Cayó Consuelo Robles

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Finalmente “cayó” la dentista Consuelo Robles Sierra, a quien indudablemente le quedó grande el cargo que le entregó el Gobierno en turno. No solo exhibió su incompetencia para tutelar una institución como el Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios de Salud al consentir la pandemia del dengue que dejó tan solo en 2019, de acuerdo al último reporte epidemiológico de la Secretaría de Salud Federal 49 muertos, 11 mil 729 confirmados y 81 mil 188 enfermos probables de dengue y que en lo que va del presente mes alcanza ya 11 casos confirmados y 356 probables. Pero no solo eso, sino que habría incurrido en conflicto de intereses, compras a sobreprecio y corrupción.

Antes de llegar al cargo que hasta este sábado ostentaba, Robles Sierra, estuvo en Tlajomulco como Directora de Salud y luego fue diputada en la 61 legislatura, de la mano del Partido Movimiento Ciudadano. Nunca antes se le mencionó ni para bien ni para mal respecto a su desempeño laboral, en Tlajomulco no destacó y en el legislativo “nadó de muertito” -como se dice popularmente para referirse a quien no hace mayor esfuerzo por nada-. Pero seguramente al interior de su partido percibieron que les era de utilidad y siendo dentista le pusieron en sus manos al monstruo de los OPD’s de Salud en el estado.

Quizá los reflectores no se hubiesen dirigido hacia su persona y a estas fechas podría haber seguido haciendo de las suyas, sino fuese por la aparición y posterior drama que hemos vivido los jaliscienses a causa del dengue.

Fue ella la responsable de despedir a 5 mil personas de su dependencia entre quienes se encontraban los encargados de llevaban a cabo los programas de prevención y fumigación, de los cuales, 2 mil eran brigadistas para el combate del dengue; también se le acusó de responder de manera tardía a la epidemia, de hacerlo mal, y de usar insecticida caduco. 

El 25 de noviembre de 2019 el dirigente de Morena en Jalisco, Hugo Rodríguez, presentó ante la oficialía de Partes del Congreso local una solicitud de juicio político en contra de la directora general del Organismo Público Descentralizado (OPD) por presunta omisión en sus responsabilidades en el combate del dengue.

En dicho documento, se le señala -junto al Secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren- de emitir una Alerta Sanitaria, cuando debió ser Epidemiológica, ante el gran aumento de casos de dengue. Sin dejar a un lado que se colapsaron los servicios de salud, por la gran demanda de atención médica, señalaba la agrupación política.

El actuar de los funcionarios, indicó Morena, causó un “trastorno grave a las instituciones de salud en el estado, así como a la sociedad en Jalisco, por la emergencia ante la cifra histórica en casos de dengue”, al no tomar medidas preventivas y hacer despido masivo del personal de fumigación.

“Hubo despido de todos los trabajadores que fumigan, entraron tarde al proceso de los trabajos que se hacen año con año de la semana epidemiológica que corresponde al ataque del dengue, y una serie de irregularidades administrativas (…) ella (Consuelo Robles) es tanto o más responsable que el propio Fernando Petersen” refirió Hugo Rodríguez.

También se señaló a la directora de Servicios de Salud de mentir, al no informar que su dependencia había hecho compras a su esposo, Víctor Manuel Guzmán Villaseca, y que en la misma empresa, Llantas Tapatías, S. de R.L. de C.V.  laboraba su hija, Julieta Chavira Robles.

El 13 de noviembre de 2019, se dio a conocer que uno de los proveedores que resultó ganador en la licitación LPL99/2019 fue Llantas Tapatías, con una asignación de 3 millones 173 mil 560.58 pesos, por lo que Robles Sierra habría estado recibiendo los servicios de la empresa de su marido, incurriendo no solo en conflicto de interés, sino faltando “al Código de Ética y las Reglas de Integridad para los Servidores Públicos de la Administración Pública del Estado de Jalisco, que publicó el gobernador, Alfaro Ramírez el 12 de marzo de 2019, en el cual se establecen múltiples prohibiciones en materia de conflicto de interés para los funcionarios estatales, una de las más importantes es la señalada en el Artículo 33.

