El estado de gravedad en las compras de salud

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Si un diagnóstico podemos hacer del estado en que se encuentra el sistema de compras de medicamentos y diferentes insumos para las áreas de salud pública, tanto estatal como federal, es de enfermedad, casi grave. Lo demuestra la información que se ha ventilado en los últimos días: empresas con prestanombres evidentes, asignaciones directas en las adquisiciones ante el mínimo pretexto, incumplimiento en los contratos sin sanciones de por medio, entre otras.

Podríamos asegurar, sin correr demasiado riesgo de equivocarnos, que en la mayoría de adquisiciones públicas se registran las mismas inconsistencias y casos de corrupción; sin embargo, el tema cobra mayor relevancia cuando vemos los montos manejados en las compras del sector salud y lo que esas irregularidades representan en servicios, medicamentos y cirugías a los que la población no tiene acceso.

Nada más hay que recordar cuando las empresas relacionadas con el delegado de programas federales, Carlos Lomelí Bolaños fueron sancionadas con la suspensión de contratos, a finales del gobierno de Francisco Ramírez Acuña y principios del encabezado por Emilio González Márquez, con el argumento de desorden en el abasto.

Eran los comienzos de la transparencia y por lo tanto no podíamos saber exactamente en qué consistían los contratos que se le habían asignado ni cuáles eran los motivos de incumplimiento. Sin embargo, hubo una serie de demandas entre empresas y autoridades que mantuvieron durante un largo periodo la compra de medicamentos en conflicto.

Todo esto se dio también en el marco de los señalamientos del gobierno de Estados Unidos hacia las actividades de Lomelí Bolaños.

Según el propio delegado, tuvo que invertir varios millones de dólares para aclarar la legalidad de sus empresas y fortuna, ante señalamientos de posibles vínculos con el crimen organizado.

En la pasada administración estatal, el desabasto de medicamentos en muchos hospitales y centros de salud hizo crisis.La revisiones apuntaron a los funcionarios encargados de las compras, aunque no se revisó el comportamiento de los proveedores.

Uno de los casos que más llamó la atención durante la administración pasada fue la compra de medicamentos caducos por parte de la Secretaría de Salud, cuando el titular era Antonio Cruces Mada. Entre junio y agosto de 2016 se compraron medicamentos cuyo vencimiento obligó a su destrucción, lo que representó una pérdida de al menos 7.2 millones de pesos.

El actual gobierno se estrenó con una adjudicación directa que deja muchas dudas, sin contar los problemas por la bacteria que afectó a pacientes alimentados vía intravenosa.

Los proveedores del sector salud han emprendido una guerra entre sí y lo más delicado es que en todos los casos tienen relación directa o al menos un amarre con funcionarios públicos. Y en su lista de prioridades, es evidente que no está un buen servicio a los ciudadanos.

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