TOCANDO FONDO

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Chile ha sido una de las economías latinoamericanas que más rápido creció en las últimas décadas debido a un marco macroeconómico sólido que le ha permitido amortiguar los efectos de un contexto internacional volátil y reducir la pobreza (USD5.5 por día) de 30% en 2000 a 6.4% en 2017.

Después de haber crecido un 4.0% en 2018, el crecimiento del PIB cayó a 1.8% en la primera mitad del 2019 a causa de un contexto externo desafiante, condiciones climáticas adversas y el retraso en algunas reformas del Gobierno.

El déficit de la cuenta corriente aumentó de 0.9% del PIB en el primer semestre de 2018, a 1.3% en el mismo período de 2019. Las reservas internacionales, sin embargo, se mantuvieron estables debido a que el déficit en cuenta corriente fue financiado por deuda externa (pública y privada) y, en menor medida, por inversión extranjera directa.

El déficit del gobierno central a doce meses se mantuvo en torno al 1.7% del PIB en la primera mitad del 2019 ya que los menores ingresos del cobre fueron compensados ​​por la desaceleración de los gastos corrientes y la contracción de las transferencias de capital.

Empero, dada la reciente desaceleración, las autoridades han cambiado la orientación de su política macroeconómica para promover un mayor crecimiento mediante una mayor inversión pública y la reducción de la tasa de interés de política monetaria.

Las autoridades también están buscando los consensos sobre la agenda de reformas para enfrentar algunos desafíos de mediano plazo. La consolidación fiscal prevista a mediano plazo será fundamental para estabilizar la deuda y consolidar la confianza. Los esfuerzos de las autoridades para racionalizar el sistema tributario, facilitar la movilidad laboral, reducir la burocracia, mejorar el sistema de pensiones y fortalecer el sistema financiero también serán cruciales para promover un mayor crecimiento.

Pero en medio de esas perspectivas, todo explotó. De un día a otro, como si se hubiera tratado de una conspiración, las calles de las principales ciudades chilenas se atiborraron de manifestantes, violencia y casos, que sorprendió y superó al gobierno. 

Tradicionalmente se piensa que las rebeliones sociales ocurren en entornos de extrema pobreza y por eso sorprende que estas explosiones aparezcan en la Francia de los chalecos amarillos, los votantes del Brexit o Trump y, entre nosotros, en economías como las de Ecuador o especialmente de Chile, todas sociedades en ascenso, con problemas pero sin miseria profunda. Sin embargo, hace medio siglo que se sabe: en nuestra región, el motor de las protestas no es la pobreza objetiva sino la indignación por las diferencias. En el caso de Chile, un pobre en Santiago del Estero no reacciona igual que uno del Conurbano, que puede verificar en la calle misma las condiciones de creciente desigualdad.

Un modelo a seguir. Un oasis. Un milagro económico. Son algunos de los elogios que se repetían al hablar del modelo chileno, que con sus brillantes cifras destacaba en América Latina, una región con serios problemas económicos.

Pero esa idea se ha ido resquebrajando en estas  semanas, cuando miles de ciudadanos han salido a tomar legítimamente las calles para protestar por la desigualdad y exigir la puesta en marcha de profundas reformas sociales. 

Aun a pesar de que el gobierno diera marcha atrás a las alzas en el transporte y que prometiera hacer los ajustes que incluían la renuncia prácticamente de todos los ministros en el gobierno, muchos chilenos continúan en las calles en lo que llaman protestas transversales, porque es gente de todas las clases sociales la que participa en ellas. Asimismo, no hay partido político que haya quedado libre de críticas. Los manifestantes acusan tanto a líderes de izquierda, de derecha o de centro, de no haber construido una sociedad con mayor justicia social.

El modelo económico del país sudamericano se ha puesto, pues, en el centro del debate.

Y para entender los pilares de ese modelo que antes era considerado exitoso y hoy se critica, hay que ir atrás en el tiempo. En 1970, Salvador Allende se convertía en el primer socialista electo e intentó instaurar en Chile un modelo con medidas como la reforma agraria y nacionalización de empresas privadas. Pero en 11 de septiembre de 1973, el general Augusto Pinochet derrocó su gobierno con un golpe de Estado.

Para entonces, producto de toda la crisis, la economía estaba colapsada y la inflación por los cielos: rozaba el 500%, según los datos del Banco Mundial.

Pinochet implementó una fórmula económica diametralmente opuesta a la de Allende: el país fue como una especie de laboratorio del neoliberalismo en la región. Algo considerado tan polémico como revolucionario en su momento.

El encargado de ejecutar esta estrategia económica fue un grupo de graduados de la Universidad de Chicago, que luego serían bautizados como los Chicago boys.

Y así fue como comenzó la liberación financiera, se relajó el control estatal de la economía y se llamó a la inversión extranjera.

La privatización fue uno de los pilares del modelo de Pinochet: con la creación de la nueva Constitución política de Chile, servicios básicos como la luz y el agua potable pasaron a manos privadas.

