Ciudadanos libres de toda sospecha

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Sin duda, la característica principal del actual gobierno del estado es la corrupción. En menos de un año, la corrupción se institucionalizó, se generalizó y su práctica de tan cotidiana parece normal, como si fuera algo inherente a cada uno de los habitantes de Jalisco.

Cerrar los ojos frente a la corrupción, o adaptarse a ella a pesar de lo visible de sus estragos, parece ser la actitud natural, resignada o asimilada de los ciudadanos que la padecen. Nadie denuncia un acto de corrupción porque estos se asemejan a los lícitos. La frontera entre unos y otros se borra.

La institucionalización de la corrupción permite a cualquier empresa  hacer negocios turbios en total libertad, siempre y cuando lo hagan por un supuesto crecimiento económico del Estado. Como en la legendaria Isla Tortuga, lugar neutral en donde los piratas llegaban a acuerdos sin mas ley que la dictada por sus propios intereses, en Jalisco las leyes, y sus instituciones encargadas de hacerlas cumplir, están en manos y al servicio de piratas.

La corrupción institucionalizada transforma a la corrupción; la convierte en un eficaz motor para el desarrollo económico, en un gran generador de riquezas para los amigos y socios y en un manto protector para los actos de los funcionarios. Ningún funcionario es corrupto, todos sus actos están enfocados al bienestar del Estado de Jalisco.

Para un mejor funcionamiento de la corrupción institucionalizada, fue necesario crear aparentes contrapesos que actuaran como espejismos: el Sistema Estatal Anticorrupción y la Fiscalía Anticorrupción. Uno y otra, acompañadas por la ya existente Contraloría del Estado, en una singular paradoja, se convierten en guardianes del buen funcionamiento de los actos de corrupción en el estado. Actúan como una especie de fiscalizadores de procesos para garantizar la estabilidad, el buen funcionamiento, la congruencia de todos los actos de corrupción.

En otras palabras, tanto el Sistema Estatal, como la Fiscalía anticorrupción, están ahí para avalar los actos del gobierno y darle la tranquilidad necesaria a los ciudadanos, para convencerlos de que viven en un estado en donde los funcionarios respetan las leyes.

Por ello, para crear al Sistema Estatal Anticorrupción, fue necesario montar un esquema ficticio de participación ciudadana, armado y echado a andar por los operadores de los poderes formales y fácticos del Estado. De esta ficción surgieron ciudadanos intachables, sin vínculos aparentes con el poder, dispuestos a denunciar y perseguir los actos de corrupción de los funcionarios públicos.

Pero cuando la corrupción se institucionaliza, desaparece, no existe, no hay delitos que perseguir y el mecanismo termina convertido en lo mismo que combate.

El Sistema Estatal Anticorrupción, al no encontrar corrupción en el gobierno, al aceptar las reglas de invisibilidad de la corrupción, se convierte en un organismo corrupto.

El mismo mecanismo por el que fue creado este moderno Frankenstein de la moralidad pública, le dotó de una naturaleza corrupta, o si se quiere, de un cuerpo robótico incapacitado para actuar en contra de sus propios creadores.

Eso explicaría, en cierta medida, el porqué ahí en donde para el ciudadano común aparece un océano de corrupción, estos mecanismos no lo detectan. Ni el Sistema Estatal Anticorrupción, ni la Fiscalía anticorrupción, jamás verán fallas en las instituciones dedicadas a la búsqueda de personas, al cuidado de cadáveres, al cuidado y la seguridad de los ciudadanos, ni en los negocios camioneros.

Tampoco tendrán nada que decir de Chalacatepec, los grandes desarrollos inmobiliarios, el programa A Toda Máquina o cualquier otro de los programas económicos operados por el gobernador del Estado. Los viajes de los diputados y de su falta de probidad moral, nunca estarán en la agenda anticorrupción.

Todas las instituciones del Estado, todos los funcionarios públicos, los diputados y los socios del gobernador en los negocios, son ciudadanos libres de toda sospecha.

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