Negocios gubernamentales y medio ambiente en Jalisco

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El gobierno del Estado de Jalisco decidió ignorar por completo  la perspectiva medio ambiental en todos sus negocios conocidos como programas de crecimiento o desarrollo. Si se hiciera una proyección a mediano y largo plazo, 10 a 30 años, esta mostraría cómo la geografía del Estado será transformada y el concepto “conservación” habrá perdido su sentido. ¿Qué conservar? ¿Para qué conservar?

El actual gobierno actúa como un depredador de todas las áreas naturales del Estado. Cada uno de sus negocios representan una grave pérdida para el medio ambiente en su conjunto. La fauna, los bosques, la flora y el agua todos los días se ven afectadas.

La Secretaría del Medio ambiente del gobierno del estado, ocupada en viajes y organizar coloquios paradójicamente orientados a la protección del medio ambiente, se convirtió en un cómplice de la cotidiana depredación medioambiental que sufren todas las regiones del Estado de Jalisco.

El empeño del gobernador en hacer habitables las Villas Panamericanas y la alegría manifestada a los medios por el secretario de agricultura celebrando los cientos de toneladas de aguacate y berries que importa Jalisco, son tan solo dos ejemplos de esa obstinada separación entre crecimiento económico y medio ambiente. En ninguno de los dos casos, los funcionarios hicieron el esfuerzo de pensar en las consecuencias negativas ocasionadas al impacto ambiental por sus festejadas decisiones. Para ellos, el medio ambiente es una variable invisible, innecesaria, que no está en juego.

En ambos casos, las villas y los aguacates, los únicos beneficiados son empresarios amigos del actual gobernador y en los números alegres  que presumen se cuidan de no contabilizar el valor de la pérdida de bosques, la erosión de la tierra, la eliminación de mantos freáticos y el avance de la desertificación producto del pragmatismo de sus decisiones.

El secretario de medio ambiente ignora, o no le preocupa, cuál es el valor de una hectárea deforestada, el valor contemplado dentro de los complejos mecanismos de la sustentabilidad, no en términos de ganancias absolutas para la empresa tequilera que durante siete años va a producir agaves, o para la empresa de paneles fotovoltaicos que dentro de poco nos proveerá de “energía limpia”, sin considerar la erosión permanente de la tierra.

La secretaría del medio ambiente no tiene ni idea, tampoco le interesa, del número de venados, águilas cola roja, víboras de cascabel o armadillos que dejarán de reproducirse ante la eliminación de su hábitat.

¿Cuántas especies se ponen en peligro real de extinción por la amenaza constante de los incendios previos a la deforestación?

La secretaría encargada del medio ambiente tampoco ha calculado, porque no tiene por qué hacerlo, la contaminación de mantos freáticos por la aplicación de chapopote en las brechas de las comunidades rurales ni el número de años que tardarían en recuperarse las tierras una vez erosionadas por la imparable deforestación.

A esta secretaría no le  preocupa, detener el avance de la desertificación ni intenta conocer el tiempo de recarga de los mantos freáticos sobre todo en los periodos de sequía, que afectan no solo a los habitantes de las comunidades rurales sino a toda la flora y fauna del estado, porque el daño al medio ambiente no está contemplado en los planes de negocios del gobierno.

En su egoísmo, en su afán  por querer convencernos de las bondades de todas las acciones de su gobierno, el gobernador y sus empleados son incapaces de pensar en el impacto negativo de cada uno de sus actos. Su soberbia no les permite ver que cada acción, por muy benéfica que se presente, lleva un daño por lo general irreparable al medio ambiente.

El gobierno del Estado aún considera a los animales, los bosques, las plantas y el agua como “recursos naturales renovables” para su uso, y en su ambición, desinterés o ignorancia, creen que esos “recursos” se renuevan de manera natural.

Por eso todos los planes de crecimiento y desarrollo económico del estado prevén la explotación irracional de esos “recursos”, sin contar con un plan de mitigación del impacto ambiental en las zonas agredidas.

Sería deseable que el gobierno del Estado contara con un plan para resarcir el daño al medio ambiente provocado por cada una de sus acciones. Un plan que ofreciera una respuesta a los habitantes del estado cuando se “modifica el uso del suelo” o cuando se introduce al bosque maquinaria pesada para arrasar cientos de hectáreas de árboles.

Obviamente, un plan de protección al medio ambiente frente a las propias medidas tomadas por el gobierno, sería tan costoso, o más, que los negocios avalados por esas acciones. Al plan de negocios del gobierno y sus socios empresarios no le saldrían las cuentas si incluyeran en él la variable: “protección al medio ambiente”.

Negocios son negocios.

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