Primero los pobres… la persistencia de un progreso improductivo

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“…[la] mejora en las condiciones de las clases inferiores del pueblo, ¿debe considerarse ventajosa o perjudicial para la sociedad? Es una cuestión cuya respuesta y decisión a primera vista parece muy clara y sencilla. Los criados, los trabajadores y los operarios de especies diferentes, componen la mayor parte de toda la sociedad política y culta. ¿Cómo se ha de mirar, pues, como perjuicio, la ventaja de la mayor parte? Ninguna sociedad puede ser floreciente y feliz si la mayor parte de sus miembros son pobres y miserables. Es, por añadidura equitativo que quienes alimentan, visten y albergan al pueblo entero participen de tal modo en el producto de su propia labor que ellos también se encuentren razonablemente alimentados, vestidos y alojados”.

Adam Smith, La riqueza de las naciones

Tras un año de una república sumida en el desasosiego y la perplejidad, conviene no olvidar que casi ningún político formula idearios opuestos a las ideas de bienestar que tienen los gobernados. Pero se trata simplemente declaraciones de principios: algunos prometen enfrentar y controlar el cáncer de la violencia, que se acabe la corrupción, que crezca la economía; otros (los menos) salvaguardar el patrimonio natural como base del desarrollo; muchos más que se generen condiciones de equidad de oportunidades, que se amplíen los derechos y se vulneren los privilegios… bajo esa lógica, resulta irrefutable un principio de gobierno que, junto con el combate a la corrupción, significa el eje de la Cuarta Transformación que ambiciona ejecutar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador: “por el bien de todos, primero los pobres”.

No obstante, el problema comienza allí. En qué entiende el presidente por esa seductora fórmula, grandilocuente pero vaga, y sobre todo, en qué modo la pretende llevar adelante. En una somera revisión de lo realizado durante doce meses, cabe señalar algunas tendencias acusadas que ya revelan una especie de camino: desde el aumento al salario mínimo (con impacto positivo para nueve millones de trabajadores formales, pero no para decenas de millones que laboran en el inmenso sector informal) hasta un creciente presupuesto dedicado a programas de transferencias directas a millones de personas en situación precaria, desde adultos mayores hasta jóvenes estudiantes de clases populares; madres, campesinos, niños, que conforman el universo de población vulnerable que recibirán el grueso de la inversión pública.

Muchos mexicanos condenan esta política bajo la premisa de que la pobreza es una especie de elección y no una condena -lo que ha llevado a analistas a calificar de aporafobia (temor a los pobres) a este prejuicio contra la inmensa mayoría de la población mexicana que vive en marginación y pobreza-; otros, por el contrario, señalan que es insuficiente, pues el proceso ha venido acompañado con la reducción y eliminación de instituciones y bienes públicos que en el pasado daban sentido y encauzaban estas políticas, incluso si estaban menos nutridas de presupuesto (Prospera, Seguro Popular). 

Carlos Brown Solá lo refiere con meridiana claridad en un artículo publicado en septiembre pasado en un blog de la revista Nexos: “…destaca que incluso la política de protección social por medio de transferencias directas no venga acompañada de una estrategia para garantizar una mayor y mejor provisión de bienes y servicios públicos.

En otras palabras, que se otorgue el dinero pero no los medios para utilizarlo o complementarlo de manera adecuada.

Pensemos como ejemplo en una madre soltera trabajadora con una hija, que recibe un apoyo económico bimestral de mil 600 pesos por parte del Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, hijos de madres trabajadoras, para la contratación de servicios de cuidado. Si esa madre no cuenta con una guardería cercana al trabajo o el hogar, ni con transporte público adecuado para poder llevar a su hija a la guardería más cercana, ni con una red de apoyo —familia y/o amigos— que le ayuden a cuidar a su hija, difícilmente podrá verse verdaderamente beneficiada por dicho apoyo. El ejercicio efectivo de derechos no sólo depende de contar con la capacidad económica para pagar por ellos, sino también de un andamiaje público de bienes y servicios que funcionan a manera de ingreso virtual para las familias que dependen de los apoyos estatales para ello”.

