Alfaro: el asalto a la sociedad civil

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“Desde Postdata (1969) sostengo que la salida de México es la democracia. Ahora esta palabra se ha popularizado, al lado de otras que la acompañan como su complemento: pluralismo, diálogo, división de poderes, federalismo, resurrección política de las regiones, sociedad civil, etcétera. Hace apenas unos años esas palabras eran abominaciones, brasas que quemaban los labios de los ideólogos; hoy esos mismos labios las pronuncian con unción. Enhorabuena… Soy uno de los que creen que la democracia puede enderezar el rumbo de México y ser el comienzo de la rectificación de muchos de nuestros extravíos históricos. La reforma política haría posible la reforma económica y, asimismo, la de nuestra cultura; la democracia le devolvería la iniciativa a la sociedad y liberaría los poderes creadores de nuestra gente. Naturalmente, hablo de la verdadera democracia, que no consiste sólo en acatar la voluntad de la mayoría sino en el respeto a las leyes constitucionales y a los derechos de los individuos y de las minorías. Ni los reyes ni los pueblos pueden violar la ley, ni oprimir a los otros…”.

Remache: burocracia y democracia en México. Octavio Paz, 1986

 

Los absolutismos políticos, cuya encarnación a últimas fechas es el neopopulismo, dicen reclamar la constitución de una sociedad pura, congruente, desprovista de intereses egoístas, una especie de humanismo que la experiencia humana sabe inexistente e imposible. Y si bien, cuando las miradas inoportunas se asoman al interior de sus líderes-arquitectos y sólo observan hombres pretenciosos, dotados de vidas personalmente tan mediocres o cuestionables como la de cualquier parroquiano, son precisamente estos caudillos quienes no tienen reparo en exigir a los entes sociales obediencia, para que sus pecados de libertad de pensamiento o libertad de iniciativa sean perdonados, o un nivel tal de impolución en sus intenciones y sus métodos -la famosa “autoridad moral” de los ayatollah o los savonarola-, que remite nuevamente a lo que nunca ha sido, a un franciscanismo que, recordemos, no está dentro de la esfera de la política como los modernos la ejercemos.

El franciscanismo -y en general, las órdenes monásticas previas o posteriores- era una disidencia difusa que fue muy útil a la jerarquía reformista de la iglesia católica, pero no era un cristianismo de ágora ni puso en riesgo la unidad religiosa, como sí lo hicieron algunos movimientos del protestantismo extremo, donde al radicalismo de la vuelta a los presuntos orígenes comunitarios y comunistas de los grupos cristianos vino acompañado de violencia social contra los grandes señores y sus privilegios. Caso notorio de los anabaptistas de Münster o de la dictadura religiosa de Calvino en Ginebra. Ese componente radical explica parte de las guerras religiosas al interior del protestantismo histórico, y la expulsión o huida de muchos de sus cultivadores hacia la América inglesa,  no mancillada por la “corrupción” de la Europa histórica, con sus ideas de refundación de una sociedad de hombres nuevos, virtuosos e igualitarios que forman parte del mito fundacional de los Estados Unidos de América, tan poderoso y vigente aun hoy, a pesar de tanto fruto podrido.

En el fondo, el neopopulismo abreva de esta fuente revolucionaria porque sabe que es un mecanismo para detonar una poderosa energía social muy útil para sus pretensiones de barrer con un pasado que se considera pecaminoso y corrupto (caricatura ya demasiado típica, la escuchamos todos los días del presidente Andrés Manuel López Obrador en sus mañaneras controladas, y del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, en sus clips de YouTube donde el mensaje unidireccional, sin preguntas incómodas ni derecho de réplica, revela más de lo que éste quisiera respecto a su endeble vocación democrática), y refundar la sociedad política bajo las reglas del bien y la virtud. Pero esta idea totalitaria y antipluralista choca con la realidad: no todos los entes sociales aceptan esa sumisión, y declaran abiertamente su oposición a la construcción de un Estado hegemónico donde el líder dicta lo que es bueno y lo que no. En una región del mundo donde ser sociedad civil siempre ha sido endeble, coyuntural y minoritario, el bocado de la legitimidad es muy apetitoso: el caudillo neopopulista se lo quiere comer. Ofrece la vieja receta porfirista-priista: pan o palo. Integración a las filas del Estado para legitimarlo a cambio de un jugoso sueldo y sumisión, o la fuerza de la ley, el estigma de la calumnia, la movilización de grupos de interés para que aplasten al mosco molesto que el caudillo no debe manotear, se vería mal.