En dicho numeral se indica que “los servidores públicos tutelan el principio de imparcialidad, cuando salvaguardan las siguientes reglas”, y establece en su fracción I que deberán evitar su involucramiento en contrataciones públicas ya sea directamente o a través de familiares. (Reporte Índigo 13/11/19).

El 18 de diciembre, la Secretaría de Salud presentó ante la Fiscalía estatal cuatro denuncias contra quien resultare responsable, por diversas irregularidades en el OPD Servicios de Salud.

Consuelo Robles.

En rueda de prensa donde poco se informó con el argumento del sigilo de las pesquisas, se mencionó que la Fiscalía destinó a más de 100 agentes para recabar elementos de prueba en instalaciones de la Secretaría. La coordinadora de Desarrollo Social, Barbara Casillas, explicó algunas irregularidades detectadas.

“Como la inexistencia de diversos bienes muebles o la falta de comprobación de obras realizadas en diversos centros de salud e inexistencia de contratos o bien los clausulados de estos eran deficientes”.

También hay anomalías en compras fraccionadas o realizadas fuera de la norma, así como falta de control en entradas y salidas de los almacenes. Se informó que la titular del OPD Servicios de Salud, Consuelo Robles, no ha sido responsabilizada por ninguna de estas cuatro querellas. Tampoco hay funcionarios separados de su cargo, pues apenas se integra la carpeta de investigación. (Notisistema 18/12/19).

Al parecer, la gota que derramó el vaso se dio el pasado lunes 20 de enero de 2020, cuando los titulares de la dirigencia estatal de Morena y de la Contraloría Ciudadana Independiente acusaron compras a sobreprecio de medicamentos e insumos dentales por parte del Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios de Salud por al menos 4.2 millones de pesos (mdp) y por casi 1.5 mdp en llantas.

El contralor ciudadano, Jorge Carlos Ruiz Romero, especificó que tienen registro de 111 llantas que nunca llegaron a la institución pese a que se cobró alineación y balanceo por cada par.

Ruiz Romero presentó además documentos consistentes en entradas de insumos dentales al almacén de Abastecimientos del OPD, los cuales habrían sido inflados en precios según dentistas.

Los insumos dentales se compraron al proveedor Cohmedic, SA de CV, en mayo y noviembre de 2019.

Respecto a la adquisición de llantas, explicó que hay facturas de neumáticos y cámaras de neumáticos con válvula, incluyendo alineación y balanceo, para distintas medidas de rines por un millón 482 mil 380 pesos.

El contralor aseguró que la documentación ya fue presentada a la Contraloría del Estado como denuncia para complementar otras que ya se habían iniciado en el OPD por irregularidades.

“(Hay todo un) cáncer que (ha) invadido de corrupción el OPD de salud”, condenó Ruiz Romero. Por dignidad, la titular del OPD (Consuelo Robles Sierra) tendría que hacer algo diferente y ella misma renunciar por todo este cochinero que tiene”. (Ntr 20/01/20).

Para los denunciantes  quedó confirmado que uno de los proveedores es el esposo de la titular, Consuelo Robles Sierra. Hugo Rodríguez aseguró que este es un evidente caso de corrupción que se suma a otros previamente dados a conocer como las compras al doble y hasta el triple de precios comerciales.

Habrá que señalar que en la conferencia de prensa en donde se dio a conocer la destitución de Robles y 13 funcionarios más del área de salud, Hugo Luna, jefe de gabinete no hizo referencia a ninguna de las irregularidades en que habría incurrido la dentista y se limitó a señalar cuestiones de estrategia a replantear ante el Insabi (Instituto de Salud para el Bienestar).

Así que no sabemos a ciencia cierta qué fue lo que pesó más para que el gobernador tomara finalmente la decisión de remover del cargo a Robles Sierra, quien a partir de este sábado no es más la titular del OPD Servicios de Salud. En su lugar fue designado el Médico Cirujano José de Jesús Méndez de Lira, quien entrará en funciones a partir del 1 de febrero.

Ya veremos si todo queda en una destitución habrá denuncias de tipo penal, así como el seguimiento que dará la Fiscalía General del Estado a las cuatro denuncias presentadas con anterioridad.

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