También hubo una fuerte privatización en áreas como la educación y la salud. Con algunos altibajos, la fórmula económica parecía funcionar. O al menos eso decían las cifras macroeconómicas.

El Producto Interno Bruto (PIB) per cápita chileno comenzó a despegar. El ascenso fue casi constante y muy superior a la media de América Latina.

En 1990, con el retorno de la democracia en Chile, el modelo neoliberal continuó.

Aunque hubo reformas sociales importantes: se introdujeron seguros de salud universal, de desempleo y mejoras en la educación pública.

Estas medidas ayudaron a reducir la pobreza. En el año 2000 el 30% de la población vivía con US$5.5 al día y para el 2017 eran el 6.4%.

También se mejoraron indicadores como la mortalidad infantil que pasó de ser de 16.2 por cada mil nacidos vivos a 6.2 en la actualidad, según datos el Banco Mundial.

Aunque de acuerdo a un reporte de la Organización Mundial de la Salud de 2005, ese decrecimiento de mortalidad infantil se vio fundamentalmente en los hogares con mayor nivel de educación e ingresos.

Durante este período también se dio paso a más privatizaciones de otros servicios públicos, como la llamada “concesión” de las carreteras.

En muchos chilenos comenzó a germinar la idea de que Chile, más que un país, era una empresa privada. Así llegamos a la situación actual. El aumento del precio del metro, que fue lo que al principio motivó las actuales protestas, ha destapado lo que podríamos llamar la “caja de pandora” del descontento de los chilenos.

Según diversos analistas, había una expectativa entre los chilenos de que la riqueza que mostraban los indicadores macroeconómicos y el gran crecimiento de sus empresas repercutiera en todos los sectores.

Pero eso no llegó. Y ningún partido o líder político fue capaz de diagnosticar el hartazgo de millones de chilenos.

Los indicadores macroeconómicos de Chile iban en ascenso y por eso era visto como un modelo exitoso. Pero esas cifras macroeconómicas escondían lo que había estado ocurriendo debajo de las élites económicas.

Los chilenos se sienten “abandonados” por el Estado y denuncian “abusos” del sistema. Aseguran que hoy su país es tremendamente desigual. Se trata de un modelo económico donde el Estado interviene poco, porque el mercado rige. Si se necesita un servicio, se debe pagar por él.

Por ejemplo, la salud pública no es de calidad ni cubre todas las enfermedades, por lo que el 20% de la población usa la medicina privada.

El precio de los medicamentos es también elevado.

El costo promedio de la venta a público de un fármaco en Chile es de US$9.3, un 23% más bajo que en el resto de Latinoamérica.

Pero el precio promedio de los medicamentos originales (no genéricos) es de US$28.5, el más alto de la región.

Si bien la educación superior es gratuita para el 60% de los estudiantes, es más difícil llegar a la universidad si antes no se paga por una buena educación privada. El sistema de pensiones es otro de los temas qué más se ha reclamado en las últimas protestas. Se trata de un fondo privado al que aporta el propio empleado. No los empleadores.

Un pensionado en Chile recibe un promedio de US$286 al mes, muy por debajo del salario mínimo. Pero hay otros, quienes tras cotizar 30 años o más, reciben US$1.000 al mes. Así, las grietas del modelo económico chileno, que se ponía como ejemplo de desarrollo en toda la región, quedaron al descubierto con esta crisis, a la que aun se le ve lejos la solución.

La calle pudo más. Las protestas también. Chile canceló el encuentro de líderes del Foro de Cooperación del Asia Pacífico (APEC) y la cumbre mundial del clima COP25, que iban a celebrarse en Santiago en pocas semanas, ante el estallido social que sacude al llamado hasta hace poco el país más estable de América Latina. 

Tras el anuncio de la cancelación de las cumbres, que cayeron como balde de agua fría a la industria turística, hotelera y gastronómica de la ciudad, la bolsa de Santiago cayó 2.80 puntos y el dólar alcanzó su nivel más alto desde 2003, situándose en 739.5 pesos (1.54%).

La APEC, que iba a realizarse el 16 y 17 de noviembre en Santiago, se anticipaba como el escenario en que China y Estados Unidos podían firmar un acuerdo que finalizaría su guerra arancelaria. A la cita ya habían confirmado su presencia Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping. Putin canceló su participación el martes.

El foro reúne a 21 economías del Asia Pacífico, entre ellas Japón, China, Canadá y Rusia. Para la COP25, prevista entre el 2 y el 13 de diciembre, se esperaba la presencia en Santiago de cerca de 2,000 delegados, junto con la activista sueca Greta Thunberg. Se trataba del evento que asumiría los compromisos y desafíos de la emergencia climática que enfrenta el mundo.

