Lomelí y el prestigio de la 4T

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La corrupción es el principal problema que aqueja la nación, según ha dicho reiteradamente el actual presidente de México Andrés Manuel López Obrador. No es la pobreza, la discriminación a pueblos originarios, la explotación a la clase obrera, los despojos de tierras y bienes comunes, la evasión fiscal, la concentración de la riqueza, o la represión y violencia estatal.

Es la corrupción, ha dicho una y otra vez López Obrador. Y si esto es así para su proyecto de gobierno, que ha bautizado como la Cuarta Transformación de la vida pública nacional, tiene dos tareas cruciales: primera, limpiar de corrupción el Estado mexicano, con su decisión de borrón y cuenta que implica no investigar el pasado pero sí cambiar el presente; y segunda, sus colaboradores deben ser intachables en su actuación en el actual gobierno. Cualquier sospecha o acto de corrupción de sus colaboradores minará la legitimidad política que López Obrador obtuvo con la masiva votación a su favor el 1º de julio de 2018.

Por eso es importante el reportaje de investigación sobre la red de empresas farmacéuticas de Carlos Lomelí, delegado del gobierno federal en Jalisco, realizado por Valeria Durán y Laura Sánchez Ley en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicado el 20 de mayo y la reacción ante esta investigación periodística de López Obrador y el propio Lomelí.

Resumiendo el extenso y bien documentado reportaje de Valeria Durán y Laura Sánchez Ley, el representante del gobierno de la 4T en Jalisco está a la cabeza de “una red farmacéutica conformada por nueve empresas dedicadas a la venta de medicamentos que han compartido los mismos socios, apoderados legales, representantes e incluso domicilio”.

Carlos Lomelí no niega tener negocios en el ramo de producción y venta de medicinas, pero solo reconoce cuatro de las nueve empresas citadas en el reportaje de MCCI: Lomedic, Corporativo Internacional Vigilando tu Salud, Laboratorio Solfran y Laboratorio Bioterra.

Hay otras cinco empresas con las que Lomelí no reconoce relación: Abisalud, Lo Vending Group, MC-Klinical, Proveedora de Insumos Hakeri y Grupo Quiropráctico del Bajío.

El asunto es que mediante documentos oficiales, las reporteras Valeria Durán y Laura Sánchez, encontraron que al menos 11 familiares y colaboradores cercanos al delegado federal han intercambiado puestos en las nueve empresas en los últimos años. Se encuentran en ese listado la exesposa, la actual esposa, los hijos y varios colaboradores cercanos de Lomelí tanto en sus negocios como en su proyecto político, como José Hiram Torres Salcedo y Mario Vargas Lomelí, exsecretario y sobrino, respectivamente.

Una de las evidencias más graves que resultan del reportaje es que ya en el gobierno de la 4T, alguna de estas nueve empresas que se relacionan con Lomelí, ya han obtenido contratos. Abisalud ganó, en lo que va de 2019, más de 164 millones de pesos, adjudicados por el gobierno federal de López Obrador y a finales de 2018 esta misma empresa ganó un contrato por 36 millones de pesos en el gobierno de Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz de Morena, mismo partido en el que milita Carlos Lomelí.

El delegado federal en Jalisco rechazó las imputaciones y negó que las empresas ganadoras de estos contratos fueran de su propiedad. Lo que no ha podido explicar es por qué los domicilios oficiales de esas empresas son los mismos que el de las empresas que sí reconoce.

Al ser interrogado sobre este asunto que parece, por lo menos un claro conflicto de interés, López Obrador dio una respuesta formal y otra respuesta descalificando el reportaje. La respuesta formal es que la Secretaría de la Función Pública y la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, investigarán el asunto y que él no protegerá a nadie, porque en su administración no permitirá actos de corrupción, “trátese de quién se trate”.

Pero en la segunda parte de su repuesta, descalificó a priori el reportaje, pues dijo que se trataba de politiquería y grilla, atribuyendo el origen y conclusiones de la investigación periodística al actual gobierno de Jalisco que encabeza Enrique Alfaro quien, como se sabe, fue el adversario de Carlos Lomelí en las elecciones locales de julio de 2018. Hubiese habido o no un intento de filtración o interés del gobierno de Jalisco, lo que el presidente no puede sostener es que el reportaje es grilla o politiquería. No, son evidencias que tienen solidez y que tienen qué indagarse.

En tanto, al delegado Carlos Lomelí, quien niega las imputaciones, debería dejar su cargo mientras la SFP lleva a cabo la investigación de si empresas que pueden estar relacionadas con él han obtenido contratos para venta de medicamentos en este gobierno. Una separación temporal del cargo, mientras se investiga, sería más congruente con la narrativa del gobierno de la 4T de que quiere combatir la corrupción.

La legitimidad política, el prestigio, de la 4T se dañaría y debilitaría si al final se confirman las evidencias del reportaje. A lo mejor López Obrador puede fallarle a sus votantes en muchos temas, pero será imperdonable si alguno de sus colaboradores, como lo es Lomelí, se aprovechan del cargo para seguir haciendo negocios. Tal como ocurría en el pasado político que la 4T dice rechazar y combatir.

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