¿Podemos salvar el bosque La Primavera?

637
0
Compartir

“Un buen test para detectar los estragos de la estupidez, es preguntarnos sinceramente si aún podemos contestar a quien nos inquiera qué hemos hecho frente a los terribles males del mundo con la cuerda modestia de Albert Camus: ‘para empezar, no agravarlos’. Si esto nos parece poco, mal síntoma…”

Diccionario filosófico, Fernando Savater

Como en cada ceremonia de desagravio anual que los tapatíos tenemos para nuestro bosque La Primavera entre abril y mayo, tras indignarnos por el fuego que devora la floresta, siempre nos ponemos sesudos y reflexivos, y generamos una andanada de diagnósticos y propuestas: que la mayor parte del problema deriva de los intereses inmobiliarios; que los propietarios, privados y ejidales, no pierden la oportunidad de pujar por sus propios intereses; que el gobierno es tibio, invierte poco, cuida menos y tiene cuentas desastrosas con la protección del área protegida; que los ciudadanos viven en la apatía y no constituyen una presión como opinión pública para que se ponga coto a los males que amenazan nuestra reserva verde más emblemática.

Luego vienen las propuestas: expropiar el bosque o comprarlo para que sus dueños actuales no vivan bajo la permanente tentación de urbanizar o destruir, aplicar todo el peso de la ley a los presuntos responsables incendiarios, motivar las aportaciones pecuniarias para mantener a raya los intereses con un esquema de pago por servicios ambientales, hacer algo -de preferencia, comprar la tierra- con el anillo territorial que rodea al bosque, la famosa área de amortiguamiento que se ha discutido desde 1980, y cuyo único producto jurídico es la zona de recuperación ambiental del cerro de El Tajo, impulsada por ciudadanos de la zona y publicada como decreto por el anterior gobernador Aristóteles Sandoval, de cuya defensa -ante la andanada de litigios que ha ocasionado- se debe hacer cargo el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez.

Quizás convenga insistir en algunos datos que la olvidadiza opinión pública omite cada que se empeña en ver una película en blanco y negro:

Uno, La Primavera, y prácticamente todas las áreas naturales protegidas de México, tiene dueños.

Esto no es una anomalía, el reparto del territorio como uno de los gestos legitimadores de la revolución mexicana llevó a repartir las viejas haciendas en ejidos, en reconocer los territorios inmemoriales de las comunidades indígenas y en dar legalidad a la pequeña propiedad agrícola y ganadera. “Tierra y libertad”, el eslogan zapatista, hizo que en ocasiones las puntas estériles de las montañas o los lechos de los humedales fueran entregados, preferentemente a los ejidatarios. El desafío de proteger el patrimonio natural se vuelve así más complejo, pero el esfuerzo de este país ha sido reconocido en el ámbito internacional: es el “modelo mexicano” de conservación, pues más de 20 por ciento de la población habita aun hoy fuera de las ciudades.

Dos, no obstante el pesimismo recurrente en nuestra clase ilustrada, la realidad es que el decreto de 1980, al interior del polígono protegido, ha sido relativamente exitoso. Hacia el interior de las fronteras del área de protección de flora y fauna hay presiones verdaderas y crecientes, pero se mantiene la integridad de los ecosistemas y ningún fraccionamiento nuevo a los preexistentes al decreto ha podido establecerse. Hay algunos cambios de uso de suelo, sobre todo en la zona de Mariano Otero y en la de La Venta del Astillero, hay un uso creciente sobre las zonas públicas y en general, los visitantes del bosque constituyen un desafío por su nada confiable cultura ambiental, pero incluso en ese sentido, se puede decir que el visitante promedio de La Primavera es un ciudadano más preocupado y activo en temas de conservación que la masa indiferente -salvo en tiempos de humo- que se queda en Guadalajara.

Tres, el valor del suelo en el bosque está abatido, pues no está en el mercado inmobiliario como efecto del decreto presidencial de 1980. No es equiparable al que tiene el suelo urbano al otro lado del lindero, por lo que un verdadero programa de compra de tierras no necesitaría de enormes inversiones para lograr crecer la propiedad pública, que ya es interesante en términos relativos -en pocas áreas protegidas del país hay 20 por ciento de la superficie en tenencia pública-. Un ejemplo mexicano muy exitoso es el crecimiento de la demarcación protegida en Calakmul, Campeche, la mayor reserva boscosa del país: grupos privados comprometidos con la conservación crearon un fondo que ha adquirido gradualmente tierra de selva para anexarla a la reserva de la biosfera de más de 700 mil hectáreas. Como no son suelos con grandes usos productivos, su valor ha sido asequible: así se convirtieron en tierra pública unas 100 mil hectáreas adyacentes a Calakmul.

Pero La Primavera tiene su propio antecedente. En el año 2000, el gobierno de Alberto Cárdenas Jiménez hizo una operación de compra a particulares del predio Agua Brava, en la zona de visitación más intensa del bosque: 700 hectáreas por 19 millones 900 mil pesos (a tipo de cambio de ese tiempo, dos millones 186,813 dólares, es decir, 3,124 dólares por hectárea). Si ponemos el dólar como referente para nuevas operaciones, a un promedio de 20 pesos actuales, la hectárea rondaría 60 mil pesos, y el metro cuadrado, a 6 pesos… contra costos por m2 urbanizado en la periferia que van de dos mil a 10 mil pesos. Hipotéticamente, bajo estos precios controlados (hay que insistir que por ser zona protegida, no está sujeta a mercado porque tiene usos cancelados, no es equiparable a lo que sucede en la periferia), ¿cuánto costaría comprar La Primavera completa? 24 mil hectáreas a 60 mil pesos arroja 1,440 millones de pesos, 1.2 por ciento del presupuesto estatal.

