¿LAWFARE EN JALISCO?

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Lawfare es el uso indebido de la Justicia para fines de destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político. Es la manipulación perversa de instituciones de justicia para lesionar a personajes que resultan incomodantes a los gobernantes. Es el abuso del poder a través de la persecución judicial.

La tentación de los gobernantes por ejercer el poder a plenitud; sin contrapesos, sin compartir un ápice de él ni darle participación a sectores diversos de la comunidad para que le acompañen en la toma de decisiones y estén desde su origen plenamente aceptadas, constituye un gran problema para aquellos que se suben a un ladrillo y se marean, y se convierten en una especie de dictadores o algo parecido a los “tres monos sabios” que no ven, no oyen, y no dicen, aunque algunos más soberbios hablen de más. Así también caen en las tentaciones del absolutismo y se convierten muchas veces en tiranos que al estilo de la Edad Media pretenden que sus ideas, decisiones y acciones sean las únicas que deban imperar no obstante que en muchas ocasiones estén fuera de la realidad desestimando mejores decisiones o actuando fuera del marco de la legalidad.

En ese orden de ideas es que se han producido históricamente actitudes bárbaras y salvajes de gobernar, de imponerse con base en manotazos, en gritos, y sobre todo buscando aplicar o acallar voces que señalen acciones inadecuadas o simplemente cuestiones que no estén funcionando como debieran.

Es preciso buscar atenuar este tipo de acontecimientos que se dan o se han dado en muchas partes del mundo en diferentes momentos, que siguen vigentes y que son causa de zozobra, de incertidumbre y de caos.

Ahora bien, si partimos de que los sistemas democráticos establecen marcos muy limitados en cuanto a la gran posibilidad de que sean realmente las mayorías las que toman las decisiones; si tomamos en cuenta que la presencia de los ciudadanos en las urnas actualmente es muy limitada cuando se llega a votar hasta por debajo del 30 por ciento del padrón, y que en el mejor de los casos puede considerarse  una gran participación ciudadana el 65 por ciento, queda claro que aún cuando el gobernante logra el triunfo con la mayoría de la participación, la población que lo apoyó es menor a la que no le dio su voto, por cualquiera que haya sido el motivo.

De ahí que el gobernante esté obligado a actuar con mesura, prudencia, civilidad, con una actitud de conciliación, de integración de todos los actores, de olvidarse de filias y fobias, de partidos y de adversarios, para abocarse a tener la aceptación de todos con decisiones inteligentes, resolviendo los problemas de la sociedad, gobernando para todos.

Es también su deber cuidar que las instituciones a su cargo trabajen de manera correcta; en forma justa e imparcial, garantizando el estado de derecho y no de manera facciosa actuando fuera de la legalidad, manipulando y coaccionando para intentar amedrentar o intimidar a quienes no concuerdan, cuestionan o incluso reprueban su accionar.

En el mundo, recientemente ha tomado impulso un término que viene muy ad hoc a este accionar de algunos gobernantes que pretenden tomar la justicia por su propia mano.

“Lawfare”, o la “persecución judicial”, es la palabra que ha ascendido a un sitio mediático en los últimos meses; algo en ello tuvo que ver que incluso el Papa Francisco lo pronunciara durante una visita de jueces y fiscales de América Latina que recibió en junio pasado a quienes les alertó que se ponen en “serio riesgo” las democracias de los países.

El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva y el premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel, afirmaron que procesos judiciales motivados políticamente “deben cesar”. Lo hicieron a través  de una carta abierta publicada el pasado domingo 8 de septiembre en Francia en el semanario Le Journal du Dimanche, la cual está firmada por 200 personalidades que padecen de persecución política.

“Invitamos a todos a la vigilancia para defender a las víctimas de este tipo de operaciones, cualquiera sea su identificación política. Llamamos a la cooperación mundial para la resistencia jurídica”, señalaron los firmantes.

El grupo incluye también al español Pablo Iglesias, secretario general del movimiento Podemos; el expresidente ecuatoriano Rafael Correa; el expresidente uruguayo José Mujica, y Jean-Luc Mélenchon, líder de la izquierda francesa.

“Se está cruzando un umbral” con “la táctica de ‘lawfare‘”, es decir con “la instrumentalización de la justicia para eliminar a los competidores políticos”, apuntaron en la carta, para mencionar los casos de Lula, el abogado egipcio Massoum Marzouk, el opositor camerunés Maurice Kamto y también Jean-Luc  Mélenchon el lider de izquierda de Francia.

Las luces de alerta se han encendido desde el territorio francés, por medio de una carta que llama a todos a poner atención en las señales que están lanzando los gobiernos.

Sería conveniente que como sociedad mexicana, como jaliscienses, como parte de una democracia, nos preguntásemos si hemos detectado alguna de esas señales para ubicar qué tan cerca o lejos estamos de ese denominado lawfare, y si no estamos a tiempo de tener un papel más participativo para evitar que este tipo de acciones se reproduzcan en nuestro entorno.

No debemos soslayar cualquier señal; por ejemplo, habría qué poner atención a las reacciones de nuestro gobierno cuando se han denunciado presuntas irregularidades y corrupción en temas como el multimillonario programa “A Toda Máquina” que la actual administración entregó a través de una cuestionada licitación a un amigo del gobernador;  la entrega de contratos de forma irregular a la empresa “Intermet” ligada al Cartel de la Sangre”, a la cual, se dice, se le allanó el camino desde los más altos niveles del gobierno para que participara y ganara una licitación y luego se le entregó un contrato directo, sin olvidar el polémico asunto de la presa  El Zapotillo, y la Villa Panamericana que de manera opaca vendió hace unos días a particulares con el pretexto de recuperar el recurso invertido a Pensiones del Estado y al Instituto para la Vivienda, pero al ver que organizaciones civiles alzaron la voz para defender el sitio y el medio ambiente, reaccionó firmando un Decreto para imponer su voluntad sin estudios, investigaciones y sin una consulta previa como lo establecieron especialistas en temas ambientales, y accionó a la Fiscalía General del Estado para despertarla de su letargo para ir de forma abusiva en contra de quienes se oponen a la venta del mencionado complejo que albergó a los atletas en los Juegos Panamericanos de 2011.

Las agresiones verbales a medios de comunicación y periodistas que publican y denuncian irregularidades en acciones de gobierno.

O cómo se ha procedido manipulando a algunos directores de empresas de comunicación para remover a periodistas o colaboradores que les resultan incómodos.

Acallar periodistas, perseguir a quienes les resultan incómodos y usar las instituciones para intentar amedrentar y silenciar organizaciones civiles, son alertas de Lawfare que deberíamos tomar en cuenta, suponiendo sin conceder que eso estuviese ocurriendo en Jalisco.

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