El Zapotillo: siniestro y turbio

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Hay algo siniestro y turbio en las maniobras que los gobiernos de Jalisco, Guanajuato, federal y dirigentes empresariales están llevando a cabo para sacar, a como de lugar, el megaproyecto hidráulico de la presa El Zapotillo y el trasvase de agua de Los Altos a la ciudad de León.

El acuerdo anunciado de finales de junio entre el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez y el de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, para el reparto de las aguas de la cuenca del río Verde, se ha construido a espaldas de los pueblos, comunidades y poblaciones afectadas; a través de métodos propios de gobiernos autoritarios; con presiones sobre los medios de información; con un intenso cabildeo de los intereses privados que esperan verse beneficiados de el megaproyecto; y con una rendición absoluta de la clase gobernante ante los intereses privados, traicionando su promesa de defender el interés público.

En primer lugar, es un megaproyecto basado en la mentira y la traición a los pueblos y comunidades que serán desplazados para inundarse y a la población alteña que será despojada de su agua para servir a un abanico de intereses privados. Al igual que antes los hiciera el priista Aristóteles Sandoval Díaz, el actual gobernador Enrique Alfaro está traicionando su palabra de defender a las comunidades que corren el riesgo de desaparecer por este megaproyecto.

El acuerdo de los gobernadores de Jalisco y Guanajuato, supone la terminación del megaproyecto lo que implica el despojo del agua de la cuenca del río Verde que ahora beneficia a poblaciones alteñas, para satisfacer las necesidades de distintas dinámicas de acumulación de capital de las áreas metropolitanas de Guadalajara y León, y del corredor industrial León-Silao.

Este acuerdo está basado en la mentira porque se pretende hacer creer que con este megaproyecto se “lleva” progreso y desarrollo (como afirma el empresario agropecuario Francisco Mayorga Castañeda) a comunidades y pueblos que ya se han labrado su bienestar sin necesidad de un megaproyecto que les privatiza el agua y se las despoja.

Otro aspecto turbio y siniestro de este megaproyecto estatal-privado es la secrecía de las negociaciones entre los gobernantes en las que hay evidencia de participación del sector privado, pero no de las comunidades y pueblos afectados. Hasta ahora no se sabe, más allá de los porcentajes de reparto del escuálido caudal del río Verde, qué altura tendrá la cortina, o cómo se pretenden resolver las impugnaciones jurídicas que tienen detenida la obra por los recursos jurídicos interpuestos por los pobladores de Temacapulín.

Y lo más importante: qué pasará con las comunidades en riesgo de desplazamiento forzado.

El gobierno de Alfaro está tan empeñado en sacar adelante este megaproyecto presionando incluso a medios de comunicación para comprar su versión de “acuerdo histórico” para el reparto de agua, tratando de silenciar las versiones disidentes o críticas del megaproyecto El Zapotillo.

En este contexto, vale resaltar el doble discurso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador quien en campaña se comprometió con los pueblos afectados a evitar los desastres de este megaproyecto pero que ahora en el gobierno, a los empresarios de Guanajuato y Jalisco les dice que El Zapotillo se terminará. Pero al mismo tiempo manda a asesores y funcionarios a reunirse con los representantes de los pueblos afectados, haciéndoles creer que se les escucha.

Todas estas maniobras para sacar adelante el megaproyecto hidráulico de la presa El Zapotillo y el acueducto a León, son más propias de un gobierno autoritario que de un gobierno que se presume democrático y postula, como lema publicitario, la refundación de la política.

Al final, lo que se vislumbra con claridad es la imposición de un conjunto de intereses privados de Jalisco y Guanajuato en esta obra. Son los intereses de los capitales inmobiliarios de Guadalajara y León; los intereses de las agroindustrias; de los negocios turísticos, mineros, automotrices o comerciales los que están prevaleciendo en este megaproyecto.

No hay políticas públicas distintas, como presumen, sino el triunfo de distintas dinámicas de acumulación de capital que requieren el agua para realizar ganancias a sus inversiones, sin importar despojos, desplazamientos y muerte que implica este megaproyecto.

Claramente existe o una complicidad o rendición de la clase gobernante (comprometida a defender el interés público) ante los intereses privados que buscan beneficiarse de este megaproyecto. Pero la última palabra no la tienen ni los gobiernos, ni los comerciantes o negociantes del capital privado, sino los pueblos y la sociedad que se resiste a la imposición autoritaria de este megaproyecto hidráulico.

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