Recurso legal frena venta de Villa Panamericana

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Las asociaciones han sostenido que habría un daño ambiental en El Bajío.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA ORDENA QUE SE DETENGA LA VENTA, TRAS LAS DENUNCIAS DE ASOCIACIONES CIVILES

El Tribunal de Justicia Administrativa ordenó que se detenga la venta de la Villa Panamericana y que no se emita ningún tipo de licencia.

Dicha resolución se da tras la serie de denuncias interpuestas por las asociaciones civiles, las cuales han exigido desde hace casi diez años, que la Villa Panamericana no sea utilizada como viviendas.

Las asociaciones Conciencia Cívica, Parlamento de Colonias, Fundación Cuenca Lerma Chapala, Vecinos de Rancho Contento y la Federación de Sindicatos del Estado han declarado que el Gobierno del estado no puede vender la Villa con los procedimientos legales que tiene, pues estaría cometiendo una ilegalidad.

Tienen alrededor de diez años de luchas legales por la Villa Panamericana.

“No permitiremos por ningún motivo que se violente el orden jurídico ni que se siga lesionando el medio ambiente, ni que se sigan realizando acciones para generar un negocio ampliamente lucrativo con unos cuantos empresarios voraces, con la complacencia del gobernador, en perjuicio de la mayoría”, declaró el presidente de la asociación Conciencia Cívica, Salvador Cosío Gaona.

La semana anterior se difundió que la Villa Panamericana sería vendida por el Gobierno que encabeza Enrique Alfaro Ramírez, a la empresa Green Life Capital, la cual haría viviendas con los inmuebles que conforman el complejo.

Sin embargo, las asociaciones interpusieron nuevas medidas legales. Con la resolución del Tribunal de Justicia, se dan cinco días hábiles al Gobierno de Zapopan, al IPEJAL y al IJALVI para que suspendan cualquier emisión de licencias o dictámenes al respecto.

Con el recurso legal, evitaron la comercialización de la Villa.

Al respecto, Gaona y Alejandro Cárdenas, presidente del Parlamento de Colonias, recalcaron que el Gobierno no puede vender la Villa no sólo por la suspensión legal, sino por el daño al medio ambiente que se causaría si se usan como complejos habitacionales.

“Es un precedente que no puede permitirse que se violente el estado de derecho; es la realidad del intento de voraces empresarios y de socios en el ámbito administrativo que ahora quieren prohijar un convenio que permite enriquecerse más a costa del dinero público”, puntualizó Gaona.

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