Conspirar contra el Estado

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“¿Le confiarías las llaves de tu casa al gobernador del estado?” Fue la pregunta que un semanario local hizo en una encuesta a los habitantes de Jalisco. La respuesta fue contundente: siete de cada diez ciudadanos NO confiarían el cuidado de su casa al gobernador.

Un importante principio de gobierno es la confianza que los ciudadanos depositan en sus representantes y en las instituciones que van a manejar su dinero vía impuestos y otras contribuciones. El ciudadano le encarga a quienes lo gobiernan algo tan preciado como el cuidado de su casa: la buena administración de los bienes públicos relacionados con su salud, su educación, su trabajo y su seguridad.

Cuando se pierde la confianza en quien gobierna y administra los bienes públicos, se abre paso a un gobierno autoritario. Sin confianza, la democracia es imposible. El pacto de civilidad entre gobernantes y gobernados se disuelve.

El gobernador del estado perdió la confianza entre sus gobernados por dos motivos muy claros que han marcado su apenas iniciada administración:

Uno es su incapacidad, aderezada con todo tipo de mentiras y manipulación de cifras, para contener el grave clima de inseguridad que se instaló en el Estado.

No puede inspirar confianza quien pretende culpar a la percepción ciudadana de la incontenible alza de homicidios dolosos, feminicidios, desapariciones y otros delitos ahora considerados como “menores” pero que atentan directamente contra el patrimonio y la tranquilidad de los jaliscienses.

Las cifras, y menos si son manipuladas, no son la realidad ni la construyen. La amenaza, el crimen cotidiano que acecha al ciudadano no se elimina con la presentación de cifras a modo. La calle, la noche, el viaje en transporte público y hasta la perdida “tranquilidad del hogar”, desmienten en su crudeza, las cifras más elaboradas del “combate al delito”.

El otro motivo de desconfianza, tiene que ver con la forma tan personal y poco clara en la que el gobernador maneja los dineros públicos.

Endeudar a los ciudadanos con un crédito que tal vez ni sus hijos terminen de pagar para destinarlo a gastos orientados en beneficio de  algunos cuantos empresarios, aumenta la desconfianza de los ciudadanos respecto a las verdaderas intenciones del gobernador.

De la misma manera, la licitación de maquinaria por parte del Gobierno del Estado no puede considerarse como un simple “conflicto de interés” sino como una acción constitutiva de un delito grave en contra de los intereses del Estado de Jalisco. En otros países, el acto sería calificado como “conspiración en contra de los intereses del pueblo de Jalisco”.

Existen demasiados elementos en la forma en que se llevó a cabo la supuesta licitación, para considerar que se trata de un gran acto de corrupción planeado y ejecutado desde el Estado en franca complicidad con parte del poder legislativo y el consentimiento de un empresario restaurantero sin ninguna relación con el propósito de la licitación que es la renta de maquinaria.

La trama es muy simple: un gobernador, una diputada, un empresario, un asesor político de un antiguo gobernador se reúnen para preparar la forma de presentarle a los ciudadanos de Jalisco una licitación amañada, como un acto de gobierno para su beneficio. En palabras claras, a eso se le llama fraude.

Si la Contraloría del Estado, al servicio del gobernador del Estado, busca en el caso un “conflicto de interés”, no lo va a encontrar. Si el Sistema Estatal Anticorrupción se tomara en serio, tendría en el caso un motivo para iniciar un juicio político de relevancia para el Estado.

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