TERRIBLE DESEMPEÑO DEL IJCF

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De acuerdo al informe especial entregado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), el Gobierno de Enrique Alfaro Ramírez no ha logrado avanzar nada en el tema de identificación de cadáveres, toda vez que no se ha atacado debidamente el asunto desde las respectivas áreas que debieran resolver el destino de esos cuerpos, muchos de los cuales les tocó en suerte recorrer las calles de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) cubiertos por bolsas negras y apilados a bordo de los llamados “trailers de la muerte” que tanto repudio provocó a nivel mundial al darse a conocer el macabro hallazgo. 

Jalisco ha pasado de ser ese estado en el que los cuerpos sin identificar transitan en trailers, para ser hoy por hoy, esa entidad en la que las madres, desesperados por encontrar a sus hijos, se ven obligadas a hacer labor de peritos investigadores, de ministerios públicos, y hasta de exhumadoras para recuperar los restos humanos de sus vástagos, ante la incapacidad y negligencia de anteriores y nuevos gobiernos que no atinan a resolver el grave problema de la identificación de cadáveres para entregarlos a los miles de familiares que buscan a sus seres queridos desaparecidos. 

Darwin Franco, dio cuenta hace unos días del desgarrador testimonio de Nancy Bustos, a quien le desaparecieron a su hijo de 18 años de edad.

La mujer revela los atroces senderos que hubo de transitar en la búsqueda de su hijo y cómo tuvo que recuperar una a una las partes del su cuerpo ante la negligencia de los servidores públicos que una y otra vez fallaron al realizar su trabajo. 

“Si todo lo hice yo misma, yo encontré el pozo donde estaba mi hijo; yo les avisé que lo había encontrado; yo fui la que halló su cabeza y el resto de su cuerpo; yo he sido la que le señaló a los responsables, a los cuales nunca han declarado ni detenido. Yo lo he hecho todo; ellos ni siquiera hicieron bien la exhumación”, explica Nancy en alguna parte de la entrevista.

Lamentable el caso de Nancy no es aislado, familiares de los más de 7 mil desaparecidos se han visto obligados a seguir pistas, la mayoría de ellas falsas o erróneas, hacer sus propias investigaciones y hasta excavaciones en su intento por recuperar los cadáveres de sus seres queridos.

El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) se ha convertido en el centro del caos al acumular ya 590 cuerpos humanos sin identificar; su trabajo raya en lo inhumano y de ahí que ya haya recibido una recomendación por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), y la advertencia de que se avecina una nueva crisis como la ocurrida con los llamados “trailers de la muerte”, que ante la incapacidad física de su inmueble para resguardar los cadáveres hubo de contratar las cámaras frigoríficas de los tractocamiones. 

El año pasado, hacía finales de la administración del gobernador Jorge Aristoteles Sandoval Díaz, Alfaro Ramírez fue una de las voces que con mayor rigor recriminó el hallazgo de los cientos de cadáveres de personas no identificadas que fueron encontrados en las dos cajas refrigeradoras de tractocamiones, pero los problemas de entonces a la fecha siguen siendo los mismos; incapacidad, negligencia, desinterés, y principalmente falta de resolución. 

En un primer corte se dijo que eran alrededor de 300 cuerpos entre los que se encontraron en los trailers y los que estaban en otro vehículo estacionado en el IJCF pero después se manejó por cierta la cifra de 444 cuerpos sin reconocer; sin embargo, la CEDHJ informó hace unos días que en total fueron 605 cuerpos los que permanecieron entre cinco meses y 3 años y medio en el IJCF y que actualmente son 590 los que permanecen sin identificar. 

También por esos días, la CEDHJ se comprometió a dirigir una investigación a fondo y demandó a la autoridad hacer lo propio para que los responsables fuesen presentados ante la justicia en un caso que no debía quedar en la impunidad, pero hasta ahora no hay ningún responsable tras las rejas.

Ocho meses después, el informe de la defensoría pública detalla una serie de irregularidades atribuibles principalmente al IJCF y a la Fiscalía Estatal.

Señala como el origen de la crisis la falta de cuidado en las investigaciones ordenadas por agentes del Ministerio Público de la entonces Fiscalía General del Estado (FGE) para lograr la identificación de personas fallecidas y de personas fallecidas no reclamadas (PFNR).

El IJCF refiere que los trabajos no se apegan a los estándares establecidos por los instrumentos internacionales, los protocolos y la jurisprudencia en la materia, lo que ha provocado en muchos casos, la desaparición de datos relacionados a fechas de ingreso, lugares de hallazgo y hasta el número de carpeta de investigación.

En la recomendación, el ombudsman, Alfonso Hernández Barrón, llama al titular de la Fiscalía de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, y al encargado del despacho del IJCF, Gustavo Quezada Esparza, a reconocer las omisiones e indebidas actuaciones de servidores públicos, así como a ofrecer una disculpa pública a familiares de personas desaparecidas, colectivos y comunidad en general, pero a este gobierno no lo caracteriza la humildad sino la soberbia  y el gobernador Enrique Alfaro solo aceptó la recomendación y rechazó ofrecer disculpas.

Finalmente, también alerta sobre una nueva crisis por la acumulación de cuerpos, pero esta fue minimizada por el Coordinador del Gabinete de Seguridad, Macedonio Tamez Guajardo, quien más que desescuchar recomendaciones debiese definir estrategias y acciones para evitar seguir contando muertos.

La CEDHJ concluye que nada ha cambiado y mucho menos se ha corregido en el accionar de los funcionarios y autoridades de la administración pasada a los actuales; el número de cuerpos sin identificar en este momento es de 590, y en los hechos se sigue reflejando “una falta de respeto a la dignidad de las personas fallecidas”, y se siguen vulnerando sus garantías fundamentales tanto de los muertos como de sus familiares.

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