ERRORES, MENTIRAS Y DUDAS, EN EL CASO CULIACÁN

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Después de todo lo que se ha dicho, escuchado, escrito y visto en torno a lo ocurrido en Culiacán, Sinaloa, el pasado jueves 17 de octubre, aún prevalecen incógnitas en cuanto a ese polémico operativo en el que las fuerzas armadas del país pretendieron sin éxito conseguir la detención y posterior extradición de Ovidio Guzmán Pérez, hijo del narcotraficante Joaquin Guzman Loera, alias El Chapo, quien purga una sentencia a cadena perpetua y 30 años adicionales en una prisión de los Estados Unidos de América del Norte.

Quizá lo único que tenemos por cierto es que efectivamente, las diferentes corporaciones se movilizaron en la mencionada ciudad sinaloense con la mira puesta en detener a uno de los juniors de quien en su momento fue el capo más buscado del mundo. Y ello lo conocemos de voz del propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien durante la conferencia mañanera del pasado viernes evidenció la sarta de mentiras que el día anterior había declarado ante medios de comunicación el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en el Gabinete Federal, Francisco Alfonso Durazo Montaño, quien a propósito del operativo fallido se ha colocado en los últimos días en el ojo del huracán, toda vez que las redes sociales dirigieron su artillería en torno a su figura, descombrando su pasado y recordando algunos episodios de su trayectoria que tal vez no eran tan conocidos.

Durazo Montaño, había argumentado la noche del jueves ante reporteros, que un grupo de policías realizaba un patrullaje ordinario y de forma accidental se toparon con la ubicación de nada menos que uno de los hijos del Chapo, pero que al proceder a detenerlo, los uniformados fueron superados en número por quienes escoltaban al presunto mafioso y tuvieron que retirarse sin proceder a la detención.

Pero horas más tarde comenzó a tomar fuerza la versión expandida por diversas fuentes de que el malandrín sí había sido capturado y posteriormente entregado a las fuerzas armadas delincuenciales que forzaron su liberación tras haber prohijado infinidad de atropellos a los derechos fundamentales de la sociedad de Culiacán y trastocando el orden jurídico en general.

A temprana hora de la mañana del viernes, Andres Manuel confiaba ante reporteros de Oaxaca, que se había tratado de un patrullaje dirigido con el objetivo de detener al presunto delincuente, contrastando y haciendo pedazos la información ventilada por el secretario de Seguridad, dejando en serios aprietos su credibilidad.

Así pues, las versiones oficiales, aunadas a las múltiples que se han manejado en redes sociales, han generado una serie de inconsistencias, que además, ha evidenciado la falta de coordinación que existe entre los más altos funcionarios que encabezan las dependencias federales que integran el gabinete gubernamental de seguridad, así como también quizá en relación a las autoridades responsables de la procuración de Justicia y de comunicación.

A los ojos del país y del mundo entero, dado que la noticia de la detención y posterior liberación del capo apareció en los principales medios de comunicación del orbe, ni el presidente López Obrador ni México han quedado bien parados.

Ahora bien, habrá que ponderar la difícil decisión que debió tomar el presidente ante la disyuntiva de cargar con el costo político nacional e internacional al liberar al presunto delincuente o preservar la vida de familiares de funcionarios y sociedad en general que los delincuentes amenazaban con atentar.

López Obrador decidió asumir los costos que debiera enfrentar antes que propiciar una tragedia y masacre mayúscula como los mafiosos amagaban con llevar a cabo.

Es un hecho que lo ocurrido el pasado 17 de octubre quedará grabado en la memoria histórica de nuestro país, ya que resulta excepcional y sin parangón el que habiéndose capturado a un delincuente al ejecutar una orden de aprehensión, incluso con petición de extradición hacia el vecino país del norte en cumplimiento a correspondiente solicitud de captura para ese fin, se le haya dejado en libertad.

Sin embargo, se debe revisar la actuación de cada uno de los involucrados en ese operativo fallido y actuar en consecuencia. Resulta inadmisible la magnitud de los yerros en que incurrieron los integrantes del gabinete de seguridad que no solo fallaron en su objetivo sino que expusieron a miles de personas, propiciaron pánico y terror en las calles de Culiacán donde la gente corría despavorida y buscaba cómo protegerse y resguardar a los suyos ya fuese en centros comerciales, escuelas, calles y prácticamente en toda la ciudad.

La misión debió haber sido encabezada por agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, es decir, la antes llamada Policía Ministerial Federal dependiendo del Ministerio Público Federal, para haber ejecutado la orden de aprehensión y no simplemente fuerzas armadas de seguridad sin la égida de la máxima autoridad ministerial de la Federación.

El Secretario de Seguridad, el Secretario de la Defensa Nacional, el Secretario de Marina y el comandante de la Guardia Nacional, así como también el Fiscal General de la República y los colaboradores que tengan la injerencia en lo acontecido, fallaron descomunalmente tanto al presidente de la República al cual le están mintiendo o engañando, y le están fallando a México por lo que deben rendir cuentas lo mismo al presidente como a las instituciones de la República y al pueblo. Se ha manejado también la versión de que el Secretario de la Defensa Nacional, General Crescencio Sandoval, no fue enterado y por tanto no estuvo en el operativo fallido hasta que ya no había posibilidad de reaccionar, y que Alfonso Durazo habría actuado por la libre en su afán de colgarse la medalla él solo de haber detenido al hijo del Chapo Guzmán.

En este asunto quedarán bastante dudas, y quizá de lo poco que tengamos por cierto sea la falta de coordinación, la negligencia y el desorden y que por ello deban responder el Secretario de Seguridad, y quienes participaron en esa malogrado estrategia.

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