“NARCOS-TERRORISTAS”

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El tema que el presidente de los Estados Unidos de América del Norte colocó sobre la mesa hace alrededor de un mes en el sentido de que a las organizaciones criminales de México tales como Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Tijuana, Juárez y Los Zetas se les considere “grupos terroristas”, no ha quedado del todo en el olvido a pesar de que el conflicto armado con Irán ha acaparado los titulares en los recientes días, incluso ha sido la Camara de Representantes y el Senado quienes han retomado el asunto llevándolo a sus respectivas tribunas.

Donald Trump ha declarado que su país está perdiendo a 100 mil personas al año a causa del narcotráfico y que ya ha ofrecido al presidente Andrés Manuel López Obrador que le permita “entrar (a México) a limpiarlo aunque su oferta ha sido rechazada. Pero si bien, en los primeros días de diciembre pareció claudicar en ese intento, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos hay propuestas para modificar la Ley de Inmigración y Nacionalidad, mismas que fueron presentadas con diferencia de una semana.

En este contexto, es procedente revisar las implicaciones que tendría concretar esa propuesta de sumar al crimen organizado mexicano a la lista de extremistas del Departamento de Estado, como lo pretende un nutrido e influyente grupo de legisladores republicanos y demócratas.

En primer lugar, hay que entender que Estados Unidos tiene diferentes formas y grados para clasificar como terrorista a una organización, según le explicó a BBC Mundo el experto mexicano Mauricio Meschoulam.

La más severa es la de organización terrorista extranjera, que la decide el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Instituciones como el Departamento de Estado y la Oficina de Control de Activos Extranjeros pueden tener diferentes definiciones de terrorismo. Si bien establecen cierto perfil, este suele ser lo suficientemente general para que, al final, la decisión sea política.

Cuando se toma la decisión política, se hace que el grupo cumpla los objetivos para ser considerado terrorista.

Una de las consecuencias de considerar terroristas a los cárteles sería que esta acusación se extendería a quienes colaborasen con estos. Por ejemplo, los vendedores locales de drogas o incluso sus clientes.

Según un documento explicativo del Congreso de la Unión Americana,  quienes “sabiéndolo” provean de “apoyo o recursos materiales” a estas organizaciones “terroristas” extranjeras, podrían ser acusados de colaborar con el terrorismo.

Sus miembros y representantes podrán ser deportados o no admitidos en el país, y sus activos y transacciones podrían ser bloqueados por instituciones financieras estadounidenses.

En este mismo documento, esta designación de “terrorista” permitiría al gobierno a “animar” a otras naciones a hacer lo mismo. También “estigmatiza y aísla internacionalmente” a la organización.

Las penas por narcotráfico en Estados Unidos pueden ser bastante largas. Lo sabe bien Joaquín “El Chapo” Guzmán, que este año fue condenado a cadena perpetua y 30 años adicionales por liderar el cártel de Sinaloa, que introdujo toneladas de drogas en ese país.

Los más perjudicados en este sentido serían los últimos eslabones de la cadena. Lo principal sería que haría más fácil procesar como terroristas a la gente en los niveles más bajos, como los vendedores de droga callejeros, quienes compran droga de los cárteles pero no están involucrados de otra manera.

Trabajar para los cárteles, darles cosas, asesorarlos o cualquier tipo de ayuda podría conllevar a penas de hasta 20 años.

En la práctica, casi cualquiera que se haya asociado o interactuado con un cártel en cualquier forma, incluso sin formar parte de uno, podría ser acusado de terrorista.

Al ser considerados terroristas, los cárteles pasarían a ser una prioridad. Si bien ya no sería la primera preocupación nacional, sí se encontraría entre las tres primeras (para la Casa Blanca de Donald Trump, la competencia militar y tecnológica de China y Rusia son amenazas más grandes que el terrorismo).

Ya no necesitarían una orden de arresto para inspeccionar una casa o meterse en un equipo de cómputo porque el enfoque en materia de terrorismo es actuar antes de que el ataque ocurra. Esto otorga alta flexibilidad a las fuerzas de seguridad para llevar a cabo actos que normalmente se han visto como violatorios de los derechos en una democracia.

Pero, lo que más preocupa al gobierno mexicano es que la medida pueda abrir la puerta a operativos unilaterales en su territorio, pasando por encima de su soberanía nacional.

Lo más grave que podría hacerse serían las misiones de combate que violen la soberanía y territorialidad de México… Los cárteles dejarían de ser una amenaza a la seguridad pública y pasarían a ser una amenaza a la seguridad nacional, algo que difícilmente llegaría a suceder por más que efectivamente esté previsto en las leyes antiterroristas de Estados Unidos.

Ahí quedan algunas de las implicaciones que traería la clasificación de “terroristas” a las organizaciones criminales. No obstante, es de recordar que esta no es la primera vez que Donald Trump anuncia una medida y luego no se materializa. De hecho, siendo año electoral en la Unión Americana y conocidas sus aspiraciones de reelección, no se puede descartar que se trate de otra más de sus estrategias de campaña que tan buenos dividendos le deja, estigmatizar a los mexicanos.

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