De este modo, agrega, “el Estado mexicano vuelve a asumir un rol más activo desde la lógica del desarrollismo, donde el presidente —y su oficina— tiene un papel central y personalísimo en la asignación, reparto y control de los recursos. Una visión conservadora de las finanzas públicas que rompe con la idea de progreso hacia adelante que había mostrado durante la campaña electoral como la idea de lo que sería su gobierno. Esto se complementa con las señales del debilitamiento político y presupuestario de las instituciones autónomas que deberían cumplir con un rol regulador, evaluador o de transparencia del ejercicio de su gobierno”.

Es decir, la voluntad presidencial es otorgar recursos a los pobres de forma directa, sin intermediarios. Ese dinero es valioso, pero no tiene manera de ser una ventaja real si no existen las instituciones y los bienes públicos que permitan usarlo para la salud, el trabajo, la educación o la producción.

No hay que acudir a instituciones “neoliberales” para destacar la pertinencia del enfoque institucional para asegurar las bondades de las transferencias directas. “Tanto la institucionalidad como la transparencia son fundamentales para garantizar una mayor sostenibilidad de los programas en el tiempo, sin rupturas justificadas únicamente por los ciclos políticos. Esto se logra gracias a la adopción de marcos jurídicos e institucionales adecuados, así como mediante el libre acceso a información sobre distintos aspectos del programa (requisitos de acceso, procedimientos de postulación, características de las prestaciones, formas de pago y otros) por parte de la población. A su vez, la participación efectiva de los destinatarios y la comunidad permite retroalimentar de manera continua a los administradores de los programas, lo que les permitirá aplicar mejoras de implementación. La participación ciudadana, unida a mecanismos efectivos de rendición de cuentas, contribuye además a eliminar eventuales casos de corrupción o clientelismo” (Transferencias de ingresos para la erradicación de la pobreza. Dos décadas de experiencia en los países de la Unión de Naciones Suramericanas, CEPAL y Unasur)

Una de las grandes creaciones del estado postrevolucionario en México fueron instituciones que vertebraron importantes conquistas para la calidad de vida de los ciudadanos: el voto universal de hombres y mujeres, la educación laica y gratuita impartida por el estado (tener universidades públicas que han sido puntales en calidad educativa y científica es una enorme ventaja que los mexicanos tendríamos que aquilatar cuando nos comparamos con otras naciones en desarrollo), el derecho a la salud, a la vivienda, al ambiente sano, al acceso a la justicia. Se construyeron importantes instituciones que van desde el IMSS y el Infonavit hasta el INE y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esto fue posible, en parte, porque el presidente en turno era todopoderoso, pero estaba condenado a limitar ese poder omnímodo y omnipotente a sus seis años de gobierno. No había incentivos para buscar crecer la figura del mandatario por encima de la compleja y creciente estructura gubernamental, la cual se hizo más diversa con la llegada de los vilipendiados gobiernos neoliberales, los cuales, una vez perdida la legitimidad que daba la calidad de vida al alza y el crecimiento económico a tasas de 6 por ciento anual, buscó recuperar esa legitimidad en la apertura democrática, y eso desbocó en la alternancia política y un más efectivo ejercicio de los derechos.

Se habla que la llegada de López Obrador es un regreso al pasado, a la “presidencia imperial” (fórmula exitosamente acuñada por Enrique Krauze), pero en realidad esa nostalgia oculta la verdadera novedad del régimen que el tabasqueño pretende construir: sí, el regreso al estado centralizado, al federalismo vulnerado, a viejas utopías como la soberanía alimentaria, al crecimiento del mercado interno, a la recuperación idílica (¿imposible?) del petróleo como “palanca del desarrollo”, al presidente todopoderoso que castiga y da dádivas… pero esto en medio de una creciente demolición de instituciones que antes eran órganos de la legitimidad presidencial, donde los apoyos entregados por Morena a nombre del presidente, la ausencia de padrones y la falta de reglas de operación, precarizan notablemente la búsqueda de reducir la pobreza, si bien, fortalecen la figura del “primer magistrado de la nación”.

