ENDEBLE ACUERDO

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Combatir la pobreza, que afecta a más de la mitad de la población, la violencia y la migración serán los principales retos de Alejandro Giammattei, quien recientemente  fue electo como nuevo presidente de Guatemala para el periodo 2020-2024. 

El país, considerado como uno de los diez países más desiguales del mundo, la pobreza afecta al 59.3 por ciento de su población y es, entre otras causas, consecuencia de que miles de habitantes, especialmente de pueblos indígenas, migren hacia Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida.

El país centroamericano, en donde el salario mínimo es de 2,992.37 quetzales mensuales (388.6 dólares) y el costo de la canasta básica alimentaria supera los 3,597 quetzales (467.1 dólares), tiene a casi la mitad de sus niños menores de cinco años (49.8 por ciento) con desnutrición crónica, la tasa más alta de América Latina. 

De hecho, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales asegura que el 1 por ciento de los habitantes más ricos de Guatemala suman el 40 por ciento de los ingresos de los más pobres y que esta desigualdad social priva de servicios esenciales como agua potable, salud y electricidad especialmente a los indígenas. 

Diversos estudios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe aseveran que los países más desiguales tienden a mostrar un peor desempeño económico y a tener mayores problemas para reducir la pobreza por la falta de capacidad de consumo y de oportunidades de empleo e inversión. 

Y en ese contexto, los pueblos indígenas denuncian que continúan siendo marginados del desarrollo y se enfrentan a la explotación de los recursos naturales en su territorio. 

El combate de la violencia es otro de los desafíos del nuevo presidente, que sustituirá en el poder a Jimmy Morales, cuyo Gobierno se propuso como una de sus prioridades reducir la criminalidad en el país. 

Su administración, según reconocen algunos organismos de derechos humanos, ha reducido los homicidios, pero Guatemala sigue siendo considerado como uno de los países más violentos e integra, junto a El Salvador y Honduras, el Triángulo Norte de Centroamérica, una de las áreas más pobres y con más delitos. 

De los 4,778 asesinatos con los que cerró el país en 2015, según las estadísticas del Consejo Nacional de Seguridad (CNS), en 2018 se registraron 3,885 asesinatos, es decir, 893 menos en los últimos tres años, que representan un 18.6 por ciento. 

Pese al descenso de la criminalidad, son miles los guatemaltecos que cada año buscan alcanzar el denominado ‘sueño americano’ ante la falta de oportunidades en su país, pero también por el territorio han pasado varias caravanas de migrantes provenientes desde El Salvador y Honduras, que huyen de la miseria y la violencia. 

Las pandillas, más conocidas como ‘maras’, prácticamente tienen de rodillas a los guatemaltecos por las constantes extorsiones que afectan, sobre todo, al transporte de pasajeros y a los comerciantes, flagelo que contribuye con la migración irregular. 

El reto del nuevo jefe de Estado será no solo mejorar las condiciones de seguridad y generar empleo para contener la migración, sino también decidir si continúa o da marcha atrás al acuerdo de tercer país seguro que firmó Guatemala con Estados Unidos, su principal socio económico. 

Las remesas que cada año envían los guatemaltecos radicados en el país del norte son el 10% del PIB.

En este contexto, Estados Unidos urgió al presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, a implementar el acuerdo migratorio alcanzado entre ambos países, sobre el cual el político guatemalteco ha expresado desacuerdos.

En un mensaje difundido por la Casa Blanca, el asesor de Donald Trump en asuntos latinoamericanos, Mauricio Claver-Carone, felicitó a Giammattei por su triunfo, subrayando que aceptar el pacto con Estados Unidos permitiría a Guatemala ingresar en un “período histórico” de la relación bilateral.

“Este acuerdo histórico solo beneficiaría a guatemaltecos”, señaló el alto funcionario. “No perdamos esta oportunidad. ¡Ayudémonos mutuamente!”, enfatizó en español. 

Giammattei, un médico conservador de 63 años que debe asumir el poder el próximo enero, ha dicho que ve “con preocupación” el convenio alcanzado con Washington por el gobierno de Jimmy Morales para que Guatemala acoja a migrantes que atraviesen su territorio en su ruta a Estados Unidos.