Pero, ¿es de verdad necesario comprarla? Yo creo que no.

Sería deseable adquirir las zonas de protección, que son las que la zonificación define como “aquellas superficies dentro de la ANP, que han sufrido muy poca alteración, así como ecosistemas relevantes o frágiles y fenómenos naturales , que requieren de un cuidado especial  para asegurar su conservación a largo plazo” (sic), señala en su página 58 el texto del programa de manejo vigente. Esas tierras son 4,062 hectáreas y es donde se tiene “la mayor diversidad del bosque”. La opción de compra se debería abrir a los propietarios que deseen hacerlo, para de esta manera reducir una oposición que a la larga no le convendrá a La Primavera. Pero solo como parte de un paquete de opciones a las que el dueño se puede acoger. Si se logra construir una cultura ambiental genuina, tanto en los dueños como en los usuarios, generar un mercado de servicios ambientales es posible y más deseable. Sólo falta que de verdad se convierta en una prioridad pública.

Ahora, ¿entonces por qué sufre tanto La Primavera, por qué se quema y por qué padece depredación? Porque el proyecto no se construyó con la consideración que está a la puerta de la segunda área urbana del país. Es el fenómeno de la urbanización en La Periferia, con la implícita construcción de infraestructura que demanda, el que mantiene bajo una tremenda presión al bosque y ha asfixiado sus corredores biológicos, por lo que amenaza con dejarlo aislado, y a largo plazo, inviable como un conjunto de ecosistemas silvestres. Ya he mencionado antes que la superficie original de la caldera volcánica es de 40 mil hectáreas y sólo se decretaron 30,500 ha, situación agravada con el reciente cercenamiento de más de 500 ha por un juicio de amparo que ganó, ante la tibieza de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, del gobierno de Jalisco y del Ayuntamiento de Zapopan, el ejido Santa Ana Tepetitlán. Esas 10 mil ha viven en la especulación. Los lobbys inmobiliarios le han hecho así dos daños muy graves a La Primavera: cambiar el bosque por fraccionamientos y llevar una presión enorme a sus puertas. Ocho de cada diez incendios se originan en esa periferia. Por eso resulta poco inteligente pretender “cerrar el bosque”. Los visitantes habituales de la floresta no suelen cometer las tropelías de los “aventureros” de la periferia, sean ricos o pobres.

Por si fuera poco, esos negocios inmobiliarios se enriquecieron a costa de un bosque que funciona como una de las marcas más valiosas del territorio metropolitano. ¿De verdad usted cree que con poner letreritos y equipar alguna brigada contra incendios están compensando la enorme fortuna obtenida tras cuatro décadas de urbanización de alto valor?

Pero han sido algunos de los propios habitantes de esas zonas los que actualmente se han constituido en principales defensores del área protegida. La mejor expresión, como mencioné arriba, es el decreto del cerro de El Tajo, que habrá que apuntar entre los mejores atrevimientos del anterior gobernador: es la montaña con los negocios urbanos que ha dejado mayores ganancias a sus promotores. El decreto debería ser un dique para que el negocio siga, pues bajo premisas de restauración ambiental y de riesgo, al tratarse de montaña, impide a futuro que se continúe el cambio de uso de suelo en un bosque que aunque no esté dentro del polígono, sí es La Primavera.

No nos engañemos, la gestión del ANP podría tender a mejorar, pues ha recibido su mayor financiamiento en 39 años de existencia jurídica. Pero ni con el doble de recursos, ni con propietarios integrados y felices, ni con procesos eficaces de control y vigilancia, podrá salvarse de la degradación, porque esta sobre todo proviene de la periferia, de sus grandes o pequeños fraccionamientos, de las carreteras y corredores industriales que la bloquean, de sus agricultores o ganaderos despreocupados, de ese, por sus efectos, temible e inicuo visitante de las orillas, que casi sin querer, provoca la mitad de las deflagraciones de cada temporada.

Ciertamente habrá que fortalecer el uso de los instrumentos públicos, vía decretos estatales o federales, ordenamiento ecológico, planes de ordenamiento territorial, planes parciales de desarrollo urbano, planes para regular el uso de fuego, y no dejarlos ser letra muerta. Es evidente que Guadalajara debe cambiar su desinformada pasión por el bosque en un cuidado activo y enterado desde todos sus espacios cívicos y desde su administración pública. Que el gobierno federal debe hacer su parte si seguirá al frente de la gestión de bosques y de actividades productivas en ellos, pero sin eximir a los gobiernos locales, responsables del uso de suelo urbano, que son los verdaderos villanos, con su permisividad y tibieza en la invasión a los espacios silvestres por las grandes empresas inmobiliarias. Se antoja decir, tal vez ingenuamente, que bastaría con aplicar la ley con la dureza que exige la conservación de un área natural, porque cuando falte, Guadalajara se quedará sin futuro.

Compartir

Dejar un comentario