Espectáculo constitucional

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Una nueva constitución que no toque, que no trastorne el orden privilegiado no es una constitución. O, un nuevo orden constitucional propuesto desde el orden privilegiado, no puede ser legítimo.

No está por demás parafrasear a Emmanuel Sieyes en estos días de patéticos llamados a redactar una nueva constitución para el estado de Jalisco, sobre todo si partimos de la idea de que el fin del orden constitucional, funcional todavía hasta mediados o finales del siglo XX, está muy próximo.

Ignoro qué vendrá después, pero los principios sobre los que se constituyeron las llamadas sociedades modernas, los que se empeñaron en la construcción de naciones y estados soberanos, están en desuso. La idea central de todas ellas, la inasible figura de la “voluntad popular”, perdió sentido en un mundo dominado por los criterios de una globalización dictada desde los grandes consorcios internacionales y los organismos creados con el mismo fin.

No hay constitución nacional más poderosa que los documentos de trabajo del Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, o que los planes de expansión de las grandes empresas surgidas de la cuarta revolución internacional.

Las constituciones nacionales se convirtieron en meras cartas de intención. La idea del pueblo soberano, del estado nación, de la soberanía de los estados, fueron absorbidas, convertidas en letra muerta por la oscura integración y funcionamiento de la “aldea global”.

Bajo ese esquema, llamar a hacer nuevas constituciones en el ámbito de los estados federales, desde el orden privilegiado, suena a broma, a un mal chiste contado por algún bufón desde el palacio de gobierno.

Las constituciones modernas no fueron producto o instrumento principal para un esquema de reingeniería gubernamental.

En ningún caso respondieron a las necesidades de organización del gobernante en turno con la intención de acumular, de una manera legal, más poder. Por eso, las constituciones modernas surgieron a partir de las luchas de los sectores de la población desplazados por lo que Sieyes llama “orden privilegiado”. Por eso esas constituciones construyeron estados modernos y nuevas formas de relación entre los habitantes, transformados en ciudadanos, de esos estados.

La nueva constitución que se propone para Jalisco desde el orden privilegiado, es innecesaria, un despropósito en varios sentidos.

Primero, por su misma naturaleza. Al provenir desde el orden privilegiado, en ningún momento pretende crear las condiciones para entregar o compartir esos privilegios. Al contrario, desde la forma en que se propuso la integración de un “constituyente”, se ve la intención de controlar todo el proceso de elaboración de la nueva “Carta Magna”.

Segundo, la supuesta constitución jalisciense es una reingeniería producto de la megalomanía de un personaje que cree que por enunciarlo, es capaz de “refundar” un estado. Alguien le vendió la idea, muy rentable por cierto, de que “a cada Refundación, corresponde una nueva Constitución”.

Tercero, por la forma en la que está gobernando el padre de la Refundación y Padre del Constituyente, la nueva constitución se convertirá en el mecanismo para legalizar, como si hiciera falta, la corrupción institucionalizada. El gobernador del estado necesita un marco legal más amplio que le permita hacer crecer sin límites a los empresarios afines a sus proyectos, sumar a su gabinete al poder judicial, como ya está el poder legislativo, y destruir el medio ambiente sin remordimientos ambientalistas.

Las constituciones de los estados nación fueron suplidas por las reglas de la sociedad del espectáculo. El gobernador del estado lo sabe. Por eso se dispone a construir un gran escenario para su irrelevante y deprimente actuación. 

Estamos haciendo historia.

 

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