Impunidad de Estado

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El estado administra la impunidad, no la justicia. La impunidad implica la renuncia de una sociedad a castigar los actos que atentan contra lo mas preciado de ella: la vida humana. Sin justicia, la vida humana se deprecia, llega a perder por completo su valor y se convierte en un simple asunto de la necropolítica.

Jalisco es un estado en donde se vive de manera abierta la impunidad. Las cifras de crímenes, feminicidios, desapariciones, tratas de personas y de los crímenes considerados “de bajo impacto”, lo muestran con claridad.

Ninguna sociedad podría vivir en medio de tal número de crímenes, rodeada de criminales, si no fuera por la impunidad de que éstos gozan. Somos una sociedad de crímenes “no resueltos”, y nos conformamos con las estadísticas que así lo señalan.

Pero si los crímenes fueran resueltos, la impunidad no existiría y eso llevaría a la desaparición del estado actual, porque el estado es el único que puede administrar la impunidad. De hecho es su función dentro de la necropolítica: garantizar la vigencia del verdugo.

El estado debería investigar los crímenes que se cometen en el seno de una sociedad. Sin embargo, en Jalisco se decidió no hacerlo. El número de crímenes “no resueltos” se debe a que son crímenes que no se investigan. No hay ninguna otra razón. Y no se investigan por varias razones, sin considerar la conveniencia del estado para que así suceda…

En primer lugar, la mayoría de las denuncias se desestiman, iniciándose así un proceso de revictimización.

El asesinato se cometió porque normalmente la víctima se lo buscó, estaba en el “peor lugar y en el peor momento” o sencillamente, “en algo andaba”.

El estado no tendría por qué agilizar las investigaciones cuando la misma víctima es el primer culpable.

Una vez abierto el expediente, normalmente por medio de un procedimiento burocrático deshumanizado, realizado igual que cualquier otro movimiento para el cual “el cliente” tiene que recurrir a una ventanilla, sin el menor calor humano, la “carpeta de investigación”, pasa a formar parte de un montón de otras “carpetas de investigaciones” y se queda ahí, por un tiempo indefinido, a dormir el sueño de los justos.

Si alguna vez el expediente se mueve, es para hostilizar a la familia de la víctima, convertida también en víctima, para “recabar más datos”, empleados normalmente para demostrar la culpabilidad de la víctima, garantizando así, de inicio, la impunidad del victimario.

Son numerosos los casos en donde a la familia se le insinúa que su hija desaparecida se fue con el novio, o huyó de la familia para dedicarse a la prostitución en otro estado o se unió a un grupo criminal.

Incontables son también los casos de acoso a los familiares de la víctima insinuándole que ellos protegen a los victimarios de su familiar quien, obviamente, también se dedicaba a cometer actos criminales.

Cuando una sociedad acepta, impulsada por sus gobernantes, que los asesinatos, las desapariciones y otros delitos son productos de las pugnas entre grupos criminales, de la misma manera acepta que esos crímenes no se investiguen, no se resuelvan y no se castiguen.

La impunidad se convierte entonces, en una forma de administrar la justicia por parte del estado.

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