DESAPARICIONES, DEUDA PENDIENTE

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La reiteración de la importancia de atender el problema de las desapariciones forzadas por parte del gobierno federal y la reafirmación presidencial de enfrentar el tema como prioridad son pasos de gran trascendencia para superar la inercia de dolor y dar comienzo a una nueva etapa, tal como lo expresó la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), la principal entidad de las Naciones Unidas en este ámbito.

El Gobierno de México ha exhibido impactantes cifras de los hallazgos de fosas clandestinas en el país. La Administración de Andrés Manuel López Obrador reveló se han encontrado 4 mil 974 cuerpos en 3 mil 024 fosas en los últimos 13 años y medio. El Ejecutivo señaló además a los Estados de Tamaulipas y Chihuahua, como los dos más golpeados por esta crisis. Esta nueva contabilización implica un gran salto desde la última cifra trascendida, a través de una investigación periodística, que señalaba unos 2 mil 884 cuerpos en 1 mil 978 tumbas ilegales.

Desde el 1 de diciembre de 2018, se han encontrado 522 fosas con 671 cuerpos.

De estas últimas, la mayoría fueron halladas en Colima y Veracruz, una de las entidades más marcadas por el crimen organizado. El Gobierno ha destacado además que durante los últimos ocho meses y medio, se han identificado 200 restos humanos, de los cuales 116 ha sido entregado a sus familiares.

En lo que se refiere a Jalisco, los casos de las narcofincas donde han sido encontrados personas privadas de su libertad, muertos y mutilados se desataron en los recientes meses.

De acuerdo a cifras oficiales, en total se ha registrado el hallazgo de 14 fincas de la delincuencia organizada de mayo a la fecha, se liberaron a 46 personas con vida y se localizaron por lo menos 107 personas asesinadas, la mayoría mutiladas o enterradas, mientras solo hay 7 personas detenidas.

En una finca de Chula Vista, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, se localizaron hace una semana, presumiblemente, 10 cuerpos, sin que las autoridades pudiesen confirmar la cifra toda vez que lo que encontraron fueron pedazos de cuerpos completamente mutilador, según informó la propia autoridad, mientras esperaba el reporte del Servicio Médico Forense que trabajaba para juntar las partes y determinar el número de cadáveres exacto.

Si bien, dijo sentir pena al dar a conocer ese tipo de información, el coordinador del Gabinete de Seguridad, Macedonio Tamez Guajardo dejó en claro que esa clase de fincas de la delincuencia existen en toda la República y no solo en Jalisco, como si fuese justificación y en un intento de descarga de lo que a todas luces es su responsabilidad atender y erradicar.  Sus lamentables declaraciones:

“Yo siento, según tengo conocimiento que casas, mal llamadas de seguridad, hay en toda la República son lugares donde los criminales se asientan para cometer sus fechorías”.

“El crimen organizado está en todos lados y esta lamentable practica de privar de la libertad a personas para torturarlas y eventualmente privarlas de la vida se da en toda la República”.

Incluso, aseveró, el incremento en el hallazgo de fincas de la delincuencia se debe a que en esta administración la Fiscalía sí investiga y no como en administraciones pasadas.

Aunque ciertamente, no queda clara ni su estrategia, ni coordinación ni intervención, pues cabe mencionar, y cómo es de todos sabido, el mayor número de casos donde se han localizado fincas más del 80% se ha dado debido a que los privados de la libertad en estas viviendas han logrado escapar y dar aviso a las autoridades.

La Ley General de Desaparición que entró en vigor en México en enero de 2018 ordenó la creación de una nueva herramienta, que es el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, pero 20 meses después ésta no ha sido publicada, en tanto la desaparición forzada en México afecta a miles de familias y a la sociedad en su conjunto.

Se debe reconocer, tal y como lo ha hecho el Gobierno federal  que la desaparición forzada sigue siendo una de las formas en que se desconocen los derechos a la dignidad, libertad, integridad, vida y todas las libertades de los seres humanos, y ha comenzado por abrir una puerta que podría dar luz para seguir un camino que pueda recorrerse con pasos más certeros para alcanzar la localización de más personas; aperturar la inspección internacional para que organismos internacionales observen de cerca y participen en las estrategias para la localización, seguramente brindará resultados positivos. 

El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, ha anunciado que existe la disposición de la Comisión Nacional, con 200 personas de la Unidad de Búsqueda de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y la disponibilidad de recursos, para localizar a los desaparecidos, bajo el principio rector de la administración federal de encontrar a las personas con vida.

Sin duda, es un tema pendiente y que lacera en el ánimo de los mexicanos, principalmente a familiares y amigos de los más de 40 mil desaparecidos que de acuerdo a la información proporcionada por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, se contabilizan de 2006 a la fecha. Esperemos que desde el Gobierno local también se hagan los esfuerzos no solo necesarios sino urgentes para abatir esta terrible flagelo que tanto duele a la sociedad jalisciense.

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