“Consideramos que tiene que pasar por el Congreso”, dijo, reticente sobre lo que ha sido definido como un “acuerdo de tercer país seguro”.

El convenio, firmado el 26 de julio y con el cual el gobierno de Trump busca frenar el creciente flujo de inmigración irregular proveniente mayoritariamente de Centroamérica, ha sido fuertemente criticado en Guatemala, donde activistas y opositores destacaron que el país carece de recursos para cumplirlo.

Claver-Carone se refirió al tema, señalando que según lo acordado, Guatemala solamente albergaría a personas de Honduras y El Salvador, que por ser “países democráticos” deberían generar un número “limitado” de solicitantes de asilo.

“Para Guatemala, ofrecerles asilo a estos países hermanos no le significaría ningún costo”, recalcó el asesor de Trump. Y agregó: “Estados Unidos está comprometido a ayudar a Guatemala bilateralmente y vía organismos internacionales para cubrir los costos de este proceso y para crear la capacidad necesaria”.

Además, Claver-Carone dijo que, junto con este acuerdo, se “triplicaría casi” el número de visas H-2A de trabajo temporal para guatemaltecos en Estados Unidos, y se otorgaría “un paquete de financiamiento para proyectos económicos en desarrollo y otras medidas para el beneficio de Guatemala”.

El miércoles el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Sonny Perdue, se reunió en Washington con ministros del gobierno de Morales para discutir la puesta en marcha del acuerdo.

“Los granjeros y ganaderos de Estados Unidos necesitan una fuerza laboral agrícola legal y confiable, y estamos ansiosos por ayudar a nuestros productores a aprovechar esta gran oportunidad de agregar un grupo calificado de trabajadores al programa de visa H-2A”, señaló en un comunicado.

No hay mucho campo para elegir: entre la ruina a través de un diluvio de solicitudes de asilo, o una ruina más segura a través de los aranceles comerciales. Y aquí yace la lógica cínica detrás del esquema estadounidense.

Estados Unidos seguramente no espera que los inmigrantes que desean vivir en Texas o California se conforman con esperar ese sueño en Guatemala mientras su papeleo se acumula a través de un sistema estadounidense muy obstruido y restrictivo. Espera que no vengan en absoluto.

El problema para la conciencia moral de Estados Unidos es que los migrantes no dejan de venir. Están desesperados, y más restricciones solo significan que aceptan asumir más riesgos durante su viaje.

Este nuevo y duro sistema que Guatemala debe decidir aprobar puede empeorar las opciones legales de los migrantes. Pero no detendrá su ardiente deseo de irse, ni el colapso en espiral de Centroamérica que apenas comienza.

El presidente electo de la nación centroamericana, Alejandro Giammattei, ha asegurado  que su país no cumple con lo establecido en la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, base del polémico acuerdo migratorio firmado en julio pasado con Estados Unidos.

El documento implicaría que los migrantes que lleguen a Guatemala en su camino hacia Estados Unidos soliciten asilo en este país y no en la frontera estadounidense. La medida podría reducir el elevado número de migrantes -entre ellos salvadoreños y hondureños- que han abrumado el sistema de inmigración estadounidense, pero ha generado gran polémica debido a que Guatemala es un país aquejado por violencia de pandillas, desempleo, pobreza y desnutrición crónica en niños menores de cinco años, entre otros problemas, por lo que podría cuestionarse su capacidad para recibir a migrantes que huyen de sus países por esas mismas circunstancias.

Según el futuro presidente guatemalteco, el acuerdo debe ser analizado en conjunto con los anexos que aún se negocian con el gobierno de Donald Trump.

El documento fue criticado en Guatemala porque al firmarse no contó con el aval del Congreso.

Todo lo que empieza mal termina mal, dice un refrán, una frase que no quieren escuchar funcionarios del gobierno estadounidenses cuando se habla del acuerdo migratorio que firmó EE. UU. con Guatemala. De hecho, analistas coinciden con que el convenio comenzó mal incluso desde antes de ser firmado, puesto que ninguno de los dos gobiernos, pero especialmente el de Guatemala, lo socializó con los sectores directamente afectados.

