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2019-12-12
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CEDHJ, un reto a Enrique Alfaro

“Quien no se mueve, no siente las cadenas” Rosa Luxemburgo Al reconocer a ocho periodistas locales de perfil crítico, el consejo ciudadano y el propio presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) han tomado una decisión encomiable y de alto riesgo: enfrentar las ya tradicionales iras del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, quien divide... Read More

“Quien no se mueve, no siente las cadenas”
Rosa Luxemburgo

Al reconocer a ocho periodistas locales de perfil crítico, el consejo ciudadano y el propio presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) han tomado una decisión encomiable y de alto riesgo: enfrentar las ya tradicionales iras del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, quien divide el mundo entre amigos y enemigos, y en automático han accedido al selecto grupo de los segundos, que son los que se oponen a la “grandeza del estado”, grupo en el que se encuentran esos comunicadores que se desempeñan en medios públicos o privados, pero cada vez más marginales, de la entidad.

Quien pretenda leer de otro modo otorgamiento del reconocimiento Francisco Tenamaxtli de esta anualidad 2019, es porque desconoce la realidad del ejercicio de la libertad de prensa en Jalisco, una de las principales cunas de las instituciones liberales bajo las que todavía vivimos los mexicanos.

Como no he dicho en otras ocasiones, el impetuoso gobernador se enfurece ante la, a su juicio, incomprensible crítica a sus ambiciones refundadoras, y de este modo, ha pasado de construir monumentos de dudoso gusto estético a los periodistas víctimas de la persecución estatal y criminal, a perseguir mediática y políticamente los disensos emanados de los medios de comunicación.

De manera que con muy poca Innovación respecto al estilo de sus antepasados en el ejercicio del gobierno, usa abiertamente los recursos que los jaliscienses le damos para integrar el presupuesto, como un medio de domesticar a los grandes consorcios mientras omite entregar un centavo partido por la mitad a lo que como ya sabemos llama “prensa basura”, a la par que integra su propia “prensa”, esto es, compañías de difusión ausentes de independencia y crítica, para sus mensajes unidireccionales a la población, un esquema de comunicación costoso pagado por el erario, y que en el contexto nacional dominado por otro modelo político autoritario pero sensiblemente más legitimado y carismático como es el del presidente Andrés Manuel López Obrador, resulta en un cada vez menos eficaz instrumento de su propaganda personal.

Bajo esa lógica del ejercicio de nuestra profesión frente al político más intolerante de las últimas tres décadas, adquiere un notable valor la posición valiente de los consejeros de Derechos Humanos, pues asumen una decisión que deben saber no es bien vista por el huésped en turno de Casa Jalisco.

Alfonso Hernández Barrón, presidente de este organismo ciudadano que ha sido señalado por su tibieza en su vida institucional que se acerca a los 30 años, decidió correr el riesgo porque, se justificó en la ceremonia ante los propios periodistas, “no nos vamos a esperar” a que ocurran hechos irreparables para manifestar abiertamente el respaldo a los profesionales del periodismo.

Más allá de los nombres, entre los que se encuentran mis compañeros Sonia Serrano, Gricelda Torres Zambrano ,Alejandra Guillén, María Antonieta Flores Astorga, Sergio René de Dios Corona, Rubén Martin y Juan Carlos García Partida, además de quien esto escribe, lo relevante no es inflamar ninguna vanidad personal, sino reconocer el derecho a disentir, qué es el núcleo sobre el que se construyen todas las verdaderas democracias.

También se trata de mandar un mensaje a todos los periodistas de esta entidad para que asuman su responsabilidad en el pleno de ejercicio de un derecho que es básico para la sociedad: la completa libertad para publicar cualquier información o asumir cualquier postura por indignante o escandalosa que resulte para el poder establecido. Lo cual significa que tenemos que empezar a educar a los poderosos empresarios de los medios para que entiendan que sus empresas podrán tener cuentas privadas, pero se enriquecen, o algunas mal viven, de un bien público, y por lo tanto le deben cuentas a la sociedad (decirlo en voz alta hace un año, cuando fui uno de los galardonados del Premio Jalisco de Periodismo 2018, me ocasionó el veto de El Informador: uno de sus directivos se irritó porque invité a los periodistas a no pedir permiso para publicar, mientras denostaba la política de los editores de ofrecer reporteros como víctimas propicias a Alfaro Ramírez -sucedió también cuando era gobernador Francisco Ramírez Acuña- cuando a éste le molestaban ciertas coberturas. Y dije justamente eso:

No se vale que a pretexto de que son empresas, dañen trayectorias profesionales y afecten el derecho de la sociedad a informarse por medio de periodistas debidamente capacitados.

La “venganza” del editor en cuestión fue la orden de borrar de las noticias de ese centenario matutino el nombre del hereje que llamaba a semejante revuelta, al dar cuenta de los galardones en sus diferentes plataformas).

Lo repito hoy: bajo esa premisa jamás puede ser motivo de despido o sanción para un trabajador de los medios de comunicación, publicar verdades profesionalmente acreditadas, es decir, que estén soportadas en hechos, testimonios y documentos, y no en meros prejuicios ideológicos.

Porque también hay que reconocer la necesidad de ser autocríticos: el periodista está obligado a probar de la forma más exhaustiva posible, bajo las limitaciones consabidas del espacio y el tiempo bajo las que se desenvuelve, cualquier aseveración categórica que se establezcan en sus publicaciones. Evidentemente, también debe tener el espacio para que se ejerza el derecho de réplica, y en todo caso, buscar siempre que la contraparte pueda ejercerlo, aunque como dice un dicho que estaba de moda entre los viejos periodistas con los que me formé en los años 80 y 90, del siglo pasado, “se nos caiga la nota de ocho”. 

