UCRANIAGATE

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Tras una semana de latigazos, Estados Unidos se enfrenta a la realidad de una nueva y larga pesadilla nacional sobre una presidencia potencialmente corrupta.

Cuarenta y cinco años después de Watergate, 20 años después de la vergüenza de Bill Clinton, el mecanismo de juicio político está cobrando vida nuevamente en Washington. Es probable que el intento de los Demócratas de expulsar al xenófobo inquilino de la Casa Blanca Donald Trump, dadas las ya muy agrias divisiones, vierta aún más veneno en el alma política de la nación que esos dos anteriores dramas de juicio político.

Donald Trump rompió el malecón de tolerancia de la oposición en el Congreso al revelarse, a través de un denunciante anónimo, que mantuvo una conversación con el Presidente de Ucrania donde le pidió que investigue el caso que involucra al hijo del ex vicepresidente Joseph Biden, que también es su más probable oponente en las próximas elecciones presidenciales que se han de realizar en noviembre del 2020.

A principio de semana, en la Casa Blanca se presentaron a trabajar esperando que la mayor parte del drama de la semana se desarrollara alrededor de Trump en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Sin embargo, aparentemente en un abrir y cerrar de ojos, la vida cambió profundamente para el magnate, la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes y los Republicanos del Senado que podrían salvar al titular del ejecutivo.

Pero después de una semana de filtraciones, enfrentamientos entre Trump y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, revelaciones exitosas y apuestas de personajes clave, los hechos del caso están comenzando a surgir.

Trump está acusado de usar ilícitamente 400 millones de dólares en ayuda militar para obligar a una vulnerable Ucrania, que lucha por su supervivencia ante la Rusia de Vladimir Putin, a investigar a su potencial rival en 2020, Joe Biden.

Trump pareció creer que podría deslindarse el miércoles al publicar una transcripción aproximada de la llamada con Zelensky. Pero la medida empeoró todo. Aunque los republicanos insistieron en que no había razones de fondo, el documento mostraba a Trump respaldándose en Zelensky y pidiendo un “favor”.

En 2016, Trump fue acusado de beneficiarse a sabiendas de un plan de intromisión electoral ruso. Si se confirman las últimas acusaciones, habría tomado la interferencia electoral de 2020 en sus propias manos.

El caso se nubló considerablemente con la publicación, el jueves, de un informe de denunciantes que la Casa Blanca había tratado de suprimir para contener la peor crisis de su presidencia.

La persona aún desconocida que escribió el informe acusó al presidente de “usar el poder de su cargo para solicitar la interferencia de un país extranjero en las elecciones estadounidenses de 2020”.

De haber ocurrido esa acción, sería lo más cercano a un cargo de abuso presidencial del poder, un delito que potencialmente puede llevar a un juicio político.

En otro detalle que tendrá implicaciones de largo alcance, el denunciante alegó que la Casa Blanca intentó encubrir la evidencia del comportamiento de Trump.

El informe dice que a algunos funcionarios se les pidió que sacaran la transcripción de la conversación de Trump con Zelensky del sistema informático en el que estaba almacenada y la llevaran a otro sistema clasificado utilizado para la información de seguridad nacional más confidencial.

La medida potencialmente corrompió un dispositivo de almacenamiento que se supone debe usarse solo para los secretos más sensibles de la nación con material protegido con un propósito puramente político.

Trump y su abogado personal, el ex alcalde de la ciudad de Nueva York Rudy Giuliani, admitieron que el tema del hijo de Biden se trató con el Presidente de Ucrania, Volodymir Zelensky. Esto le bastó a la líder opositora de la Cámara Baja Nancy Pelosi para iniciar un proceso de juicio político al magnate. El crimen cometido sería haber abusado el poder constitucional otorgado al Ejecutivo en materia de política exterior y relaciones exteriores para avanzar intereses políticos personales.

El accionar de Trump parecería ser consistente con una actitud que ha desplegado hasta el momento. El 23 de julio pasado Trump se refirió al artículo II de la Constitución estadounidense que define los poderes del Presidente. Según Trump ese artículo le otorga “el derecho al Presidente de hacer lo que se le venga en gana”. Con la excepción quizá de Richard Nixon, quien declaró que lo “que hace el Presidente es legal por definición”, ningún Presidente estadounidense se refirió al poder presidencial de esta manera. El artículo II aprobado en 1789 y revisado por última vez en 1992 fue creado precisamente con el propósito de limitar el poder del Presidente ya que los fundadores de la nación estadounidense y los redactores de la Constitución rechazaban explícitamente el concepto de monarquía.

El 24 de julio el investigador especial Robert Muller, quien investigó posibles contactos entre la campaña electoral de Trump en el 2016 y Rusia, testificó frente al Congreso sobre su investigación. Allí es que se confirmó que no había suficiente evidencia para implicar a la campaña de Trump con la interferencia rusa en las elecciones estadounidenses. Sin embargo, dejó dudas sobre si Trump había obstruido la labor de la justicia en 10 ocasiones. Muller dijo que no tenía suficiente evidencia para inculparlo, pero tampoco la tenía para exonerarlo.

