San Gabriel y la corrupción institucionalizada

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La corrupción institucionalizada no permite diferenciar entre las actividades legales o ilegales. Unas se mimetizan en la otra y el ciudadano común no logra distinguir las diferencias. Ni le interesa hacerlo.

Sobre todo en los periodos de crisis económica, en donde lo importante es desarrollar y ampliar un mercado interno, hacer crecer el empleo y diversificar las posibilidades económicas de una región, las actividades económicas legales o ilegales pierden por completo cualquier elemento que las diferencie. Las leyes, reglamentos y protocolos necesarios para el establecimiento de una empresa, se convierten en estorbos engorrosos que solo detienen el crecimiento económico.

Desde los gobiernos, quienes tienen que aprobar los permisos de impacto ambiental, supervisar las maquinarias y los métodos de trabajo de la empresa o verificar que las contrataciones de los trabajadores se hagan conforme a la ley, pasan por alto cualquier anomalía, flexibilizan los trámites de acuerdo a su criterio y abren con ello un amplio margen para las actividades ilegales, las cuales, en algo que parecería paradójico pero no lo es, quedan protegidas bajo los mismos mecanismos que protegen a las legales.

Dentro de la corrupción institucionalizada una empresa puede contar con todos sus permisos “en regla”. México es el país en donde los funcionarios repiten con mayor ahínco la frase “todo está hecho conforme a derecho”. Sin embargo, la mayoría de esos permisos son entregados pensando siempre en beneficiar a la actividad económica y no toman en cuenta ni los riesgos ni los daños para la población y la región. Por otro lado, los movimientos de la actividad económica suelen estar sujetos a los tiempos e intereses de los políticos.

Es frecuente que detrás de toda actividad económica de una región, esté involucrado un político, gobernador, diputado, presidente municipal o regidor y su familia, que busca obtener algún tipo de beneficio del desarrollo económico que según él impulsa desde su función dentro del aparato de gobierno. Es muy raro que un político que gestione recursos o permisos para el desarrollo de una gran empresa en una región, no reciba beneficios directos por sus buenos oficios. Ahí es donde aparece el crimen organizado.

En donde existe corrupción institucionalizada o generalizada, aparece, sin ninguna duda, el crimen organizado. La corrupción, independientemente de la forma que emplee, es una actividad que se realiza en los márgenes más oscuros del derecho, los mismos espacios en donde se mueve el llamado crimen organizado.

La ecuación es muy sencilla: una región presenta un “nicho de oportunidad” para desarrollar su economía, el político gestiona y se encarga de agilizar los permisos, siempre “de acuerdo a derecho”, una o varias empresas relacionadas con un familiar o amigo cercano del político son encargadas para hacer el trabajo, el crimen organizado tiene recursos para financiar empresas de cualquier ramo.

Lamentablemente estos esquemas de corrupción institucionalizada solo salen a la luz cuando ocurre una tragedia.

San Gabriel, sin ser el primero, es un ejemplo de ello.

El auge del aguacate es visto por muchas regiones como una gran posibilidad para su desarrollo económico. A alguien se le ocurrió que en San Gabriel había bosques improductivos que podrían cambiarse por plantaciones de aguacates. Un árbol es un árbol. Los terrenos en donde están los bosques tienen dueños. Alguien solicitó y alguien autorizó los cambios de usos de suelo. Los árboles del bosque fueron talados. ¿Se talaron más de los requeridos? ¿Se talaron más de los autorizados? ¿A qué se refiere el gobernador cuando habla de tala ilegal?

Los árboles de aguacate necesitan agua para crecer. Alguien solicitó y alguien autorizó la perforación de pozos. Nadie previó los riesgos. El Progreso económico y social de una región no entiende de eso.

Sobreviene la tragedia. Cinco muertos y daños materiales cuantiosos. Las muertes son irremediables. Los daños se van a pagar con los impuestos de los jaliscienses, no con el dinero de las empresas.

Se habla de la presencia de grupos del crimen organizado en el negocio de los aguacates. Familiares del gobernador son dueños de algunos terrenos destinados al cultivo del aguacate en la zona.

La corrupción institucionalizada es el motor de desarrollo en Jalisco.

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