OLLA DE PRESIÓN

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“No es por 30 pesos, es por 30 años”; esta frase se ha repetido en diversas ocasiones desde que estalló la crisis social que tiene a varias ciudades de Chile en estado de emergencia. Y es que centenares de chilenos dicen que el alza de la tarifa del metro en 30 pesos fue solo la “gota que derramo el vaso”. Prueba de ello es que el anuncio del presidente Sebastián Piñera de suspender el incremento en el precio del transporte público, no calmó en lo más mínimo a los manifestantes.

Al contrario, las protestas se tornaron más violentas, con saqueos a supermercados, quema de una decena de estaciones de metro y autobuses, y ataques a cientos de instalaciones públicas.

Muchos chilenos dicen sentirse abusados por un modelo económico que no cumple con los estándares de una sociedad justa.

El fondo de la crisis que ha estallado en Chile tiene mucho que ver con tres grandes aspectos de su vida nacional, el sistema de pensiones, el sistema de salud y la política sobre movilidad y transporte; temas que acá en México no nos son ajenos y que desde ya deberíamos tomar previsiones para no llegar al punto en que los ciudadanos chilenos llegaron ya.

El sistema de pensiones que actualmente rige en ese país -creado en 1982, durante el gobierno militar liderado por Augusto Pinochet-, ha sido fuertemente criticado por diversos actores sociales y también defendido por otros.

En palabras simples, el mecanismo provisional chileno es suministrado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que son instituciones financieras privadas que se encargan de administrar los fondos de cuentas individuales de ahorros para pensiones; si, como nuestras Afores, exactamente el mismo diseño.

Se basa en que cada persona ahorra una parte de sus ingresos para sostener una pensión al momento de su jubilación. Pero este sistema no ha cumplido con las expectativas de los chilenos. Se ha dicho que el modelo no es capaz de entregar pensiones dignas, y que ha colaborado con la concentración de la riqueza y con la desigualdad del ingreso.

Incluso el propio presidente Piñera, durante su primer mandato en 2013, dijo: “Cuando se diseñó este sistema de pensiones, lo que se buscaba era que las personas pudieran jubilarse con una pensión que fuera el 70% del sueldo de los últimos cinco años y eso no está ocurriendo”.

Los cuestionamientos a este modelo -que, precisamente, fue ideado por el hermano del presidente chileno, José Piñera- han aumentado ostensiblemente en los últimos años, provocando grandes manifestaciones en contra. En 2016, salieron a protestar a la calle unas 600,000 personas que exigían el fin de las AFP.

Una de las agrupaciones que ha liderado estos reclamos se llama “No+AFP”. Para ellos, las administradoras de pensiones en Chile, son bancos encubiertos de los empresarios más ricos del país que utilizan los fondos previsionales para que estos puedan expandir sus inversiones y concentrar aún más el capital en pocas manos. Sí, como el sistema mexicano de afores; y para no ir más lejos como el sistema de pensiones de Jalisco.

Actualmente, hay una reforma al sistema provisional en el Parlamento de Chile. El proyecto de ley -una de las promesas de campaña de Piñera- fue ingresado en noviembre de 2018 y busca, a grandes rasgos, aumentar el ahorro previsional de los trabajadores mediante el aporte adicional y mensual del 4% del sueldo de cada trabajador, financiado por los propios trabajadores.

La iniciativa, sin embargo, genera dudas.

Así las cosas, estas últimas manifestaciones representan un punto de inflexión y, por lo mismo, la discusión en torno a las pensiones va a tener que cambiar. Si antes estaba centrada en si se mantenía o no el sistema de AFP, ahora el foco va a ser cómo lograr que las personas se jubilen de una manera digna.

Con esto, se podría abrir el debate respecto a otro de los sistemas que ha sido cuestionado en Chile: el sistema tributario.

En ese país, -como en el nuestro-; la política redistributiva no logra romper con la desigualdad. Y con este sistema tributario, el cálculo que hacen varios economistas es que al final terminan pagando menos, y no más, las personas más ricas.

Por otro lado, uno de problemas que detonó está crisis es el relativo a la salud pública. El sistema de salud chileno está compuesto por un modelo de atención mixto. Por una parte, está el seguro público denominado FONASA (Fondo Nacional de Salud) y, por otra, uno privado llamado ISAPRE (Instituciones de Salud Previsional).

Las personas afiliadas a FONASA alcanzan el 80%, mientras que las que tienen acceso al sistema privado de ISAPRE representan menos del 20%.

Y, aunque el seguro público ha mostrado mejoras en los últimos años, aún tiene muchos asuntos pendientes.

Entre ellos, la ausencia de hospitales y especialistas, la atención primaria de salud para prevenir enfermedades y la necesidad de reducir las listas de espera que, durante los últimos años, ha aumentado a casi dos millones de personas.