Un día después del testimonio de Muller, Trump mantuvo esta conversación con el Presidente ucraniano cometiendo el mismo acto del cual él fue sospechoso por mucho tiempo y que a la vez venía negando desde hace años: el hecho de haber conspirado con un país extranjero (Rusia) con el objeto de interferir en su favor en la elección nacional estadounidense de 2016. O sea, el mensaje de Trump fue, ignorar alevosamente la gravedad de tal acción y procedió a doblar la apuesta y cometer un acto similar que ya fue denunciado como ilegal. Además de eso fue una forma de expresar desdén por la magnitud y gravedad de tal acción y por lo tanto también por la ley misma.

Obviamente más información es necesaria para que Trump sea destituido. Pero la información existente es suficiente para iniciar el proceso de juicio político. Es más, el proceso de juicio político debe comenzar porque es un mecanismo de limitación de poder donde el Presidente es juzgado por haber violado la ley no por sus políticas o por el fracaso de su gestión general.

Trump gobierna con la idea de tener autoridad ilimitada. Así es que generó en su entorno una atmósfera de intimidación donde el solo tener una diferencia de opinión o incluso brillar más lo convertían en víctima pública, insultos y humillaciones por parte del Presidente. Trump también intimidó a congresistas y senadores dentro del Partido Republicano llevando a algunos a no presentarse a elecciones.

El ritmo de rotación de funcionarios en esta administración también indica la intimidante atmósfera. Como ejemplo podemos poner al director de inteligencia nacional quien por ley tiene la obligación de informar al comité de inteligencia del Congreso en caso de una denuncia de violaciones dentro la comunidad de inteligencia si el inspector general de la comunidad de inteligencia así lo recomienda. El director de inteligencia nacional, al recibir la recomendación del inspector general de informar al Congreso sobre la conversación entre Trump y Zelenski, procedió a consultar con la Casa Blanca y con el departamento de justicia que obviamente como era el Presidente el centro del tema de la denuncia, le ordenaron no informar al Congreso. ¿Pero por qué el director de inteligencia se sintió más intimidado por el Presidente que por la posibilidad de violar la ley? Desde ya esto es grave.

El abuso del Poder Ejecutivo por parte de gobiernos electos es un fenómeno que está sucediendo en todo el mundo. Desde Venezuela, Nicaragua, Argentina, Turquía, Filipinas, Hungría, Polonia, hasta Rusia. Pero es más inconcebible aún que esto suceda en un país como Estados Unidos, que siempre fue el ejemplo por excelencia de democracia constitucional, división de poderes, de mecanismos de equilibrio, donde la ley y la constitución están por encima de todo.

Los demócratas de la Cámara de Representantes dieron este viernes los primeros pasos concretos en la investigación de juicio político contra Donald Trump, al emitir citaciones para obtener documentos de parte del secretario de Estado, Mike Pompeo, y programar comparecencias de otros funcionarios del Departamento de Estado.

Al final de una tumultuosa semana de revelaciones y recriminaciones, la presidenta de la cámara baja, Nancy Pelosi, se refirió a la pesquisa de juicio político como un momento oscuro para una nación dividida.

“No hay nada que festejar”, dijo Pelosi en declaraciones.

En la Casa Blanca, un alto funcionario del gobierno confirmó un detalle clave del informante anónimo de la CIA que acusó a Trump de abusar de su autoridad. Por su parte, el xenófobo insistió nuevamente en que sus actos y palabras fueron “perfectos” y que la denuncia bien podría ser obra de un “operativo partidista”.

La Casa Blanca reconoció que un registro de la conversación telefónica de Trump que se encuentra en el centro de la investigación de juicio político fue almacenado en un sistema sumamente confidencial por órdenes de los abogados del Consejo de Seguridad Nacional.

La asesora de Trump, Kellyanne Conway, dijo a la prensa que el informante “está protegido por la ley”, algo que el mismo Trump pareció cuestionar el día anterior.

Aún persiste el problema sobre por qué el borrador de la transcripción de la conversación telefónica del 25 de julio entre Trump y el presidente ucraniano fue “bloqueada”, según lo dijo el denunciante. El funcionario de la CIA dijo que desviar el registro de manera inusual era evidencia de que “los funcionarios de la Casa Blanca entendían la gravedad de lo sucedido” en la conversación.

Es por eso que el juicio político a Trump no es solo legítimo por lo que ya se sabe, sino también porque es la única forma de iniciar la marcha atrás de un imparable abuso presidencial.

Ante la embestida, la reacción del Trump ha sido inmediata y ha calificado de “cacería de brujas” el procedimiento abierto por Pelosi. El burro hablando de orejas. Sin duda.

Al iniciar este proceso, el poder Legislativo pretende someter a escrutinio en el Senado a Trump, porque se considera que ha violado la ley “y nadie está por encima de ella”, remarcó la jefa de la Cámara de Representantes.