Este proceso cobra mucho sentido no sólo en la integración en Jalisco de una Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana. Alfaro manda el mensaje de que una cartera del más alto nivel es el de la importancia que da a la sociedad civil, a esos ciudadanos libres que si son de verdad libres, pleonasmo aparte, estarán dispuestos a construir con su proyecto de refundación. La constitución de esta dependencia se debe ver en su contrapartida: la eliminación progresiva de organismos autónomos o su debilitamiento financiero, caso por ejemplo del que tiene la tarea de promover la participación ciudadana, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. También hay que voltear a su Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres, que barrió en su momento con otras instancias menos controladas por el gobernador, particularmente el Instituto Jalisciense de las Mujeres. La apuesta es el control de los procesos sociales, no se vayan a salir de control.

A niveles más locales, incluso barriales, el proceso de control se ha dado desde las representaciones vecinales.

Como en su momento lo tenía el PRI, y lo intentó con relativo éxito el PAN, el Partido Movimiento Ciudadano también limpió las disidencias a nivel de las colonias, para lo cual, el polémico ejercicio de los nuevos planes parciales fue especialmente útil.  

Pero no están inventando el hilo negro. “En modelos políticos cooptativos se pervierten los espacios regionales-locales, ya que sirven de entramado o red para controlar movimientos sociales, más que para articular demandas transformadoras en un espacio político autónomo. Los paradigmas de descentralización y desconcentración, provocan que los gobiernos desarrollen mecanismos que intenten manipular las voluntades y los sentimientos del ciudadano común, que busca en la organización de la comunidad, la única salida al establecimiento y la puesta en la agenda pública de las temáticas que desean tener una solución. La descentralización en entes sub nacionales no son garantía, especialmente cuando tienen pocas potestades y recursos propios asegurados por ley. En ambientes restrictivos, desinstitucionalizados y con pocos recursos, crece la discrecionalidad y el clientelismo. En un estudio reciente contrasta el polo centralizador (recursos asimétricos y negación de autonomía a las localidades/regiones para articularse) versus un ideal polo descentralizador que debiera implicar recursos monetarios y humanos para actuar con autonomía para hacer políticas y articularse en redes locales”, señalan, a propósito de esta vieja enfermedad de la política latinoamericana, Esteban Valenzuela Van Treek y Paolo Yévenes Arévalo (Aproximación al concepto de cooptación política, en https://journals.openedition.org/polis/10834).

La intolerancia es consustancial al modelo, pero el ejercicio ha de ser altamente simulador. “Siguiendo el tipo ideal del polo descentralizador, lo ideal hubiese sido institucionalizar y despersonalizar: crear presupuestos participativos, donde la comunidad a través de un concejo comunal y vecinal tuviera la posibilidad de participación efectiva, que permita contrarrestar el clientelismo caciquil por parte del gobierno central. Para tal participación se requieren por lo tanto el desarrollo de nexos tanto locales, como de negociación vertical (capital social de puente). Por lo tanto para evitar la cooptación y las formas clientelares que serían utilizados como fórmula política, se haría latente el desarrollo sostenido de fuertes vínculos en la misma comunidad que permitieran alzarse a negociar de un modo autónomo y organizado. Sin embargo, su trabajo nos permite ejemplificar que su categorización de ‘capital social de puente’ no es suficiente en la organización efectiva que permita un desarrollo sostenido en la defensa de la autonomía de una comunidad en particular, ya que queda de manifiesto que esta búsqueda de nexos horizontales, al final recaen de igual manera en la intromisión de actores externos, que toman el poder de la comunidad y negocian con los actores políticos ‘desde arriba’. Para Gutafsson la falta de capital social de puente (horizontal empoderamiento) ayuda a explicar la reproducción de estructuras clientelares”.

Cualquiera que haya seguido la línea discursiva alfarista, reparará que es generosa en reclamar la participación ciudadana y el gobernador se autoelogia como promotor de esquemas de consulta únicas en la historia de Jalisco y México. Pero una mirada más aguda revela pronto la impostura: por ejemplo, la participación ciudadana para definir las líneas del gasto público a su paso por las alcaldías de Tlajomulco y Guadalajara, fueron experimentos acotados (por ejemplo, sólo los contribuyentes del predial podían participar), controlados y sobre un porcentaje mínimo del gasto. Y la famosa “ratificación de mandato”, un verdadero fraude que permitió a los políticos del PMC promoverse con recursos públicos unos meses antes de las elecciones (la tibieza del IEPC de Jalisco al no pronunciarse públicamente sobre esta ilegalidad, y su posterior debilitamiento presupuestal y resta de atribuciones, de facto, por el gobernador, exhibe casi una moraleja a propósito del inconveniente ejercicio del síndrome de Munich: contemporizar con el caudillo no sirvió de mucho).