Por su parte, en las ISAPRES los reclamos tienen que ver con el alza de precios de los planes de salud, la baja cobertura, las preexistencias y el acceso restringido a centros de salud. En un discurso en 2018, el presidente Piñera aseguró que “más de tres cuartas partes de la ciudadanía no está satisfecha con la gestión gubernamental en salud y existen razones fundadas para ello”.

“Ninguno de los seguros de salud está cumpliendo a cabalidad su objetivo y existen deficiencias importantes que subsanar”, agregó. Y esta fuerte sensación de desprotección ha generado descontento.

Un rubro más que ha agudizado la crisis es el relacionado al transporte y la movilidad. La red de transporte “transantiago” (hoy renombrado como Red Metropolitana de Movilidad) se creó hace 12 años con la promesa inicial de ser un transporte público de calidad, sustentable y sin subsidios estatales.

Sin embargo, hoy representa uno de los mayores problemas que enfrenta la capital de Chile, Santiago.

Y lo cierto es que, desde su creación, este modelo de transporte nunca ha dejado de recibir críticas.

Durante su primer mes de circulación en febrero de 2007 el caos fue total, con graves problemas en cuanto a la instalación de los lectores de tarjetas de prepago y un error en la programación de estos, lo que obligó a que el sistema fuera gratuito durante su primera semana de operación. En definitiva, el “transantiago” tenía problemas de planificación, diseño e implementación, generando un colapso total del transporte público.

Y las culpas políticas de un lado a otro entre los gobiernos de los expresidentes Michelle Bachelet -que puso en marcha el plan-, y el de Ricardo Lagos -que lo creó- no cesaron.

A pesar de varias reestructuraciones, reasignación de recorridos, medidas de contingencia e inyecciones millonarias de inversión a lo largo de estos 12 años, la red de transporte no ha logrado responder de manera eficiente al gran flujo de personas que viaja diariamente dentro de la ciudad.

Largas esperas para abordar autobuses y el metro, sumado a demoras en los viajes, forman parte de los problemas a los que se enfrenta buena parte de la población

Y, aun así, su precio es caro: según un reciente estudio de la Universidad Diego Portales de Santiago, de un total de 56 países alrededor del mundo, el de Chile es el noveno transporte más caro en función del ingreso medio de sus habitantes.

Hoy, el sistema sigue generando déficit (3,000 millones de pesos chilenos en 2018) y sus índices de evasión continúan siendo altos: en el segundo trimestre de este año, el porcentaje de evasión fue de un 25.7%.

Esto explica, en parte, por qué hubo tanto descontento social cuando la administración de Piñera decidió aumentar la tarifa en 30 pesos.

Así pues, en medio de las protestas desatadas, que no cesan y que fueron impulsadas por el incremento del boleto del metro, pero que denuncian en profundo la desigualdad social que se vive en Chile, el presidente Piñera intentará buscar una salida en una reunión con los líderes de los partidos políticos, en un momento en que la protesta amenaza recrudecerse con huelgas y nuevas movilizaciones.

Acorralado por la peor ola de violencia que se vive en Chile desde su retorno a la democracia en 1990, el mandatario, que hace unos días dijo que su país “estaba en guerra”, cambió el tono. Vamos a “explorar y ojalá avanzar hacia un acuerdo social que nos permita a todos unidos acercarnos con rapidez, eficacia y también con responsabilidad hacia mejores soluciones a los problemas que aquejan a los chilenos”, dijo después.

Actualmente, Santiago y la mayoría de las 16 regiones de Chile se encuentran en estado de emergencia y 10 mil militares y policías están conteniendo las protestas, que podrían recrudecer, ya que la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el sindicato más poderoso de Chile, y otras 18 organizaciones sociales convocaron a más huelgas y movilizaciones, en lo que es ya una crisis sin antecedentes en la vida moderna del país sudamericano.

El modelo económico chileno, puesto como ejemplo de desarrollo por mucho tiempo, muestra sus grietas.

Chile, el país modelo de América Latina, al que dentro y fuera de la región siempre se presentó como un ejemplo a seguir para acercarse al ansiado progreso y salir de la brecha de los llamados países en vías de desarrollo, al que todos sus vecinos envidian por su Producto Interno Bruto PIB per cápita de más de 20,000 dólares, su moderna infraestructura y sus bajos indicadores de pobreza, inflación y percepción de corrupción, entre otros logros, se ha convertido en los últimos 10 días –y para sorpresa del mundo– en un mar de indignadas protestas sociales, vandalismo, saqueos, golpizas, toques de queda en varias ciudades, decenas de muertos, cientos de heridos y detenidos, y hasta denuncias de torturas.

Chile atraviesa una grave crisis social y política.

