¿Para cuándo la autonomía del Poder Judicial?

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La presentación de una iniciativa por parte del coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Salvador Caro Cabrera para reformar al Poder Judicial, y las declaraciones del gobernador Enrique Alfaro en torno a lo sucedido con el juez de Lagos de Moreno abrieron de nuevo la discusión sobre qué se puede hacer con la administración de justicia.

El actual gobierno estatal incluyó en su proyecto de “refundación” la necesidad de una reforma integral al Poder Judicial. Nadie que conozca un poco cómo funcionan los juzgados y salas de tribunales estaría en desacuerdo sobre esa  necesidad de cambios. Sin embargo, el problema es que siempre que se habla de estas modificaciones se hace desde intereses partidistas y la visión de quien ostenta el poder.

Cuando el Partido Acción Nacional llegó al poder en Jalisco habló también de cambios radicales al Poder Judicial, que se concretaron con la reforma de 1997. Entre los cambios esenciales que se dieron, estuvo la modificación en los procesos de nombramiento de magistrados y la creación del Consejo de la Judicatura, que tendría dos objetivos: liberar a los magistrados de las decisiones administrativas de la primera instancia y que el nombramiento de jueces y magistrados ya no fuera una decisión tomada en Palacio de Gobierno.

Los objetivos no se alcanzaron. Poco a poco la Judicatura se fue convirtiendo en una gorda burocracia, donde además se reparten nombramientos de juzgados, adscripciones y materias entre grupos políticos, con graves consecuencias para la impartición de justicia.

Además, el nombramiento de magistrados dejó de ser exclusivo del Poder Ejecutivo para trasladarse a un burdo reparto entre los partidos políticos con representación en el Congreso del Estado.

Los pasos que se deben dar  para la reforma al Poder Judicial tendrán que ser cuidadosos.

En primer lugar, debe desecharse la tentación de regresar al Poder Ejecutivo el control del nombramiento de magistrados, un regalo que pretendió dar el diputado Salvador Caro a su gobernador.

Los cambios en el Poder Judicial deben partir de su autonomía. Ningún gobernador se ha atrevido a aceptar la reforma del presupuesto constitucional, porque esto elimina la posibilidad de que cada año el presidente del Supremo Tribunal de Justicia en turno tenga que estirar la mano para pedir recursos. Ninguna legislatura ha permitido incluir en los requisitos para el nombramiento de jueces y magistrados los exámenes de oposición, lo que significaría tener administradores de justicia con carrera judicial y capacidad para el cargo.

Sin estos puntos clave lo único que se seguirá discutiendo es quién tiene control económico, político y hasta jurisdiccional sobre el Poder Judicial y no cómo se garantiza la justicia.

 

 

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