Disputa por la salud

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Uno de los aspectos más perversos del capitalismo es que el cuidado de la salud tenga un precio. Que lo que debería ser un derecho, se convierta en una cuestión mercantil donde la vida o la muerte dependen de la economía que tenga el enfermo o la familia. Que lo más esencial, la vida, dependa de la acumulación de recursos y no de una protección común y solidaria.

Aunque la Constitución política de México y las leyes reglamentarias garantizan a todos los mexicanos el derecho a la salud, en la práctica son leyes muertas: hay 73 millones de mexicanos sin seguridad social.

Andrés Manuel López Obrador ha ofrecido, como una de las promesas centrales del proyecto de la Cuarta Transformación, hacer realidad este derecho: garantizar la atención en salud para todos los mexicanos.

Su promesa es ambiciosa. Prometió crear un sistema de salud universal para todos los mexicanos con calidad equiparable a la de los sistemas de países capitalistas desarrollados, como Dinamarca, Canadá o Noruega. Igual pudo mencionar como referencia al mejor sistema de salud del continente: a la socialista Cuba. Pero no lo hizo.

Para cumplir la promesa de crear un sistema de salud universal, que garantice el acceso a todos los mexicanos, López Obrador propuso dar vida al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) aprobado en el Senado el 14 de noviembre de 2019.

El Insabi comenzó a operar el 1º de enero de este año y sustituyó al Seguro Popular, el sistema mixto (gratuito y de pagos) creado en 2004, en  el sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa.

La eliminación del Seguro Popular y la creación del Insabi ha generado dos conflictos: entre los operadores y usuarios de los sistemas de salud antes afiliados al Seguro Popular; y un debate y confrontación entre el gobierno federal que encabeza López Obrador y los gobernadores estatales, especialmente de la oposición, es decir, entre los actores políticos.

El conflicto de los primeros es entendible y justificado. Si en la transición del Seguro Popular al Insabi los usuarios se quejan o critican que no los atienden, faltan medicinas, no hay camas o médicos suficientes en los hospitales, nadie objetaría tales cuestionamientos.

Pero en las críticas o cuestionamientos de los actores políticos habría que ser más cautos pues sin dudar, algunas de las críticas a esta transición surgen del cálculo político y del lucro de los padecimientos de los usuarios para buscar una mejor posición en el mercado electoral y político.

Esto es lo que ha estado sucediendo claramente con las críticas de los gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN) quienes han criticado la desaparición del Seguro Popular y han manifestado cuestionamientos para integrarse al Insabi.

Entre quienes se oponen a unificar los sistemas de salud de los estados con el gobierno federal se encuentra el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quien considera que aceptar el modelo de salud universal propuesto por el gobierno de la Cuarta Transformación implica “sometimiento, entrega de nuestro sistema y quebrantar el pacto federal”, por lo que anticipó que “eso no va a pasar, cuando menos no con el aval de Jalisco”, aseguró.

Las reglas de operación del Insabi es que al adherirse a este sistema, los institutos de salud de cada estado serían asumidos por el sistema nacional de salud.

Muchos gobernadores se resisten a esta medida: hablan de vuelta al pasado a un gobierno centralista, a decisiones autoritarias.

Y tal vez sea así, pero hay que recordar que el modelo “federalista” del sistema de salud dejó un sistema de salud caótico, en crisis y con enormes ventanas de oportunidad para la corrupción.

Según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), entre 2008 y 2018 se ejercieron irregularmente por los estados más de 77 mil millones de pesos (mdp) en los sistemas estatales, encabezados por el Veracruz de Javier Duarte con anomalías por 14,052 mdp seguido de Jalisco por 10,141 mdp de gasto irregular de los fondos federales en salud, en los gobiernos del panista Emilio González Márquez y del priista Aristóteles Sandoval Díaz. 

López Obrador parece un disco rayado cuando insiste en que los males del país se deben a la corrupción. Y no es así para entender que tenemos un sistema de salud abandonado, insuficiente y con muchas carencias, las cuales no todas se deben a la corrupción. Pero no se equivoca en insistir que la corrupción es un gran problema a la hora de decidir que los gobiernos estatales manejen los recursos de salud.

En el desafío de crear un sistema de salud universal, que sea eficiente y de calidad para los mexicanos que no cuentan con un acceso sanitario público o privado (unos 73 millones) claramente hay problemas en su implementación. Si se antepusiera lo que mejor conviene al interés común y especialmente a la mayoría más necesitada, esos obstáculos deberían salvarse.

Pero sería totalmente criticable que las oposiciones a este proyecto sean por cálculo político y no por razones prácticas de implementación de un eficiente sistema de salud universal.

Sería mezquino ver la disputa por este tema como una posibilidad de ganar titulares en medios y proyectarse como un actor político que pueda ser visto como eje de la oposición al proyecto de la Cuarta Transformación.

Sería mezquino intensificar el conflicto y la adhesión a un sistema que promete salud universal y gratuita para la población más carente de estos servicios, sólo como cálculo de mejoramiento en encuestas de imagen personal. Mezquino y despreciable.

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