Zapotillo, como dicen una cosa, también la otra

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“La decisión es cuestionable, sobre todo porque se tomó en lo oscurito, a escondidas. Vamos a revisar el estudio con cuidado”. Esta es la declaración que hizo Enrique Alfaro un 29 de junio de 2017.

Sus palabras eran una reacción al anuncio que acababa de hacer ese día el entonces gobernador priísta Jorge Aristóteles Sandoval, de llevar la cortina de la presa El Zapotillo a una altura de 105 metros, lo cual implicaría la inundación de los poblados de Temacapulín, Acasico y Palmarejo.

El actual mandatario concluyó: “sigo creyendo que Temacapulín se puede salvar y que podemos defender con determinación los intereses de Jalisco y de su gente”.

Claro, eso creía cuando no era gobernador. Dos años después, también un 29 de junio, sólo que ya siendo titular del Poder Ejecutivo, anunció que llegó a un acuerdo con el gobernador de Guanajuato sobre el reparto del agua.

El optimismo del mandatario es el primer punto que podríamos destacar.  Los acuerdos de distribución previos no han significado la ejecución de los proyectos para llevar agua a la ciudad de León, Guanajuato y a la Zona Metropolitana de Guadalajara, así como tampoco a los municipios de Los Altos.

Los estudios cuestionados hace dos años por Enrique Alfaro son los mismos en los que se basa el acuerdo que firmó con el gobernador de Guanajuato.

Se trata de estudios que hablan de una disponibilidad de agua que expertos en la materia, habitantes y usuarios de la cuenca aseguran no existe.

Hace dos años el ahora gobernador también cuestionó la intención que había de inundar el poblado de Temacapulín. Para traer agua a la Zona Metropolitana de Guadalajara, es necesario hablar de la desaparición de pueblos. Con una cortina a 105 metros se inundarán los tres poblados; con una cortina a 80 metros sólo se salvaría Temacapulín.

Todo lo anterior, sin contar que la infraestructura depende de muchos aspectos. Primero, que se destrabe el conflicto jurídico en torno a la presa y el trasvase. Además, el Congreso del Estado tendría que aprobar el acuerdo firmado por el gobernador, aunque en este caso  podría parecer un paso más simple, en virtud que Enrique Alfaro no ha encontrado oposición en el Poder Legislativo.

Posteriormente se tendría que disponer de los recursos tanto para la construcción de la presa, que tiene ya varios años abandonada y ha sufrido deterioro, como para el embrollo en que convirtió Abengoa el acueducto para el trasvase.

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