las concesiones aeroportuarias.

De inmediato al conocer este anuncio, los ejidatarios de El Zapote se preguntaron cómo es que el GAP va a construir una segunda pista de aterrizaje y duplicar el área de la terminal aérea si todavía no son indemnizados por la expropiación arbitraria de 1975.

“Están anunciando un proyecto grande en terrenos del ejido El Zapote y no han liberado nada y ya están aventando campanas al vuelo, si tiene otra área para hacer la pista, mis respetos, pero que no dañen al público e independientemente que compren terrenos en otro lado, al ejido le tienen que pagar lo que le deben, porque si no, nos van a devolver los terrenos con todo y su infraestructura”, dijo Nicolás Vega Pedroza, vocero del ejido El Zapote (nota de Viridiana Saavedra, El Occidental, 5 enero 2020).

Tanto los empresarios como los gobiernos de Jalisco y federal están ya celebrando la expansión del aeropuerto de Guadalajara, sin antes resolver el problema de fondo que es la justa indemnización a los ejidatarios.

Y no es que falten recursos, lo que falta es voluntad de hacer justicia. El GAP (una asociación entre inversiones mexicanos y españoles) ha hecho un gran negocio por la concesión de doce aeropuertos que recibió en 1998, en el gobierno de Ernesto Zedillo. Una concesión que vence en 2048 y todavía prorrogable por otros 50 años.

El GAP tuvo ingresos en 2018 por 14,222 mdp de los cuales 9,499 mdp fueron por servicios aeronáuticos y 3,183 por servicios no aeronáuticos, sino por la explotación comercial, renta y otros servicios de las terminales aéreas.

Sólo por los ingresos de la explotación de las terminales se podría pagar la indemnización que piden los ejidatarios de El Zapote, que a precios actuales asciende a 2,600 mdp.

Antes de pensar en crecer y expandir el negocio, el GAP y el gobierno mexicano debe indemnizar justamente a los ejidatarios de El Zapote, y también de Puerto Vallarta y Tijuana que mantienen litigios por expropiaciones no pagadas.

El Estado mexicano debe aprovechar la protesta social de los ejidatarios que exigen indemnizaciones justas, para cambiar y echar abajo una política de concesiones que es extremadamente lucrativa para los consorcios privados y tan lesiva para la sociedad en general. Es inadmisible que el GAP coseche ganancias millonarias por explotación de terminal aérea y áreas comerciales, justo en las tierras que eran sembradíos de los ejidatarios.

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