Las organizaciones que deciden quedar fuera del paraíso de la cooptación alfarista, lo pagan tarde o temprano. La reciente andanada judicial contra el Parlamento de Colonias, una organización nacida hace casi dos décadas y que se ha constituido, con su notable experiencia y conocimiento de las temáticas jurídicas urbanas, en piedra en el zapato de sucesivos gobiernos para sacar adelante modelos de planes parciales considerados entre descaradamente economicistas hasta abiertamente depredadores del capital natural y social de la ciudad, es un ejemplo.

El paciente trabajo de desprestigio que ha asumido directamente el mismo gobernador, ha hecho mella. La agresividad del discurso de Alfaro es paradigmática: acusa al parlamento de sostener intereses aviesos, de traficar influencias y de extorsionar a desarrolladores y autoridades. Curiosamente, cuando como alcalde de Guadalajara, ordenó a su subordinado, Marco Valerio, interponer una denuncia penal por esos presuntos delitos, y contó con el apoyo de su par en Zapopan, Pablo Lemus, las denuncias de ambos jamás prosperaron. No hubo una sola evidencia real que presumiera los delitos estentóreamente enunciados por el hoy gobernador.

Enrique Alfaro.

Pero ese señalamiento constante ha tenido efectos erosivos: el malo de la película está bien identificado.

Los desarrolladores, afectados por los amparos promovidos eficazmente por el Parlamento de Colonias y sus socios vecinales que sobreviven entre la andanada de insultos alfaristas, utilizan la modernidad de las redes sociales para acosar al adversario, y señalar presuntas pruebas de delitos que jamás pasan de una fotografía en una obra polémica, o alguna portada de un caso judicial donde la participación de miembros del parlamento sería, a priori, la prueba. Será que las redes sociales, con su indigente exigencia de racionalidad, son el espacio correcto para hacer un linchamiento, una exhibición de poder.

Apenas ayer, 4 de septiembre, un grupo de abogados a nombre del empresario de la villa panamericana, Francisco Cornejo, han anunciado la interposición de cinco denuncias contra Salvador Cosío Gaona, presidente de Conciencia Cívica, una organización  que ha convergido con el Parlamento de Colonias en el interés de frenar el negocio inmobiliario del dueño de Corey, y Alejandro Cárdenas Enríquez, abogado experto en litis urbana e hijo del fundador de la organización. Los acusan nada menos de pedir 40 millones de pesos por desistir los amparos que han congelado la comercialización de la villa. ¿La prueba? Ante la opinión pública, un anónimo texto de celular donde se exige y amenaza. No, pos sí.

Pero no es solamente el enfrentamiento con el parlamento. Muchas organizaciones más han decidido, por razones diversas, permanecer fuera del consenso de la refundación: desde el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco (que tiene un decreto formal del ejecutivo pero que es dominado por organizaciones civiles y académicas, más ahora, que los empresarios y el Iteso decidieron abandonarlo) hasta grupos vistos como abiertamente opuestos al modelo político imperante, como los Salvabosque del Nixticuil, Salvemos Temacapulín o los comuneros de Mezcala. O agrupaciones opuestas entre sí, como el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec) y el Instituto de Derecho Ambiental (Idea). Son la zona gris del control alfarista y no es casualidad los constantes empellones, las indirectas y el acoso contra estos.

La verdad es que las organizaciones políticas y sociales están formadas por seres humanos, y esto no exime de error, de dolo e incluso de posturas radicales o no negociadoras, sin que deje de existir la posibilidad de corrupción o de costumbres insanas como administrar conflictos y no resolverlos. Pero esa es la realidad. Un gobierno democrático es sobrio en el discurso, reconoce el pluralismo, atiende a las disidencias, les da su espacio, entabla negociaciones para afrontar y conciliar las diferencias políticas o de proyecto, o en el peor de los casos, acude a los tribunales civiles y penales y se somete a su arbitrio. Pero la refundación es tan revolucionaria, que Alfaro emplea la famosa frase de Trotsky sobre el ineludible destino de sus críticos y adversarios para ser depositados en el “basurero de la historia”, una frase verdaderamente violenta y antidemocrática, aunque su agresivo sustentador parezca más ese “radical chic” tan bien descrito por Tom Wolfe en La izquierda exquisita. Será que para ser, primero hay que parecer, principio ontológico de la refundación.

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