Eso sí, este cuarto juicio político que el Congreso estadounidense inicia en toda su historia tiene muy pocas posibilidades de salir adelante y Trump podría salir incluso reforzado de cara a las elecciones del próximo año.

Según refleja la Constitución del vecino país del norte, el presidente, el vicepresidente y todos los funcionarios civiles de país “serán destituidos de su cargo por acusación y condena por traición, soborno u otros crímenes y delitos menores”.

Pero en la práctica, el Congreso puede iniciar el proceso de destitución debido a una actividad criminal, a abusos de poder o a cualquier otra presunta infracción.

No obstante, la mayoría de expertos coincide en que es una operación complicada, difícil que prospere, ya que pese a que los demócratas tienen la mayoría en la Cámara Baja, -donde una comisión judicial inicia el trámite, emite una dictamen con los cargos que se juzgan, y los somete a votación- luego tendría que pasar el visto bueno del Senado -donde se celebraría el juicio propiamente dicho-, y donde el predominio republicano hace prever que la iniciativa no saldrá adelante.

Pelosi necesita 218 votos, la mayoría simple del Congreso, para iniciar el procedimiento. De salir adelante, pasan al Senado, donde se celebra el juicio político. En este punto, los miembros de la Cámara de Representantes harían las veces de fiscales, los senadores actuarían de jurados y el presidente del Tribunal Supremo ejercería de supervisor máximo.

La condena y destitución del inquilino de la Casa Blanca requiere en este caso del voto a favor de dos tercios de los cien senadores para que fuese declarado culpable.

No obstante, la mayoría republicana en el Senado, que debe también aprobarlo, supone que la iniciativa no llegará a ningún lado. Aunque los senadores debatirían el veredicto en privado, tras escuchar los argumentos a favor o en contra, la votación de ese veredicto se realizaría en una sesión pública.

La única certeza es que la palabra “impeachment” marcará la campaña electoral del año que viene. Por eso, Trump lanzó un fuerte contraataque con el apoyo de sus congresistas republicanos para intentar controlar los posibles daños de esa llamada telefónica y volcar el impacto a su favor. “Estamos en guerra”, dijo Trumo a sus aliados y les pidió acciones precisas para frenar la embestida en el Congreso.

Nadie sabe bien cómo afectará el proceso la campaña electoral. Trump llega con unos índices de popularidad en torno del 43% y con una economía que, si bien es sólida en los números macro, ya comienza a dar algunas señales de ralentización. El impacto en la imagen presidencial pude ser impredecible, porque los votantes en general no apoyan el impeachment (37%).

Los antecedentes no brindan pistas: si bien ninguno estaba en campaña para su reelección cuando fueron sometidos a un proceso de impeachment, la popularidad de Richard Nixon cayó en picada al 23%, pero la de Bill Clinton subió meteóricamente hasta el 73%.

El contraataque está listo, desde la Casa Blanca se elaboró una lista de argumentos o “talking points” para que los republicanos respondan ante el escándalo. Este mensaje enumera “mitos” y “hechos” que los republicanos deberían manejar al comentar la famosa llamada en entrevistas o en las redes sociales.

“Aquí el verdadero escándalo es que la filtración de una versión de segunda mano sobre una conversación telefónica confidencial del presidente con un líder extranjero desató en los medios un frenesí de acusaciones falsas contra el presidente”, dice el texto.

Hasta el martes, la mayoría de los demócratas, encabezados por Pelosi, creía que lanzar un proceso de impeachment no era una buena jugada porque tenía destino de morir en el Senado, que es la cámara que finalmente debe decidir la destitución con dos tercios de los votos, algo que parece imposible porque hoy está en manos republicanas. Y, además, porque el juicio político en sí es impopular y podría energizar a los republicanos. Pero ante el “Ucrania-gate”, un caso grave y fácil de entender para el ciudadano común, más que el “Rusia-gate”, y ante la presión del ala más liberal del partido, cambiaron de opinión.

Analistas coinciden en que hay suficientes elementos para que los demócratas inicien un proceso de investigación. Pero la duda es que se tengan los votos suficientes para que pasen los artículos del impeachment, salvo que la opinión pública sea mucho más favorable de lo que está actualmente.

Ahora, el proceso de investigación del juicio político es más para tratar de molestar a Trump o energizar a las tropas demócratas. Es difícil hacer que la opinión pública cambie, pero todo es posible, ya  que hasta podría llegar a ser perjudicial para los demócratas ya que puede incluso ayudar a Trump para las elecciones, salvo que sea considerado culpable en el Senado, algo que es poco probable.

El mensaje de Trump es que la maquinaria del Estado (o el “pantano”, como él dice) está tratando de devorarlo a él y a la gente que representa. Todo el proceso de investigación juega muy bien con ese mensaje.

Es posible que los votantes de ambos partidos se polaricen como resultado del proceso, o que los republicanos se desanimen si salen a la luz cuestiones sobre Trump que no les agradan. Republicanos prominentes ya han dicho que, si las acusaciones contra el presidente son ciertas, serían de una conducta inaceptable. Hay que ver si un gran número de votantes republicanos sentirá lo mismo.

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