EMBARRADOS

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En año 2014, el gobierno de Brasil inició con la “Operación Lava Jato” donde se empezó a investigar a las empresas que podrían estar involucradas en casos de corrupción. De ahí surgió el caso Odebrecht, una investigación desde 2016 del Departamento de Justicia de Estados Unidos, con otros 10 países más de América Latina sobre la constructora brasileña Odebrecht.

Ahí se detalla que la constructora habría realizado sobornos a presidentes, expresidentes y funcionarios del gobierno de 12 países: Angola, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, durante los últimos 20 años, para obtener beneficios en contrataciones públicas.

De entre las consecuencias que se han desatado tras darse a conocer, la más impactante ha sido, sin duda, la muerte del expresidente de Perú, Alan García, tras haberse disparado cuando iba a ser detenido por las autoridades del país andino en el marco de este escándalo de corrupción.

En los demás países, han sido implicados una buena cantidad de funcionarios y exfuncionarios públicos, quienes ya están respondiendo a la justicia de su país por sus implicaciones, pero en México, tal parecía que la justicia había llegado de vacaciones y no se decidía a actuar, pero ahora, con el nuevo gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, todo parece cambiar.

Desde que se dio a conocer el escándalo, en nuestro país sólo se había hablado de la implicación de Emilio Lozoya Austin desde que Enrique Peña Nieto era el presidente, pero fue hasta ahora que se ha actuado contra el exfuncionario y uno de sus socios.

El caso estalla en Brasil y se magnifica en 2016 a raíz de una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, así como de una decena de países de Latinoamérica, respecto a las prácticas irregulares de Odebrecht que habría sobornado a altos cargos públicos de numerosos países del continente americano para adjudicarse diversas licitaciones.

La causa contra Odebrecht es una ramificación del caso ‘Lava Jato’, por el que el expresidente brasileño Lula da Silva ha sido condenado a más de doce años de cárcel.

Según las cifras que maneja la justicia de Estados Unidos, sólo en Brasil se pagaron 349 milones de dólares (mdd) en sobornos, mientras que los pagos en el resto de países involucrados ascendieron a 439 mdd.

De los países involucrados, algunos funcionarios ya han sido encarcelados y otros se encuentran en proceso o en investigación, como botones de muestra basta destacar que por ejemplo, en República Dominicana, y viviendo una corrupción rampante, el país caribeño investiga actualmente a siete personas que al parecer recibieron más de 92 millones de dólares en sobornos de la gigante constructora brasileña.

Dos nombres que sobresalen en las investigaciones son el senador Tommy Galán y el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa. En El Salvador, el expresidente Mauricio Funes está siendo investigado por la presunta malversación de 351 mdd. Se sospecha que Odebrecht le pagó entre 1 y 3 mdd al exmandatario durante la campaña presidencial de 2009. Funes, presidente del país entre 2009 y 2014, también enfrenta una investigación judicial por supuestamente comprar diputados con el fin de obtener votos favorables en la Asamblea Legislativa durante su presidencia.

El expresidente tiene cuatro órdenes de captura en su contra por casos de corrupción. Actualmente reside en Nicaragua, protegido por el asilo político otorgado por el presidente Daniel Ortega.

La investigación que actualmente adelanta Guatemala sobre Odebrecht se centra en el exministro de Infraestructura, Alejandro Sinibaldi, quien se encuentra prófugo.

Otra importante figura que está siendo investigada en Guatemala es el excandidato presidencial Manuel Baldizón, quien fue arrestado en Estados Unidos en enero de 2018. Baldizón es acusado de supuestamente recibir sobornos de funcionarios de Odebrecht para ayudarles a obtener contratos de obras públicas en el país centroamericano.

El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, quien se encuentra bajo arresto, y varias personas cercanas a su presidencia, también están siendo investigados por supuestamente recibir sobornos de Odebrecht.

En Colombia, Odebrecht pagó al menos 32.5 mdd en sobornos para obtener los contratos de construcción de la autopista Ruta del Sol y otros proyectos de infraestructura.

El exsenador Otto Nicolás Bula Bula, quien fue condenado a dos años de prisión por recibir sobornos, ha sido el principal testigo del gobierno para esclarecer el esquema de sobornos. La investigación ha involucrado a varios funcionarios del gobierno durante las administraciones de los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, entre ellos el exsenador Bernardo Miguel Elías.

El fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, también ha sido objeto de atención, después de que el auditor Jorge Enrique Pizano revelara grabaciones secretas en las que hablaba de irregularidades contractuales con Martínez, quien en ese momento se desempeñaba como abogado de Corficolombiana, una empresa socia de Odebrecht.