Este profesionalismo pulcro y sobrio no nos puede hacer olvidar que el periodista debe ser incómodo para el poder, no solamente institucional sino también para los poderes fácticos, que van desde las iglesias y las cámaras empresariales hasta individuos con amplias cuentas financieras y derechos de picaporte ante gobernadores, presidentes municipales y presidentes de la república. Sin olvidar sumar a los temibles señores de la guerra que desde hace más de una década disputan con el estado el control económico y político de muchas regiones de Jalisco y México.

Tampoco podemos olvidar los periodistas nuestro deber de darle espacio y voz a quienes carecen de acceso directo al poder, un servicios esencial para preservar los derechos humanos, esto es, las libertades básicas que dan sentido a la democracia.

Pero es una libertad no solamente ejercida en sentido negativo: los periodistas también debemos buscar modelos de solución de conflictos que se construyen sobre todo desde la sociedad, y esa es otra forma de asumir a plenitud a los derechos de los ciudadanos a participar en la discusión y la solución de los asuntos públicos.

Los poderosos deben entender, sobre todo cuando están investidos de poderes constitucionales, formales, que sus libertades personales están limitadas pues no se representan solamente a sí mismos; están obligados a gobernar para todos. Esto incluye a los odiosos disidentes, y por ende, la conducción pública debe ser moderada, prudente y receptiva de los reclamos que les hagan los particulares, las comunidades, los organismos de la sociedad civil y evidentemente sus adversarios políticos.

El presidente de la CEDHJ con los periodistas reconocidos.

Tampoco pueden olvidar que el periodista hace política pero como contrapoder. Esto significa que su labor paciente y meticulosa de extraer o crear expedientes que demuestren errores, omisiones, malos manejos y corrupción son esenciales para la vida democrática. En consecuencia, no se debe utilizar el poder del presupuesto para aplastar estos ejercicios, a lo Trump. Enrique Alfaro Ramírez lo está haciendo. Y tenemos los dos ejemplos: uno, el de la prensa educada y sometida de sus amigos empresarios, muchos de ellos también ligados al modelo de negocios que el poder fomenta desde hace décadas en Guadalajara y Jalisco; y por otro lado, los medios y periodistas vetados, maltratados y calumniados en redes sociales, algo que no es privativo de los periodistas, pues las organizaciones civiles que no se disciplinan a los mandatos de la “refundación” también son objeto de campañas calumniosas a nivel local e incluso nacional (el caso de las asociaciones vecinales opuestas a la redensificación urbana bajo las reglas del alfarismo, es el más sonado de estos).

Si en la Comisión Estatal de Derechos Humanos ya saben que se han subido al ruedo al hacer un espaldarazo político al periodismo libre, que cuestiona al poder, será oportuno que se empiecen a abrir expedientes sobre el acoso mediático y político del grupo que hoy gobierna Jalisco. Y caminar además a la propuesta de estructuración de un modelo Imparcial y libre de intereses políticos y tráfico de influencias para la asignación de presupuesto por publicidad a los medios. El modelo de entrega de recursos públicos a la prensa es universal, pero los países que tienen democracia serias y consolidadas no establecen condiciones extralegales sino perfectamente objetivas y medibles para que un medio reciba una partida presupuestal, caso notable de Francia. Son sociedades en que las que los propios ciudadanos han definido que la prensa es bastante importante como para perderla o dejarla en manos de los políticos y los empresarios. Y el otorgamiento de recursos con transparencia, sin amiguismos ni tráfico de influencias obliga a la rendición de cuentas por parte de los medios, y los espacios de los periódicos la radio la televisión y las plataformas digitales están abiertos a los lectores y son receptivos a sus críticas e intereses.

Ojalá que a partir de este hecho, la CEDHJ empuje, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, como es de manera notable la Amedi (Asociación Mexicana de Derecho a la Información) al establecimiento de una agenda para modernizar la relación entre el estado y los medios, y que las asignaciones sean definidas en un modelo legislativo dónde el criterio del poderoso en turno no intervenga. El famoso “no pago para que me peguen” (José López Portillo dixit) no tiene nada que hacer con una verdadera tradición democrática e institucional.

Y dicho de otro modo, si es verdad que Enrique Alfaro desea reglas más democráticas para la real modernización de Jalisco, cosa de la que yo he dudado desde el principio de su gestión, tendría que transitar por este camino autocrítico y dejar de erigirse como el cacique supremo e Intocable de la transformación jalisciense gatopardista.

Bien por eso para la CEDHJ, que tiene ahora la oportunidad de afianzar una importante agenda propia para posicionarse de forma más legítima y autónoma frente a la sociedad, con más distancia de los poderes institucionales que siempre la han querido controlar y condicionar tanto desde el legislativo como del ejecutivo. La gestión de Alfonso Hernández Barrón está ante una valiosa coyuntura que debe aprovechar para crecer en credibilidad y dar respuesta en las luchas de los derechos humanos que le corresponden. Rescatar la libertad de prensa es tarea de todas las instituciones, y en una democracia, éstas siempre están por encima de los caudillos del momento, por más razón y poder que estos pretendan detentar.

Agustín del Castillo es periodista con tres décadas de andanzas, especialmente en temas ambientales, de desarrollo urbano y rural, que defiende como asuntos eminentemente políticos. Sus dos fes están en dos nociones precarias: la democracia liberal y las chivas del Guadalajara
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