Las protestas masivas desatadas tras el incremento del precio del metro parecen haber abierto una caja de pandora. El descontento y el rechazo a la clase política hacen que los manifestantes estén aún en las calles a pesar de un paquete de medidas ofrecido por el gobierno de Sebastián Piñera para calmar los ánimos.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ordenó el fin de semana a todos sus ministros que pongan sus cargos a disposición, en el primer paso para la configuración de un nuevo Ejecutivo que responda a las demandas de cambio solicitadas por la población tras más de una semana de violentas protestas en todo el país. Al mismo tiempo, Piñera solicitó al Congreso chileno que respalde el “enorme esfuerzo” necesario para aplicar el “amplio y profundo” programa de reformas que solicita la población. El anuncio sería una señal para despresurizar el escenario. El cambio de gabinete podría producirse en cualquier momento.

Piñera, minutos antes, había ordenado el levantamiento del toque de queda en Santiago después de la conducta “ejemplar” demostrada por el millón de ciudadanos que salieron a las calles del país para expresar en paz sus críticas a la política económica del gobierno.

Sin embargo, la furia de los chilenos subsiste pese a que el jefe de Estado ha dado marcha atrás en algunas decisiones e incluso ha pedido perdón. Lo más lamentable son las pérdidas humanas, pero también los innumerables destrozos en diferentes ciudades. Según un informe del Ministerio de Economía de ese país, hay más de 700 locales comerciales afectados por saqueos o incendios, y un tercio de los supermercados están fuera de operación lo que ha dificultado el abasto de víveres a la población. En tanto, en Santiago, solo 18 de las 136 estaciones del metro se mantienen intactas.

En Chile, como en otros países, los ciudadanos ven al Gobierno como una amenaza y no como una promesa. Lo cierto es que cuando se aparta la visión de la meta (solucionar los problemas de la gente), las cosas no pueden ir bien. A Piñera no le queda otra que garantizar, bajo una conducción democrática, una efectiva respuesta económica y social en favor de la mayoría.

En las horas más intensas de la crisis, Piñera arremetió contra la “brutal violencia y destrucción” en la ciudad, e informó sobre la extensión del estado de emergencia a otras dos regiones del país suramericano.

Durante un discurso desde el Palacio de la Moneda, el mandatario informó que extenderá el estado de emergencia a las regiones de Atacama y Los Lagos para permitir que las Fuerzas Armadas colaboren con las fuerzas del orden para “proteger su vida, seguridad y bienes”. Dicho coloquialmente, el toque de queda duró prácticamente una semana.

Después de apaciguada la peor parte de la crisis, en la que la violencia fue la constante, el mandatario chileno se reunió con presidentes de partidos políticos, incluyendo de la oposición y avanzó hacia un “acuerdo social” que permita encontrar las “mejores soluciones a los problemas que aquejan a los chilenos”.

De hecho, el mandatario reconoció que las peticiones a su gobierno van más allá del congelamiento de las tarifas de transporte y admitió la apremiante necesidad de mejorar las pensiones, bajar el precio de medicamentos, reducir la lista de espera en la seguridad social y ofrecer mayor calidad en la atención de salud, temas que serán parte de su agenda de discusión con sus adversarios políticos.

En ese sentido, el jefe de Estado pidió “perdón” a sus “compatriotas” en un discurso para los chilenos.

Piñera remarcó su preocupación por el orden público y el regreso a la “normalidad”, el jefe del Estado anunció un aumento “inmediato” de 20% de la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario, lo que, según dijo, beneficiará a 590,000 y 945,000 personas, respectivamente, e incrementos en 2021 y 2022 para los jubilados mayores de 75 años.

Además, comprometió recursos fiscales para complementar el ahorro previsional de la clase media, con el objeto de que unas 500,000 personas puedan mejorar sus ingresos cuando se jubilen, así como para incrementar las pensiones de los adultos mayores que no aportan al sistema.

Piñera dijo que impulsará la creación de un salario mínimo garantizado de 350,000 pesos chilenos (equivalentes a poco más de 481 dólares norteamericanos) mensuales, incluso para los menores de 15 años y los mayores de 65.

Asimismo, propuso crear un “mecanismo de estabilización” de las tarifas de la electricidad que “permitirá anular” la reciente alza de 9.2% y aumentar los impuestos a las ganancias superiores a ocho millones de pesos (poco más de 11,000 dólares) mensuales.

Así pues, de lo que hoy sigue pasando en Chile, simplemente ha llegado la hora de enfrentar lo que otros países con una ruta de desarrollo parecida a la del país sudamericano también enfrentaron en su momento. Países como Irlanda, Finlandia, Nueva Zelanda y Corea, entre otros, entendieron que para dar el siguiente paso en materia de desarrollo económico, igualdad y justicia se requerían de enormes pactos políticos. Pactos sociales grandes que probablemente involucran reformas constitucionales, reformas tributarias y acuerdos con el sector empresarial. Llegó la hora de ese tipo de pactos en Chile. La gran pregunta es si los chilenos y su actual gobierno van a ser capaces de hacer esos pactos, o se van a convertir en uno más de los casos de desarrollo frustrado que ha tenido América Latina en distintos momentos de su historia. 

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