El caso de Odebrecht en Ecuador ilustra una elaborada estructura de corrupción durante la presidencia de Rafael Correa. Su amigo de infancia, el exvicepresidente Jorge Glas, quien se encuentra cumpliendo una pena de prisión por el escándalo de corrupción, ha sido acusado por Luis Mameri, vicepresidente de Odebrecht en Latinoamérica, de aceptar más sobornos de los que se conocieron inicialmente, mediante una empresa llamada Glory International.

La Fiscalía General de Ecuador anunció recientemente que otras 11 investigaciones preliminares estarían enfocadas en Rafael Correa, Alexis Mera y Jorge Glas.

El escándalo de Odebrecht ha sacudido la clase política de Perú tras el suicidio del expresidente Alan García. El actual presidente Martín Vizcarra está siendo investigado por presuntos vínculos entre la empresa de su propiedad y Odebrecht entre 2006 y 2008. Su predecesor, Pedro Pablo Kuczynski, tiene una investigación en su contra —que lo obligó a dimitir en marzo de 2018— por presuntas consultorías que su empresa, Westfield Capital, le ofreció a Odebrecht entre noviembre de 2004 y diciembre de 2007.

Los otros dos exmandatarios que están siendo investigados por supuestamente recibir sobornos son Alejandro Toledo y Ollanta Humala.

Por su parte, la investigación de Odebrecht en Argentina amenaza a decenas de altos exfuncionarios relacionados con proyectos de obras públicas durante las presidencias de Néstor Carlos Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015). Las investigaciones más sobresalientes son las de Julio de Vido y Lázaro Báez.

La historia de los ventajosos negocios de Bolivia con empresas brasileñas se remonta a 1987, año en el que el entonces ministro de Energía, Carlos Morales Landívar, fue acusado de utilizar su influencia política para favorecer a la empresa brasileña Andrade Gutiérrez.

Sin embargo, los nombres vinculados directamente al caso Odebrecht son Carlos Mesa, expresidente y aspirante presidencial en 2019, y su sucesor, Eduardo Rodríguez Veltzé, exjefe de Estado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia.

Además del Perú, donde el Caso Odebrecht ha avanzado con mayor velocidad y cuatro de ex Presidentes (Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski) se han visto seriamente embarrados, estos son otros ex mandatarios de América Latina que estarían involucrados en la trama de corrupción.

Michel Temer (78 años, Brasil). El hombre que gobernó el país más grande de nuestra región por casi dos años y medio (entre agosto del 2016 y diciembre del 2018) fue mencionado 43 veces en las delaciones de uno de los ejecutivos de la empresa constructora.

En esas declaraciones, ofrecidas como parte de un acuerdo especial con la fiscalía brasileña, dicho empresario afirmó que Odebrecht había hecho contribuciones ilegales a las campañas de varios políticos, incluyendo a Michel Temer. Actualmente, Temer está incluido en una investigación del Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño por sospechas de transferencia de sobornos de Odebrecht para campañas electorales de su partido, el Movimiento Democrático Brasileño (MDB). Se habla de un aporte de 3.6 millones de dólares.

En marzo fue detenido por la policía en una operación vinculada a la red de corrupción Lava Jato. En concreto, se le acusa de desviar fondos destinados a la construcción de una central nuclear. Pero a los pocos días fue puesto en libertad. El 9 de mayo volvió a prisión, pero cinco días más tarde el Tribunal Superior de Justicia decidió que continuará su proceso bajo arresto domiciliario.

Lula da Silva (73 años, Brasil). El histórico líder del Partido de los Trabajadores (PT), que estuvo al frente de Brasil entre los años 2003 y 2010, se encuentra en prisión desde abril del año pasado, condenado en dos instancias por corrupción y lavado de dinero, ya que recibió un departamento de la empresa OAS como compensación por negocios con la estatal Petrobras. Es investigado por otras cinco acciones provenientes de investigaciones de Lava Jato.

El patriarca de la familia Odebrecht, Emilio, reveló a la justicia brasileña que conversaba con Lula e interlocutores del gobierno sobre temas de interés de la compañía, como medidas provisorias y líneas de crédito. Emilio Odebrecht reveló información que generó otros juicios contra el ex presidente, en los que este es acusado de haber sido beneficiado con la reforma de una residencia en el interior de Sao Paulo en la que la empresa fue sindicada por comprar un terreno para instalar el Instituto Lula. Su defensa señala que el instituto fue instalado en otro lugar y que Odebrecht no participó en su creación.

Además, Lula también fue involucrado por Odebrecht en el caso del ex mandatario Ollanta Humala, ya que habría sido el veterano líder brasileño quien intercedió para que la constructora aportase 3 millones de dólares a la campaña del Partido Nacionalista.

Mauricio Funes (59 años, El Salvador). De acuerdo con un ex directivo de Braskem, filial de Odebrecht, dicha compañía abonó US$ 1.5 millones a la campaña presidencial de Mauricio Funes, quien alcanzó la presidencia de El Salvador en junio del 2009. Su mandato terminó cinco años después.