Recientemente, un grupo de 22 fiscales generales de igual número de estados de EE. UU. se unió a las muestras de rechazo al convenio, y en una carta enviada al secretario de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, le aseguran que el acuerdo signado viola la Constitución de ese país porque discrimina a los solicitantes de asilo por su origen étnico y su país de nacimiento, con lo cual se viola la Quinta Enmienda.

En la carta, los fiscales traen a colación declaraciones de Trump en las que aseguró que los solicitantes de asilo en la frontera sur eran violadores, miembros de pandillas y narcotraficantes, esto como argumento de que la política del gobierno estadounidense está motivada por cuestiones raciales.

En otras palabras, los fiscales cuestionan porqué se le da un trato diferente a los requirentes de ese alivio migratorio de El Salvador y Honduras al que se le da al del resto de países del mundo.

En ese sentido, de acuerdo con las cifras de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), cada año, EE. UU. recibe solicitudes de refugio y concede ese estatus a miles de personas del mundo y, aunque se registra una gran cantidad de salvadoreños y hondureños, no son la mayoría.

En el 2018, por ejemplo, fue China el país de donde más personas recibieron refugio en EE.UU. con 77 mil 710, luego se ubicaron los países del Triángulo Norte de Centroamérica que sumaron, El Salvador, 22 mil 152 solicitudes, Guatemala, 17 mil 610 y Honduras, 12 mil 578. Le siguen otras naciones como Venezuela, 11 mil 259; México, 9 mil 271; Siria, 7 mil 998; Nepal, 7 mil 53 y Rusia con 5 mil 813. A pesar de estas cifras. EE. UU. ha tomado medidas para restringir el asilo solo a los solicitantes de los países centroamericanos.

La carta de los fiscales estadounidenses, que juntos representan a los estados de la Unión Americana que han recibido al 68% de los solicitantes de asilo que concede EE.UU., se divulgó en Guatemala un día después de que la Casa Blanca emitiera un mensaje mediante el cual el asesor Donald Trump, Mauricio Claver-Carone, presiona al país centroamericano para que implemente el convenio.

Además, el asesor estadounidense destacó el acuerdo laboral firmado entre ambos países el cual calificó de “histórico” y que “solo beneficiaría a los guatemaltecos”. Adicionalmente ofreció que el Gobierno de EE. UU. prepara “un paquete de financiamiento para proyectos económicos de desarrollo” que también beneficiaría al país.

También enfatizó en que el número de solicitantes de asilo en Guatemala sería “previamente acordado” y que “solo serían de Honduras y El Salvador”. A la vez expuso que el Ejecutivo guatemalteco no gastaría recursos para implementar el acuerdo puesto que EE.UU. está comprometido en cubrir los gastos. 

No extraña que dentro del sistema legal estadounidense se alcen voces que llamen a la cordura y a la humanidad al Gobierno de EE. UU. puesto que es “absurdo” que una potencia mundial solicite a un país como Guatemala ayuda para resolver la crisis humanitaria que se vive en la frontera con México.

El hecho que 22 fiscales generales hayan firmado la carta es muy significativo, sobre todo, porque en algunos de los estados representados, como Iowa, Michigan y Pensilvania, son tradicionalmente republicanos y en ellos Trump obtuvo la victoria en las elecciones del 2016.

El acuerdo de tercer país seguro bloqueaba la posibilidad de legítimos solicitantes de asilo, enviándolos a un país que evidentemente no tiene la capacidad para procesas esas solicitudes.

Para muchos internacionalistas, la postura de los fiscales estadounidenses es un espaldarazo que se brinda a los demócratas tras la vista de una comitiva de congresistas a Guatemala la semana pasada. Además, se afirma que la postura contraria al convenio está firmada por un grupo estadounidense que representa la parte legal.

Lo que se hace es un llamado por otro sector diferente a los demócratas para hacer ver que la política del tercer país seguro no vale la pena y pone en riesgo la Quinta Enmienda y pone mucha presión sobre Guatemala, porque la gente que llegue a pedir asilo allá sin pedir asilo antes en Guatemala va a ser discriminada.

El hecho de que Guatemala no tenga las capacidades para ser un tercer país seguro se ha repetido hasta la saciedad; sin embargo, no es lo mismo que lo diga un sector que representa a la legalidad y justicia de Estados Unidos de América. Al tiempo lo veremos.

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