La COP25 estaba prevista a realizarse en Brasil, pero tras asumir el presidente de derecha Jair Bolsonaro se negó a organizarla y Piñera asumió el reto en un claro intento por erigirse en un líder regional en temas medio ambientales. La crisis, que llevó al país a cancelar los dos eventos, mostró una fragilidad del modelo, explotó de la peor forma y lleva aparejado un costo en caída de la imagen internacional difícil de revertir. Según analistas, lejos de aplacar el descontento, la cancelación de las reuniones representa una “señal de debilitamiento y de agudización del conflicto”.

En tanto, las movilizaciones en Chile no cesan. Por un lado, masivas manifestaciones pacíficas; por otro, violencia, destrucción y desmanes. El cambio de gabinete parece no ser suficiente para frenar el estallido social que tiene al país sudamericano convulsionado, en medio de su mayor crisis desde su regreso a la democracia.

La suspensión del alza de los pasajes del metro -la chispa que detonó el estallido- y el anuncio de aumento del sueldo mínimo, entre otras medidas anunciadas la semana pasada por Sebastián Piñera, tampoco han logrado calmar a la población.

Para lograr que el país sudamericano salga de esta crisis en lo inmediato urge restablecer la confianza en la clase política, tanto de gobierno como oposición, fuertemente impugnada por quienes están movilizados. Es necesario también relegitimar instituciones que están hace tiempo en crisis, no sólo políticas, como el Parlamento o los partidos, sino también otras, como la Iglesia -fuertemente cuestionada-, las Fuerzas Armadas, la Policía y el Poder Judicial. Y en tercer lugar, restablecer el diálogo político.

Aquí se requiere una solución política, porque no es un solamente un problema de dinero, sino también, y fundamentalmente, de dignidades que han sido pasadas por encima por años. 

Ahora es el momento de lograr ciertos cambios profundos en el sistema, pero no hay que olvidar que eso tomará más tiempo, y por lo mismo, deben comenzar ahora. Y también es importante que se vean algunas soluciones pronto, porque hay urgencias en las demandas.

El movimiento de protesta en Chile ha sido una válvula de escape. El desahogo de una ciudadanía cansada del alto costo de la vida y los deficientes beneficios sociales, en uno de los países más desiguales del mundo.

La población exige una distribución más equitativa, mejor salud, educación y pensiones. Y aunque una nueva Constitución no aparece en la primera línea de las demandas ciudadanas, ya resuena, a nivel político, como la forma de cambiar el modelo chileno que está haciendo agua.

La Constitución de 1980 es una camisa de fuerza para esos cambios que se necesitan, porque limita la posibilidad de modificar el sistema neoliberal y la lógica de mercado que está detrás, y que justamente está plasmada en esta Constitución.

La actual Carta Magna, herencia de la dictadura, consagra el sistema neoliberal que ha regido a Chile en las últimas décadas. Ha tenido algunas modificaciones en lo político desde el regreso a la democracia, pero lo fundamental se mantiene. En su último gobierno, Michelle Bachelet impulsó un proceso de cabildos ciudadanos para discutir el tema, lo que terminó sin resultado alguno. Lo mismo ocurrió con el proyecto legal que presentó pocos días antes de terminar su mandato.

La Constitución establece una serie de reglas del juego, y la actual tiene muchas restricciones, con un excesivo presidencialismo. Le otorga demasiado poder al presidente y menos al Parlamento y ese desbalance le hace mal a la convivencia política. La Constitución también se fija el rol subsidiario del Estado, que no puede intervenir en muchos ámbitos.

“Este es un sistema creado en dictadura para, justamente, mantener la democracia protegida y autoritaria en lo político, si bien ha cambiado un poco. En lo social y económico, antes había un Estado subsidiario, que se retira de los asuntos importantes que tiene que entregar a la población. El ejemplo más ilustrativo es precisamente el metro, en la hora pico, cuando más gente tiene que viajar, es más caro. Esa es una lógica de mercado, para obtener más ganancias para la empresa. Un gobierno que trabaja en beneficio de la población no debería actuar de ese modo. Esto nunca se había cuestionado, porque es la lógica que está detrás de todas las políticas en Chile.

El Estado no entrega ningún bien a la población sin esa lógica.

Esa es precisamente la lógica que se debería poder cambiar a través de una nueva Constitución. Si Chile logra tener una Constitución más plural y democrática, habrá un marco legal que permita hacer reformas profundas al sistema de pensiones, de educación, de salud.

 La Constitución ya tiene la traba de que cualquier modificación requiere de un quorum de dos tercios en ambas cámaras. Si bien el cambio constitucional no será sencillo, ya sea a través de una asamblea constituyente o del Congreso, tendrá que darse, más temprano que tarde, porque se necesita un cambio en las reglas del juego.

La presión de los manifestantes será clave para hacer avanzar estas reformas, pero también hace falta una coordinación desde la oposición política, que se ve todavía carente de liderazgo y sin demandas claras.

El pacto de la transición, que permitió el regreso a la democracia y significó no sólo acuerdo políticos, sino también la consagración de un modelo económico, hizo agua. Hoy la población exige un nuevo pacto social. El país cambió, pero no ha cambiado el Estado, y eso requiere de un nuevo acuerdo.

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