Según las confesiones de Joao Santana y Mónica Moura -los publicistas brasileños que dirigieron su campaña electoral-, el ex mandatario Lula da Silva intercedió para hacer llegar aportes al equipo de Funes debido a la amistad que mantenía este con Vanda Pignato -que en ese entonces era esposa de Funes- porque ella era brasileña y había militado en el PT. Ambos publicistas dicen que recibieron US$ 3 millones para producir tal campaña, un monto que coincide con las confesiones de Marcelo Odebrecht. Actualmente, Funes se encuentra en Nicaragua, país que le otorgó el asilo político y al que viajó antes de ser sentenciado, en noviembre del 2017, por enriquecimiento ilícito y condenado a devolver, junto con su hijo, 420 mil dólares a las arcas públicas.

En junio del año pasado, la fiscalía general de El Salvador ordenó la captura del ex mandatario, de varios de sus ex funcionarios y de familiares suyos, acusados todos de haberse quedado con fondos del pequeño país centroamericano por 351 millones de dólares.

Ricardo Martinelli (67 años, Panamá). Odebrecht admitió que pagó gratificaciones, entre los años 2009 y 2010, a dos hijos del ex jefe de Estado panameño Ricardo Martinelli, quien gobernó desde julio del 2009 a julio del 2014.

De acuerdo con la fiscalía panameña, la constructora brasileña realizó el desembolso para facilitar trámites burocráticos relacionados a la construcción de una autopista y el saneamiento de la bahía de Panamá.

Las sospechas de apoyo a la campaña electoral de Martinelli ya habían sido destacadas por Barbara Stephenson, quien fue embajadora de EE.UU. En Panamá, en uno de los tantos cables filtrados por WikiLeaks.

En abril del 2017, un departamento de la familia Martinelli en Miami fue embargado por la justicia estadounidense, en una medida relacionada con el Caso Odebrecht.

En junio del 2017, el ex gobernante fue arrestado en EE.UU. tras emitirse una orden de detención del Departamento de Justicia estadounidense como respuesta a la petición del Gobierno Panameño por otros casos de corrupción y escuchas ilegales. Un año después se aprobó su extradición y fue devuelto a su país natal, donde viene siendo sometido a juicio.

Juan Carlos Varela (55 años, Panamá). No es todavía un ex mandatario, dejará la presidencia de Panamá (que alcanzó hace cinco años) y le cederá el poder a Laurentino Cortizo. La posible entrada de dinero ilícito de Odebrecht en las campañas electorales de Varela continúa siendo investigada. Se calcula que sería por un monto superior a los 700 mil dólares, según declaraciones del ex cónsul panameño en Corea del Sur, Jaime Lasso. A fines del 2017, Varela reconoció que su campaña para la vicepresidencia -en el 2009- recibió aportes de la empresa brasileña a través de una tercera persona y recalcó que las donaciones políticas “no son sobornos” ni constituyen un delito. También se defendió diciendo que en el 2009 nada se sabía de los contubernios de Odebrecht, y que en la campaña presidencial del 2014 no recibió aportes directos de la empresa.

También aseveró que, hasta entonces, su gobierno había licitado 10,000 millones de dólares en proyectos de infraestructura, de los cuales Odebrecht “apenas tendrá el 1% de lo licitado”.

Rodrigo Tacla Durán, antiguo abogado de la constructora, reveló a mediados del 2017 que el gobernante sí recibió donaciones en la última campaña. A lo mejor el Ministerio Público avanza más en el caso a partir del 1 de julio, cuando Varela se convierta en ex presidente.

Enrique Peña Nieto (52 años, México). Los multimillonarios sobornos de Odebrecht a Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), se canalizaron a campañas electorales del PRI, entre ellas la de Enrique Peña Nieto para la presidencia en el 2012, según el ex fiscal electoral Santiago Nieto.

En un libro publicado en febrero de este año, Nieto documenta el ‘modus operandi’ de la transnacional brasileña y revela que esta obtuvo 42 contratos de Pemex. “Si bien los delitos electorales ya prescribieron, el ex presidente Peña Nieto, quien actuó con una visión de clan para proteger a sus amigos, todavía puede ser juzgado por cohecho”, apuna el ex fiscal y actual jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).Pese a las graves irregularidades en las que incurrió Odebrecht, el gobierno de Peña Nieto -que dejó el cargo en diciembre del año pasado- otorgó por asignación directa más contratos millonarios a la constructora. La buena noticia es que el actual gobierno de la república está dando muestra clara de no se quedará de manos cruzadas frente a este asunto que ha embarrado a una decena de ex mandatarios latinoamericanos. Es plausible la voluntad y será mayor aún el reconocimiento cuando los implicados en este y en cualquier otro caso de corrupción sean llevados a juicio, solo así la impunidad dejará de ser el amparo de todos los que pensaron que sus ilícitos actos quedarían sin castigo.    

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