Trampas y cómplices

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El objetivo de las licitaciones en las compras y asignaciones de obras públicas es evitar el conflicto de intereses. Conforme se han ido reformando las leyes en torno a estas dos acciones de gobierno, se han incorporado candados que buscan transparentar y garantizar que quienes serán beneficiados por un contrato de gobierno cumplan con lo acordado y que el servicio se pague a su costo real.

Entre las últimas modificaciones que se han hecho, está la incorporación de representantes de los empresarios, quienes en teoría tendrían que vigilar que la licitación sea real; es decir, que sea una competencia verdadera para definir quien ofrece las mejores condiciones, que quien gana tenga la estructura y solvencia para cumplir con lo que oferta, y que la información sea verdadera, para que posteriormente no se registren retrasos y sobreprecios.

Pero esa supervisión, rara vez sucede. El argumento que en corto esgrimen los dirigentes de las agrupaciones de la iniciativa privada, es que son demasiados concursos y licitaciones,  por lo que no tienen ni el personal ni el tiempo para revisarlos todos.

Entonces, en primer lugar hace falta que se atiendan aquellos concursos de mayor monto o que, definitivamente, se encuentren nuevos mecanismos de supervisión.

El resolutivo de la licitación LPL 01/2019, correspondiente al “servicio de arrendamiento puro de maquinaria pesada, equipo y accesorios” para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), que terminó en la asignación del contrato por más de 3 mil 634 millones de pesos a la empresa de Guillermo Romo Romero, está firmado por los representantes de las cúpulas empresariales.

En el documento aparecen las firmas de los vocales propietarios del Centro Empresarial de Jalisco, Eduardo Martínez González, y del Consejo Agropecuario de Jalisco, Rodolfo Mora Mora. También de los vocales suplentes del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Armando González Farah; del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios, Héctor Hugo Castro, y de Mario Gutiérrez Treviño, del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente. Entre todos estos representantes, ¿no hubo alguno que se diera cuenta de las coincidencias entre las dos empresas que postularon por el contrato?

Es cierto que entre más sofisticados se hacen los mecanismos anticorrupción, más imaginación tienen los funcionarios públicos para engañar. Sin embargo, no podemos seguir poniendo eslabones en la cadena de vigilancia, para que los vigilantes sean vigilados a la vez por otros vigilantes. Se necesita que se extingan las trampas, pero también que se acaben los cómplices.

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