Al margen de la intención político-electoral, ¿tiene este ejercicio de combate a la pobreza posibilidades de ser exitoso? Como ha operado hasta ahora, es difícil. Si el caso es que tenga larga vida, se deberán establecer padrones, reglas de operación, y fortalecer instituciones y bienes públicos que permitan que ese relativo aumento del ingreso vía transferencias realmente mejore la educación, la salud y el bienestar. Hay otras medidas de inclusión que son directamente económicas y que debería permitir que millones de empresas informales se legalizaran. No es una herejía: la gran demanda de reforma del capitalismo global pasa por mejorar las condiciones de las mayorías como sustento de la paz social que derive en prosperidad económica, pero además, es algo que se hará cada vez más obligatorio con los cambios que se vienen en los mercados de trabajo como efecto de la gran revolución de la inteligencia artificial. Una “renta universal”, un espacio creciente para el ocio, una mejora en el acceso a la capacitación para oficios, técnicas y conocimiento que garantice trabajadores más preparados para oficios más demandantes de conocimiento y de flexibilidad laboral, pues los empleos no calificados los desempeñarán robots ( lo reseña muy bien el historiador Yuval Noah Harari en su magnífico 21 lecciones para el siglo XXI).

En lo que todos los críticos de esta política de transferencias tienen razón, es que el combate a la pobreza tiene sentido solo si genera condiciones para el ascenso social y para la autonomía creciente de los individuos y comunidades que son sujetos del apoyo (situación que se debe medir).

Es decir, eliminar progresivamente la pobreza, y hacer que cada vez más pobres salgan de ésta.

Ante la asumida confesionalidad cristiana de López Obrador, adquiere pertinencia la pregunta que le formularon los economistas Jacques Paternot y Gabriel Veraldi al papa Juan Pablo II, “¿la iglesia quiere a los pobres hasta tal punto que procura producir muchos más por temor a quedarse sin ellos? […] los cristianos no pueden sino aprobar ‘la opción preferencial por los pobres’; pero el desconocimiento de las realidades económicas se convierte en ‘una opción por la pobreza’ y eso no es lo mismo para los pobres ni para las iglesias…” (¿Está Dios contra la economía? Carta a Juan Pablo II. 1992).

Pero deberemos ser realistas: el contexto de reducción de inversión en bienes públicos, de liquidación o degradación de instituciones a pretexto de la corrupción (real sin duda, pero que no constituye la esencia del ser de estas), de transferencias multimillonarias sin control con tufo político-partidista, se agrega la ausencia de políticas fiscales. Y hay consenso en que debe haber una verdadera reforma fiscal que por un lado, aumente la base gravable (una drástica reducción de la informalidad en que está medio país) e incrementen progresivamente (a mayor riqueza, más proporción de impuestos) la carga entre los causantes; y por el otro, establezcan condiciones para que realmente las micro y pequeñas empresas tengan posibilidad de reducir su carga fiscal a cambio de los empleos que generan (es sabido que esos establecimientos dotan de la mayor parte de la ocupación en el país) en lo que alcanzan la sostenibilidad no solo económica, sino social y ambiental. Una vez superadas esas condiciones de precariedad, pasan a una clasificación diferente y de mayor carga tributaria. Justicia elemental, que implica plenitud de derechos como la indispensable seguridad y paz social, la consolidación de la propiedad privada o social, el acceso a créditos y tecnologías de bajo costo. Estado de derecho, dicho llanamente.

De lo contrario, estamos de nuevo frente a un escenario de Progreso improductivo, uno de los títulos más famosos de Gabriel Zaid. Pero es el economista peruano Hernando de Soto quien sintetiza la cuestión de forma  más actual, pues prevalece en América Latina este fantasma del fracaso del libre mercado: “la mayoría de los programas de reforma económica en las economías pobres podrían en efecto estar cayendo en la trampa que Karl Marx previó: que la gran contradicción del sistema capitalista es que propicia su propia desaparición al no poder evitar concentrar el capital en pocas manos. Al no permitir acceso mayoritario a los mercados ampliados, estas reformas van dejando campo fértil para la confrontación de clase: una economía capitalista y de libre mercado para los pocos privilegiados que pueden concretar sus derechos de propiedad, y pobreza en ciertos grados para un gran sector subcapitalizado, que no alcanza a apalancar sus propios activos” (El misterio del capital, Hernando de Soto, 2000).

De este modo, sería un capitalismo fracasado, el llamado neoliberalismo, el que debiera ser superado por un sistema equitativo de libertad económica con los apalancamientos legales y culturales necesarios para hacer real la prosperidad. Pero no con la vuelta a un pasado que en realidad nunca fue próspero para los pobres de México.

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